"Prevaricación y malversación de caudales públicos. Son
los presuntos delitos que han llevado a declarar ante los tribunales
esta mañana, en calidad de imputada, a Ana Gomendio, directora general
del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), tras haber vendido 3.000
viviendas públicas a un fondo buitre y, además, a precios irrisorios.
Gomendio fue imputada el pasado 25 de abril tras una querella
interpuesta por el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid contra la
Comunidad de Madrid, y en ella se ha personado como acusación popular la recién creada Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI).
El acto que provocó la imputación de Gomendio fue la firma, el 6 de
junio de 2013, por la que se dispuso la publicación de la convocatoria
de “enajenación de 32 promociones” con un presupuesto base de licitación
de 168 millones de euros. Las 32 promociones, formadas por 2.935
viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros, fueron adjudicadas a la sociedad Azora, en la que participa el fondo buitre Goldman Sachs, por 201 millones de euros en total.
Según denunciaba la AVVI en un comunicado, “una de las principales
consecuencias que el traspaso de la propiedad de estas viviendas
públicas a una empresa privada está teniendo es que familias que
recibían una ayuda pública para pagar el alquiler de estas viviendas la
han perdido al privatizarse la propiedad de las mismas.
En los
próximos días y meses, veremos como familias de escasos recursos se
verán desahuciadas de sus hogares por no poder afrontar el alquiler tras
perder las ayudas”.
Por otro lado, la asociación denuncia que a los inquilinos con
derecho a compra se les ha negado su derecho de retracto para adquirir
las viviendas al mismo precio al que han sido adjudicadas al fondo de
inversión, por lo que “cuando finalicen su contrato de alquiler y tengan
que ejercer su derecho a comprar, el precio de venta llegará a triplicar de media el precio pagado por Goldman Sachs-Azora a la Comunidad de Madrid”.
Ante este caso, el pasado mes de julio, la oficina de la Defensora
del Pueblo presentó un escrito en el que denunciaba que “se ha producido
así una privatización total de la situación jurídica de los
arrendatarios, que les perjudica pues antes estaban más protegidos que
ahora", ya que “una vez que las viviendas están en manos privadas ya no
cabe la aplicación de las normas de servicio público”.
La Defensora del
Pueblo también instaba al Ivima a que, "ante situaciones
coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la
Administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones". (...)" (Diagonal, 03/09/2014)
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