"Cientos de millones de euros.
Esa es la cantidad que la Consejería de Sanidad de Madrid regalaría a
las empresas privadas que, de llegar a cumplirse el proceso de
"externalización", gestionarán seis hospitales de la comunidad.
Según el
último informe de la Asociación Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) [ver pdf, aquí], el Gobierno de Ignacio González
ha calculado mal el precio que el sistema público ha de pagar a las
adjudicatarias por cada paciente atendido en los centros afectados por
el Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Los autores del documento, que están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva sobre la paralización cautelar de la privatización de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo, han encontrado nuevas irregularidades en el contrato de adjudicación.
Así, partiendo de la base de que el único motivo esgrimido por el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty es el del ahorro, Afem asegura que el cálculo del mismo no está bien realizado
en la memoria económica del proceso privatizador. De hecho, según el
documento —presentado ayer en el Colegio de Médicos de Madrid—, la Comunidad utiliza dos baremos diferentes para medir el coste de cada hospital (públicos y privatizados) en función del precio por paciente.
Para empezar, el error principal del Ejecutivo madrileño está en el cálculo del coste de la facturación intercentros,
ligada a la derivación de pacientes desde la privada a la pública. Las
empresas privadas que gestionan hospitales reciben de la comunidad,
anualmente, un dinero por cada habitante de la población atendida (coste
per cápita).
Cuando
un hospital privatizado no tiene suficientes medios para atender una
determinada patología, deriva al paciente a su centro público de
referencia. El gasto, en este caso, corre a cuenta de la empresa
privada que gestiona el primero.
Sin embargo, a la hora de facturar este
coste, la Consejería lo hace en función de lo que habría costado
atender a este paciente en el hospital privatizado (más barato) y no en
el que realmente fue atendido (el público, más caro). ¿Quién se
beneficia con ello? La empresa adjudicataria.
A
ello se suma, además, el propio cálculo del coste de cada hospital en
función de lo que cuesta cada paciente. Una estimación para la que la Consejería utiliza baremos distintos en la memoria económica del contrato de adjudicación; aunque esta cuestión ya ha sido desmentida por el director general de Gestión Económica de dicho departamento, Jesús Vidart, según informó ayer El Mundo.
No obstante, según el informe de Afem, en 2011,
la Comunidad utiliza el sistema UCH (Unidad de Complejidad
Hospitalaria) que consiste en hacer una estimación de dicho coste en
función de un "peso relativo" asignado a cada diagnóstico. Así, si una enfermedad es el doble de compleja que otra, el paciente le costará el doble al hospital.
"Este precio depende del presupuesto de dicho hospital, del número de
pacientes atendidos y de la complejidad de los mismos", especifica el
informe. Y añade: "Los hospitales grandes [los públicos] tienen que
tener muchas instalaciones y servicios complejos, de poco uso y caros
(helipuertos, trasplantes, radioterapia y resonancia de guardia) y esto
eleva sus costes fijos de mantenimiento.
Por lo tanto, la UCH será más cara en los hospitales de referencia
y, al calcular el coste de procedimientos más básicos que pueden
llevarse en hospitales menos especializados [como los privatizados],
estos procedimientos aparecen como más caros".
En 2012,
en cambio, los costes están calculados en función del precio público,
que "son aquellos que determina una Administración que debe cobrar por
servicios públicos a particulares no cubiertos por la Seguridad Social",
define Afem en el informe.
"El precio público no varía por peso
relativo, por lo que una doble complejidad no es el doble de cara",
aclaró ayer el presidente de la asociación, Pedro González. "El precio
público no puede tener relación con el coste real porque no varía de
hospital a hospital, es único", añadió.
Afem explica estos tecnicismos con un caso concreto: una craneotomía diagnosticada a una persona mayor de 17 años con complicaciones en el hospital público Gregorio Marañón (centro de referencia del Infanta Leonor,
que cada año deriva cientos de pacientes al citado hospital
público).
"Dado que sabemos los pesos relativos de los diagnósticos y el
coste de UCH del mismo hospital, podemos calcular el coste de cada
procedimiento por este método y compararlo con el precio público
correspondiente", especifica el documento. "Existe una diferencia de casi 100 millones entre ambas formas de cálculo", agrega.
Así, el coste total de los pacientes atendidos por esta cuestión en el Marañón, en el sistema de medición UCH, es de casi 1,5 millones de euros; en el sistema de precio público, de 1,1 millones.
"Esta diferencia invalida cualquier sistema de comparación", defendió ayer González. "Ambos sistemas de cálculo de costes son distintos, no equivalentes y, dado que uno se basa en el peso relativo y el otro no, no hay forma de hacerlos equivalentes", denuncia también el informe.
"Si
no está bien realizado el cálculo del coste de la asistencia
especializada [la recibida en los hospitales], podrían suceder dos
cosas: que se regalen cientos de millones de euros de los bolsillos de los madrileños a las empresas adjudicatarias, o bien, todo lo contrario, que las empresas quiebren y haya que rescatarlas, como ya sucedió con el modelo Alzira", esgrimió ayer Pedro González. (...)" (Público, 08/01/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario