"Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía siguen avanzando en las pesquisas sobre la presunta trama
de corrupción política liderada por la familia del expresidente de la
Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. Los agentes
ya han puesto cifras a las comisiones ilegales que los diferentes
miembros del clan habrían cobrado durante más tres décadas por conseguir
adjudicaciones públicas para empresas de su entorno.
Según fuentes
conocedoras de las investigaciones de la UDEF consultadas por El Confidencial,
la familia Pujol se habría embolsado el 1,5% del valor total de las
operaciones en las que habría intermediado y otro 3% habría acabado en
las cuentas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado por Jordi Pujol y al que pertenece el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Artur Mas. (...)
Por ejemplo, la UDEF atribuye al matrimonio una factura “por las
gestiones de intermediación en la operación de compra de las parcelas de
Tona Huac SLU situadas en Can Palet de Quadra de Tarrasa”
por valor del 2% (382.336 euros) del importe de esa operación
(16.480.000 euros).
Asimismo, habría ingresado otro 2% (394.018,36
euros) “por las gestiones de intermediación en la compra” de parcelas
situadas en Hospitalet de Llobregat. El informe está trufado de facturas con porcentajes similares, siempre entre el 0,6% y el 3% del valor total del negocio.
Sin embargo, los investigadores consideran que esos porcentajes no
son los que realmente habría ingresado la familia Pujol por esas labores
de intermediación. De hecho, los agentes concluyen en ese mismo informe
que todos los indicios apuntan a la “falsedad de esas facturas y de los
supuestos servicios que representan”.
Es decir, que esos documentos
sólo tenían como objetivo blanquear parte de los ingresos opacos de la
familia aprovechando operaciones que efectivamente tuvieron lugar. Las
facturas detectadas por los agentes sólo equivaldrían a una parte del
negocio de los Pujol.
Según las fuentes consultadas por este
diario, los agentes siguen trabajando para diseccionar el mecanismo con
el que operaba esta presunta trama de corrupción política. Pero la UDEF
ya ha acotado la tarifa que cobraban los Pujol por sus servicios. Según
estas mismas fuentes, sus ganancias ascendían al 4,5% de las operaciones
inmobiliarias o adjudicaciones públicas en las que intervenían: un 1,5%
terminaba en las cuentas de la familia y el otro 3% acababa nutriendo
la presunta contabilidad B de CDC, la formación de Mas.
Como
ya adelantó este diario, la aplicación de estos porcentajes durante más
de tres décadas habría permitido a la familia del expresidente amasar una fortuna sólo en sus cuentas de Andorra cercana a los 500 millones de euros, mucho más de los cuatro millones de euros reconocidos el pasado mes de julio por el ex molt honorable, que atribuyó esos fondos a una herencia de su padre Florenci Pujol.
En cuanto a CDC, la instrucción del caso Palau ya permitió acreditar la
existencia de una contabilidad paralela a la que llegaban fondos que
previamente habían sido blanqueados por la Fundación del partido CatDem
(antigua Fundación Trias Fargas). El instructor elevó a 5,1 millones de
euros los fondos ilícitos desviados desde el Palau de la Música a la
formación que en estos momentos ocupa el Gobierno de Cataluña. (...)
Ese 4,5% apuntado por la Policía supera al famoso 3% al que se refirió en 2005 el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Este aprovechó una intervención en el Parlamento catalán para acusar a CiU de
haberse quedado con ese porcentaje de la obra pública ejecutada en la
comunidad.
“Hemos llegado al meollo de la cuestión: ustedes tienen un
problema, y ese problema se llama tres por ciento”, aseguró Maragall,
aunque no llevó esa información ante ningún juez. El expresident del PSC
clavó el porcentaje que habría terminado en CiU, pero la verdadera
tarifa de los Pujol se acercaba más al 5% que mencionó hace sólo unos
días Josep Lluís Carod-Rovira.
En una entrevista
concedida a EiTB, el exvicepresidente de la Generalitat afirmó que un
dirigente de Convergència le había confesado que ese era el porcentaje
que ingresaban en comisiones ilegales, “no el 3%”.(...)" (José María Olmo, El Confidencial, 02/09/2014)
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