PETICIÓN DE PENAS DEL CASO GÜRTEL
"La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, líder de la red Gürtel,
la trama de corrupción que colonizó al Partido Popular desde finales de
los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón
desbarató el negocio y metió en prisión a dos de sus cabecillas.
Bárcenas
También
pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero de la
formación conservadora, que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que
llegó a sumar 48,2 millones de euros.
Francisco Correa
El ministerio público presentó ayer su escrito de conclusiones sobre
el caso de corrupción más destacado de la historia reciente. A lo largo
de 512 páginas, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás
diseccionan el funcionamiento de la red de tráfico de influencias de Correa,
al que acusan de utilizar su “estrecha relación” con algunos miembros
clave del PP para “apropiarse de fondos públicos”.
Pablo Crespo
Los contratos que
diferentes administraciones populares, principalmente la Comunidad de
Madrid, le otorgaron de manera irregular entre 2000 y 2008 suman 8,4
millones de euros, según la fiscalía. Además, por comisiones de empresas
ajenas a su grupo de sociedades, para las que ejerció como conseguidor
de contratos públicos, Correa obtuvo supuestamente 2,85 millones de
euros.
Jesús Sepúlveda (ex-marido de Ana Mato)
El informe de conclusiones provisionales es el último acto de la
fiscalía en la instrucción del caso Gürtel. El juicio oral está
previsto, según fuentes judiciales, para finales de 2015, un año cargado
de citas electorales donde el PP se juega su hegemonía en
Ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de la nación.
Ana Mato, ex-ministra de Sanidad
Las fiscales piden penas de privación de libertad para los 41
procesados en la primera fase de la investigación. Entre ellos figuran
cargos públicos del PP, como el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo
o los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús
Sepúlveda y Guillermo Ortega, y tres extesoreros nacionales del PP, el
propio Bárcenas y sus antecesores Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, que
manejaron las finanzas del partido durante más de 20 años.
Álvaro Pérez, el 'Bigotes'
El informe de conclusiones llega apenas mes y medio después de que el
juez de la Audiencia Nacional diera virtualmente por concluida la
instrucción. Las representantes del ministerio público hacen suya la
conclusión de mayor calado político de aquella resolución judicial: la
que considera “partícipes a título lucrativo” de los delitos de algunos
procesados al PP y a la exministra de Sanidad, Ana Mato, separada del exalcalde Jesús Sepúlveda.
Luis de Miguel Pérez, Fundador de Orange Market, una de las principales empresas de la Gürtel
La fiscalía considera que Mato se benefició de regalos en forma de
viajes, artículos de lujo y celebraciones de eventos familiares por
valor de 28.467 euros que la red corrupta pagó a su exesposo a cambio de
contratos en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el más rico de la
Comunidad de Madrid.
José Luis Izquierdo, contable de la red Gürtel
La participación a título lucrativo,
prevista en el artículo 122 del Código Penal, se aplica a las personas
que se benefician del fruto de un delito ajeno sin ser conscientes del
acto ilícito.
Ángel Sanchís, ex-tesorero del PP, e íntimo de Bárcenas
De no abonar esta cantidad antes de la celebración del
juicio —lo que supondría aceptar implícitamente haberse beneficiado de
dinero sucio— Mato previsiblemente deberá estar presente, al menos, en
la primera jornada de la vista oral. Esta es la práctica habitual en las
distintas secciones penales de la Audiencia Nacional en los últimos
años.
Ricardo Galeote, ex-secretario general del PP de Estepona
El informe también resalta que las dádivas que la trama de Correa
entregó a Sepúlveda y a su homólogo de Majadahonda Guillermo Ortega
sirvieron para sufragar gastos de campaña electoral del Partido Popular
en las municipales de 2003. Por ello, reclaman a la formación
conservadora 328.440 euros. La dirección nacional del PP no quiso ayer
comentar nada y se limitó a expresar su “respeto” por las peticiones de
las fiscales.
Alberto López Viejo, ex-consejero de la Comunidad de Madrid
Anticorrupción también sostiene que Correa y el número dos de la
trama, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, crearon un
procedimiento de facturas falsas con una triple finalidad: generar una
caja b para sobornar a cargos públicos, eludir impuestos y encubrir la
propiedad y el origen de los fondos conseguidos.
Guillermo Ortega, ex-alcalde de Majadahonda
Para camuflar el dinero obtenido tras sobornar a los responsables
públicos, la red de Correa dirigía estos fondos hacia las sociedades que
constituían la tapadera legal de la trama. Correa, antiguo botones de
hotel, creó una serie de empresas de organización de eventos, publicidad
y agencias de viaje que tuvo como principal cliente al Partido Popular
durante la época en que lo presidió José María Aznar. El entramado
empresarial de Correa en España dependía en última instancia de
entidades opacas en paraísos fiscales, como la isla caribeña de Nevis.
Jesús Merino, ex-diputado del PP
Uno de los políticos fundamentales para alimentar a la trama es Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre.
López Viejo supuestamente recibió 472.465 euros en “gratificaciones” de
Correa por adjudicar a sus empresas la organización de 386 actos
propagandísticos de la expresidenta del PP de Madrid y autopostulada
candidata al Ayuntamiento de la capital de España.
Álvaro Lapuerta, ex-tesorero del PP
Las adjudicaciones se realizaban de forma “directa y arbitraria” y
fraccionando el importe de las facturas al margen de las leyes que
regulan los contratos públicos. El beneficio para Correa fue de al menos
2,66 millones de euros.
Rosalía Iglesias, con su hijo, Willy Bárcenas
El escrito de Anticorrupción recuerda que las adjudicaciones de actos
de Aguirre fueron asumidas por consejerías distintas de Deportes y
Presidencia. Para lograr que los funcionarios encargados de autorizar el
pago de las facturas dieran el visto bueno a las irregularidades, López
Viejo “recurrió al despliegue de toda su autoridad y ascendiente
derivados de sus relaciones con la Presidencia de la Comunidad de
Madrid”. Para López Viejo la fiscalía solicita 46 años de prisión y una
multa de 5,8 millones de euros.
Iván Yáñez, presunto testaferro de Bárcenas
En esta primera fase del caso Gürtel hay imputados dos empresarios
con múltiples contratos que, según la investigación, pagaron grandes
cantidades en comisiones ilegales para conseguir distintas concesiones
en municipios gobernados por el Partido Popular. El fiscal pide cárcel
para ambos.
Jesús Calvo Soria, empresario imputado en la Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se cite como testigos a
decenas de funcionarios de las distintas administraciones implicadas en
la adjudicación de contratos amañados.
( José Manuel Romero / Fernando J. Pérez , El País, Madrid 16 ENE 2015, Fotos: El Confidencial, 16/01/2015)
Carlos Clemente Aguado, ex-consejero de la Comunidad de Madrid
También quiere que se cite a la
expresidenta autonómica Esperanza Aguirre, que dirigía el Gobierno que
más contratos adjudicó a la trama corrupta; y a tres dirigentes
políticos que recibieron dinero de la caja b con la que, supuestamente,
el PP se financió ilegalmente durante al menos 15 años."
El PP y su caja B
( José Manuel Romero / Fernando J. Pérez , El País, Madrid 16 ENE 2015, Fotos: El Confidencial, 16/01/2015)
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