"¿Persecución a Cataluña? Nada más lejos de la realidad, el agujero de 20.000 millones fue asumido por el Estado.
Con motivo de las noticias
aparecidas en un medio sobre supuestas cuentas bancarias de Jordi Pujol y
Artur Mas en Suiza han vuelto a invocar el ‘caso Banca Catalana’,
afirmando, con notoria falta a la verdad, que dichas noticias han sido,
como entonces lo fue aquel ‘affaire’, un “ataque innoble” del Estado
español a Catalunya.
Nada más lejos de la verdad.
Es evidente que una gran parte de la actual sociedad
catalana desconoce la realidad y el alcance de lo que sucedió con dicho
banco hace 30 años. Por ello, parece oportuno aclarar algunos datos
sobre lo que en realidad fue un proceso penal contra los administradores
y presuntos responsables de la crisis de aquella entidad.
Banca Catalana era una entidad de crédito en la que Jordi
Pujol, como consejero y, especialmente como Consejero Ejecutivo,
desempeñó un papel relevante y decisorio hasta su dimisión en 1977,
formando parte siempre de su núcleo rector. Él y otros consejeros la
administraron, en todo caso, de forma manifiestamente irregular
provocando su quiebra.
Los fiscales que presentaron la querella criminal en mayo de
1984 contra dichos consejeros – querella que fue admitida a trámite- y
dirigieron la investigación estimaron, que dicha administración
era constitutiva de varios delitos, como los de apropiación indebida,
maquinaciones para alterar el precio de las cosas y falsedad de
documentos oficiales y mercantiles.
Pero la mayoría de los magistrados de la Audiencia,
en noviembre de 1986 -con el voto en contra de siete de ellos, conforme
con lo solicitado por la Fiscalía- , decidieron que las conductas atribuidas a los consejeros no eran constitutivas de delito alguno.
Desde estos antecedentes, lo que no puede obviarse ni
enmascararse es la realidad. En el escrito -de 400 folios- en el que los
fiscales solicitaron el procesamiento de los querellados se hace
constar que el empobrecimiento, ruina y quiebra de la entidad había originado unas pérdidas por valor de 19.679 millones de pesetas,
cifra que expresaba “el perjuicio cierto e incuestionable” de la
entidad. Perjuicio causado por las actividades, detalladamente relatadas
por los fiscales, como presuntamente delictivas.
Entre otras, por
ejemplo, la constitución de la Caja B, la creación y utilización de las
llamadas “sociedades instrumentales” o también denominadas “simuladas”,
los créditos ficticios cuyo importe fue desviado hacía la Caja B en
perjuicio de la entidad y otras prácticas irregulares que, en su
conjunto, contribuyeron a su vaciamiento patrimonial.
Para compensar ese déficit, los administradores, en
1982, “recurrieron al Banco de España para atender perentorias
necesidades de tesorería y de liquidez, facilitándoseles, a tal fin,
19.500 millones de pesetas”. Como consecuencia de ello, el
Consejo de Administración fue suspendido en sus funciones y sustituido
por una Administración provisional que, luego, fue asumida por el Fondo
de Garantía de Depósitos, la mitad de cuyos recursos eran fondos
públicos.
El Fondo asumió el saneamiento del banco, sin que colaborasen
económicamente los administradores, pese a que eran los accionistas
mayoritarios y habían sido los causantes de la catástrofe financiera.
Por tanto, el Estado español, lejos de abandonar a
su suerte a un Banco arruinado, acudió en su apoyo para salvaguardar los
intereses de sus clientes. ¿Donde estuvo la operación contra
Catalunya? Sólo en quienes, como accionistas y administradores, poseían y
controlaban la entidad.
Pero, continúa deformándose y tergiversándose
la realidad para ocultar la responsabilidad de unos gestores, los de
Banca Catalana, que emplearon la entidad para fines completamente ajenos
al interés de los ciudadanos que, de buena fe, depositaron sus fondos
allí y los salvaron, en parte, gracias a las ayudas del Estado español.
Ya mas tarde, tras diez años de mandato presidencial
de Jordi Pujol, comienzan a aparecer signos de un aprovechamiento
patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder. No puede olvidarse el titular de El Periódico de Catalunya
de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de
mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta,
entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese
cargo con el de consejero de Iberia de Seguros S.A.
