"Todo empezó con la rocambolesca operación de compraventa
de una casa rectoral de la Iglesia en Paraños, una pequeña aldea en el
interior de Pontevedra. Los vecinos se enteraron de que el Obispado de
Tui había vendido a sus espaldas el inmueble que habían contribuido a mantener con sus ahorros.
El precio oficial fue de 60.000 euros en 2008 y el comprador, un viejo conocido de la Diócesis, Carlos Gómez Gil, técnico entonces de la Consejería de Cultura
que decidía las subvenciones para restaurar patrimonio eclesiástico. A
la casa típica de aldea, sus nuevos moradores le añadieron una piscina y
un porche tras restaurarla de arriba a abajo.
El párroco de Paraños, Juan Sobrino, amigo personal de Gómez-Gil e imputado en la causa, negó a sus fieles que hubiera enajenado la vivienda,
pese a que en las escrituras consta que estaba presente durante la
venta en una notaría de Vigo. El entonces obispo de Tui, José Diéguez
Reboredo, también imputado, habló de una cesión durante 23 años a cambio
de las obras de rehabilitación.
Pero, en marzo de 2009, los
parroquianos se quedaron de piedra al comprobar que el nuevo propietario
—que aún no había abonado un céntimo a la Iglesia— la tenía a la venta
en Internet por 680.000 euros. Y presentaron una denuncia en la
fiscalía. La investigación se cruzó con otra que ya instruía un juzgado
de Santiago sobre las ayudas públicas de la Xunta a diferentes diócesis
para rehabilitar patrimonio eclesiástico, y las adjudicaciones que la
Iglesia firmaba con empresas de restauración. Ambas causas desembocaban
en los apellidos de Gómez-Gil Aizpurúa.
La policía tiró del hilo y destapó una presunta red corrupta que se encargaba de restaurar iglesias
y conventos con ayudas de la Xunta. Nació la Operacion Retablo. Los
investigadores sostienen que Gómez Gil decantaba las ayudas a las
órdenes religiosas desde la Consejería de Cultura a cambio de que estas
contratasen a empresas amigas.
Y que un segundo funcionario, José Manuel Pichel Pichel,
arquitecto de la sociedad pública que se encarga de promocionar el
turismo jacobeo, adjudicaba contratos para albergues de peregrinos con
el mismo criterio. A ambos se le imputa fraude, cohecho, tráfico de
influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y exacciones
ilegales contra la Administración.
Decenas de conversaciónes grabadas por la policía ilustran el modus operandi.
En una de ellas, el hiperactivo arquitecto de la Xunta avisa a uno de
sus aparejadores de confianza sobre las posibilidades que abría la red
de alojamientos para peregrinos: “Os voy a repartir Galicia, os voy a
dar una herencia de puta madre”. Otra charla de Gómez Gil con una
empresaria de restauración, Olga Quintela, también imputada en el caso
delata las prácticas de la red.
El funcionario lamenta que la
rehabilitación de un retablo no pueda hacerse por adjudicación directa,
al superar los 50.000 euros. La restauradora le recuerda que como poco
los trabajos costarían 146.000 euros. Entonces, Gómez Gil invitó a la empresa a aumentar los precios
de la restauración de seis imágenes de la misma iglesia de 11.000 a
14.000 euros: “Súbeles un pelín y que dios reparta suerte”.
En el
sumario constan decenas de llamadas parecidas de Gómez-Gil a otras
empresas de restauración para pactar precios y fraccionar contratos
evitando así los concursos públicos. La policía peinó sus cuentas
bancarias y halló ingresos sin justificar por 122.471 euros entre 1998 y
2008.
Tras recibir la visita de la policía, uno de los empresarios a los que
encargaba las obras a travées de párrocos amigos, Manuel Montes
Carballa, decidió tirar de la manta. Arruinado y arrepentido, admitió
que él mismo había sufragado la rehabilitación de la rectoral, además de
realizar otros regalos al funcionario de la Xunta a cambio de promesas
de contratos que no siempre se cumplían.
Puso como ejemplo un trabajo en el Obispado de Tui-Vigo:
“La diócesis, por mediación de Gómez-Gil, encargó el proyecto de obra
al estudio de arquitectura [privado] de Pichel, quien logró desde la
sociedad Xacobeo que aportase fondos públicos a la Iglesia para afrontar
el gasto. De esta forma, todo el mundo sale beneficiado”.
Es solo uno de los innumerables ejemplos que relata el sumario, que
también denuncia algunas chapuzas en los trabajos restauración que
arruinaron parte del patrimonio. Las escuchas policiales involucran a
varios cargos eclesiásticos, empezando por el entonces obispo de Tui,
José Diéguez Reboredo; a su ecónomo en la diócesis, Benito Estévez y al
cura de Paraños, Juan Sobrino.
Tanto el juez que instruye el caso como
la policía sostienen que la presunta venta de la rectoral al funcionario
de Cultura fue en realidad una “dádiva, un pago por los favores
prestados” y les acusa de cohecho.
En otra conversación interceptada por los agentes, el principal
imputado, Carlos Gómez Gil, pide (sin éxito) a una de sus empresas de
confianza que mueva sus contactos para mediar ante el director general
de Patrimonio de la Xunta, José Manuel Rey Pichel (sin ninguna relación
con el arquitecto del Xacobeo) y que intente frene la investigación de
la fiscalía.
La acusación popular que defiende los intereses de los vecinos de
Paraños pide imputar también a dos sacerdotes, Crisanto Rial y David
Juan Morado, que aparecen en los pinchazos alertando a los imputados de
la investigación policial. La defensa del exobispo y del ecónomo de la
diócesis de Tui intenta anular las escuchas y sostiene que la orden de la juez
para intervenir los teléfonos de los dos funcionarios de la Xunta no
está suficientemente fundada.
El fiscal se opone y pide que ese
argumento se invoque cuando llegue el turno del juicio con jurado. Para
el que falta solo un último trámite: que el juez se lo comunique a las
partes." (El País, 17/04/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario