"-En grandes líneas, ¿qué tipo de daño produce la corrupción a una economía nacional? ¿Dónde se ve el daño?
Los daños de la corrupción son enormes: agravan la crisis, perjudican
al sector público y aumentan la desigualdad social. Pero todavía más.
La corrupción destroza el entorno extra-económico de una economía, al
afectar corrosivamente a la confianza de los ciudadanos, a la ética del
trabajo bien hecho, a la calidad de la democracia y al funcionamiento de
las instituciones.
Sin un entorno sano la economía se colapsa y eso es
una parte muy importante de lo que está pasando en este país.
-¿En qué manera la corrupción afecta a las cuentas públicas y al gasto público? ¿Qué tipo de factura pasa a los contribuyentes?
La corrupción reduce los ingresos públicos al escapar de la
recaudación de impuestos, aumenta el gasto público improductivo al subir
los costes de las licitaciones por no haber competencia y limita la
capacidad inversora del Estado al sufrir éste una merma de recursos.
Los contribuyentes, es decir, los ciudadanos de a pie, en estas
condiciones, se ven obligados a pagar más impuestos, a recibir menos y
peores servicios públicos, y a pagar más caro los bienes que adquieren,
porque previamente los corruptores han subido los precios en beneficio
propio.
-¿Dónde faltan recursos en España, indirectamente, por la
corrupción? ¿Se habría podido evitar, por ejemplo, una parte del
programa de austeridad que ha tocado tanto a los sectores como educación
o sanidad?
Efectivamente, podría anularse el déficit público si no hubiera
evasión fiscal (se hace todo lo contrario, se amnistía el fraude por el
propio gobierno). En España, no faltan recursos; el problema es que las
clases pudientes históricamente se consideran en el derecho
(¡Privilegio!) de no cumplir con sus obligaciones fiscales.
Los programas de austeridad en educación o sanidad podrían ser
perfectamente evitables. No vienen determinados por el déficit, sino por
intereses e ideología; es decir, por el negocio de su privatización y
el conservadurismo anti-ilustrado de la derecha clerical española.
-A raíz del caso Bárcenas y otras investigaciones, hay
sospechas de que se han creado sistemáticamente planes de
infraestructuras innecesarias ¿cuál podría ser una solución sostenible
para corregirlo y para evitar que vuelva a pasar?
Este es el caso de los “elefantes blancos” o proyectos públicos de
difícil justificación económica por su naturaleza y dimensión (grandes
proyectos que no están ajustados a las necesidades sociales).
La solución consistiría en que los proyectos fueran previamente
evaluados con criterios razonables basados en el análisis
coste/beneficio para la sociedad.
Evaluación que debe ser realizada indefectiblemente por un organismo independiente del gobierno. Y éste debe dar cuenta de sus decisiones para que los ciudadanos podamos valorar si son el resultado de la búsqueda del interés general o del interés particular de los grupos de presión involucrados en el negocio de las infraestructuras.
-¿La recuperación económica y la salida de la crisis podría
ser diferente sin el lastre de la corrupción en los países del Sur y en
el caso de España?
Sin duda, la corrupción está afectando a los componentes de salida de
la crisis, como son el consumo, la inversión y las exportaciones. Las
actividades corruptas al ser improductivas no crean empleo ni ayudan a
paliar la enorme tasa de desempleo (27%, más de seis millones de
parados), con lo que no se reactiva la capacidad adquisitiva ni el
consumo de las familias.
Además, absorben fondos en detrimento de la inversión pública y
privada. Y no estimulan el comercio exterior porque los corruptores
viven de las subvenciones, los beneficios de monopolio y las
regulaciones a medida; y no de su capacidad competitiva y de la
generación de valor añadido, que son fundamentales para la presencia de
España en los mercados exteriores. (...)" (Entrevista a José María Mella . Público, 01/01/2014)
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