Como consecuencia de
ello, Prenafeta se vio obligado a dimitir. Entonces, el Fiscal General
del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella criminal,
obteniendo CiU el apoyo de una institución del Estado para preservar a
sus dirigentes de acciones penales.
La historia volvió a repetirse: la Fiscalía, en mayo de
1990, abría una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década
de los ochenta. El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión
de ayuda para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) con el fin
de apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis.
La realidad fue
que parte de dichos fondos – los llamados avales- se destinó, en
condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o
altos cargos de la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron
reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.
Entre las empresas beneficiadas figuran Industrias Reunidas
de Sallent S.A. y Comercial de Cubiertos y Platería S. A., ambas del
grupo familiar de los fueron consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan
Hortalá i Arau; Iberhospitalia S. A. vinculada al proyecto del Hospital
General de Catalunya; Subirá i Cia,S.A. y Puntextil S.A. de la familia
del Consejero Antoni Subirá i Claus; Egasa S. A., propiedad de Josep
Garrell i Pubill, diputado de CDC y de sus familiares.
Posteriormente, las deudas de dichas empresas fueron
reclamadas judicialmente por la Generalitat cuando estaban prescritas,
consumándose así el perjuicio causado. Por otra parte, se
acreditó que el Consejero Maciá Alavedra i Moner estuvo simultaneando
cargos públicos con cargos ejecutivos en varias empresas privadas,
conducta que era penalmente perseguible.
Ante los resultados de
esta investigación, la Fiscalía planteó formular una querella criminal
por delito de malversación de caudales públicos contra los consejeros
Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá,
Basáñez y Alavedra.
El Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos; eso sí, en un ejercicio de cinismo, se permitió afirmar que de los hechos descritos se desprendía “un aroma de corrupción”.
Luego, ya en los años noventa, llegaron nuevos casos de
corrupción que fueron investigados por los Juzgados de Instrucción y
recayeron condenas judiciales contra altos cargos de la Generalitat,
generalmente vinculados a Unió Democrática según reconocían las propias
sentencias.
Solo el caso Adigsa, empresa pública
dedicada a la promoción de viviendas sociales, sobre graves
irregularidades en el proceso de adquisición de viviendas de segunda
mano para rehabilitarlas y ponerlas de nuevo en el mercado, está aún
pendiente de juicio.
Citaré el llamado caso Turisme de Catalunya,
en el que se utilizó el Consorci de Promoció Turística para detraer
fraudulentamente fondos públicos por importe de 467.453 euros. Los
condenados, mayoritariamente empresarios, fueron diez, que repararon
antes del juicio el perjuicio causado, por lo que el Tribunal Supremo
rebajó las penas eludiendo así su ingreso en prisión.
O el caso Departament de Treball,
en el que los dos condenados, que ”compartían militancia en el partido
Unió Democrática de Catalunya”, contrataron subvenciones y cursos de
formación y ocupación través de las sociedades, constituidas por uno de
ellos, Gestumer S.L. y Socesca S.L., que no tenían otra finalidad que su
enriquecimiento o el de terceros. Así perjudicaron a la Generalitat en
46.157 euros.
O el caso Ferrocarrils de la Generalitat,
empresa pública, en el que resultaron condenados dos presidentes de la
entidad por haber “suscrito un plan oculto y complementario de
retribuciones” con la aseguradora Winterthur, por el que causaron a la
Generalitat un perjuicio de 2.718.035 euros.
Todos ellos fueron penados por delitos, según los casos, de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Mas recientemente, han estallado otras formas de corrupción, como el caso Pretoria y el saqueo del Palau de la Música, que están en trámite.
Eso sí, cuando son perseguidos o condenados acuden
presurosos al supuesto enemigo, al Estado español, para que paralice a
los fiscales o se concedan generosos indultos a sus dirigentes o
militantes condenados penalmente.
Carlos Jiménez Villarejo es jurista y exfiscal Anticorrupción. Él
y José María Mena fueron los dos fiscales que presentaron la petición
de procesamiento de los 18 exconsejeros de Banca Catalana, entre ellos
Pujol"
(
Carlos Jiménez Villarejo .
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