"(...) Para ello han comparecido distintos expertos, entre ellos el Fiscal
General del Estado, quién ha efectuado su diagnóstico: precariedad de
medios, una legislación “manifiestamente insuficiente, enrevesada y con
penas no acordes con la gravedad”, investigaciones tan lentas que
rebasan “toda una década”, prescripciones que conducen al archivo de
responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan
aparejadas la recuperación del dinero público, indultos y lentitud en la
ejecución de sentencias.
Si el diagnóstico es demoledor la
realidad lo es aún más: según el Consejo General del Poder Judicial en
2013 existían 1.661 causas abiertas por temas de corrupción con
aproximadamente 500 personas imputadas (20 encarceladas), si bien sólo
uno de los 150 imputados por el caso Gürtel, uno de los 144 del caso ERE
Andalucía, nadie por el caso Palau y tampoco nadie por el caso
Mercurio. La mayoría, además, siguen ocupando cargos públicos
retribuidos.
Según la UE en su informe del 3 de febrero de 2014 en el
caso español están en el punto de mira los siguientes peligros:
financiación de los partidos políticos, corrupción local/regional,
conflictos de intereses, contratación pública y gestión del urbanismo.
Se trata de peligros corrupto-génicos identificados por la experiencia
dañosa previa: sabemos que lo son porque hemos sufrido sus consecuencias
y los vemos, por tanto, por el retrovisor.
Frente a ellos se
recomiendan estrategias de prevención como las abordadas por el
Gobierno, aunque la principal de ellas —un aparato judicial eficiente—
está lejos de darse, como constata el Fiscal General, probablemente por
falta de voluntad política. (...)" (
Ramon-Jordi Moles I Plaza
, El País, 12 MAY 2014)
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