"La exportación de medicamentos de precio regulado en España, más
baratos que los del mercado libre internacional, es una práctica ilegal
que puede causar problemas de desabastecimiento y dejar a cientos de
pacientes sin los fármacos que necesitan.
El problema se ha agravado
recientemente en Cataluña, donde enfermos trasplantados se han topado
con dificultades para comprar en las farmacias los inmunodepresores que
necesitan para evitar que su organismo rechace los órganos que
recibieron. La Generalitat de Cataluña y el Colegio de Farmacéuticos de
Barcelona (COFB) han empezado a perseguir con mayor dureza esta
práctica.
En concreto, el Departamento de Salud ha impuesto 40
sanciones, desde enero de 2013 a oficinas de farmacia por este motivo y
el COFB ha emitido una circular interna en la que amenaza a sus miembros
con “actuar con firmeza contra aquellos implicados en estas prácticas” y
les indica que va a “colaborar con la Administración para detectar
actuaciones irregulares”.
La venta de medicamentos en España desde los laboratorios que los
fabrican a los mayoristas sigue dos vías. La primera es la de los
fármacos de precio regulado por el Estado que, tras pasar por los
mayoristas, llegan a las farmacias para ser vendidos con receta a los
ciudadanos. En la segunda, que tiene unos precios libres y por tanto más
elevados, los mayoristas pueden comercializar los medicamentos en el
exterior.
La ilegalidad que provoca el desabastecimiento es desviar al mercado
exterior, que es libre, fármacos de precio regulado para beneficiarse
así de la diferencia de precios. La llamada “distribución inversa”
consiste en que las oficinas de farmacias, en lugar de vender con receta
las medicinas a los ciudadanos, lo hacen a empresas mayoristas que
luego las exportan. Esta práctica afecta sobre todo a medicamentos caros
o que ofrecen un gran margen de beneficio, explica la Generalitat. (...)
Tras la denuncia de algunos enfermos, obligados a deambular de
farmacia en farmacia en busca de sus medicamentos —tal y como publicó EL
PAÍS el pasado enero—, Salud ha convocado a todos los implicados a una
mesa para tratar el problema.
En ella se sentarán la industria, los
distribuidores y las farmacias. “No podemos permitir que esto suceda”,
declaró ayer Roser Vallès, directora general de ordenación y regulación
sanitaria del departamento. Pero Vallès insistió en que “no hay enfermos
que se estén quedando sin medicamentos”. En Cataluña hay más de 3.000
oficinas de farmacia.
Hace tiempo que la Generalitat actúa para atajar el fraude, aunque no
es fácil cazar a los distribuidores. Solo en un caso reciente se
consiguió sancionar a uno, tras realizar registros que permitieron
confirmar las redes de comercio paralelo.
Con las farmacias tampoco es fácil. “No podemos demostrar que la
farmacia ha vendido los fármacos al distribuidor, pero sí las podemos
sancionar por venderlos sin receta. Hay farmacias que compran una
cantidad más elevada de lo que es habitual en algunos medicamentos”,
explicó Vallès.
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