"Los
magistrados de la sección tercera de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que resolvieron la suspensión cautelar de
la privatización-externalización de seis hospitales en Madrid, el
pasado 11 de septiembre, bajo la presidencia de Fátima Arana Azpitarte,
fueron Pilar Maldonado Muñoz, Margarita Pazos Pita y el
magistrado Rafael María Estévez Pendás.
La decisión, el 11 de octubre, de
desviar desde la sección hacia un pleno de todas las secciones (50
magistrados) el debate sobre el recurso de reposición de la Comunidad de
Madrid (junto con otra resolución adoptada en relación con el mismo
asunto), para desbloquear la privatización, emergió como una jugada
maestra del presidente de la sala, Gerardo Martínez Tristán.
Fuentes judiciales señalan que
Martínez Tristán adquiría así un protagonismo en un asunto que era de
vital interés para el Partido Popular de Madrid en momentos cruciales:
el magistrado era, y todavía es, candidato a ser miembro del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
La celebración del pleno suponía quitar
la jurisdicción a la sección tercera, la que había resuelto suspender
cautelarmente la privatización hasta que se sustancie el procedimiento
penal actualmente en curso en el juzgado de instrucción número 4 de
Madrid contra la privatización y un recurso que la impugna ante el
Tribunal Constitucional.
El Partido Socialista de Madrid presentó un incidente de recusación de Martínez Tristán.
Pero el magistrado decidió ignorarla. Convocó pleno para el 31 de octubre. Y la maniobra ha sido frenada.
Cuarenta y cinco de los cincuenta
magistrados de las secciones de lo Contencioso hicieron acto de
presencia en el pleno del 31 de octubre. Los magistrados preguntaron al
presidente si estaba recusado, hecho sobre el que no se había
proporcionado información alguna.
La Cadena Ser informó sobre este pleno
asambleario el pasado lunes 11 de noviembre, en el cual Martínez
Tristán se resistió, según fuentes solventes, a informar sobre la
recusación que pesaba sobre él.
Muchos magistrados elevaron su voz
con afirmaciones según las cuales el pleno era ilegal si, en efecto,
todavía no se había resuelto el incidente de recusación.
Martínez Tristán admitió a
regañadientes que existía esa recusación, pero sostuvo que ello no era
obstáculo para entrar en el fondo: el recurso de reposición de la
Comunidad de Madrid.
Hubo hasta voces. "Ilegal, ilegal,
ilegal", gritaron algunos magistrados. Si existía esa recusación, ¿por
qué no se apartaba el presidente y dejaba al magistrado más antiguo al
frente del pleno?
Según el auto notificado a las partes
el miércoles 20 de noviembre, entre ellas a quien había recurrido la
privatización, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(AFEM), Gerardo Martínez Tristán consiguió reunir 4 votos a favor de que
se debatiera el recurso.
La abrumadora mayoría de 41
magistrados decidió que se abordara al asunto cuando quede resuelto el
incidente de recusación. Los cuatro magistrados que votaron a favor de
que el pleno entrara a debatir el recurso de la Comunidad de Madrid
presentaron un voto particular.
"Hasta hoy no teníamos ninguna
noticia oficial sobre el pleno. Aunque creíamos que la maniobra de
convocar el pleno suponía tener apalabrada a una mayoría, los resultados
indican que no parece ser así", dijo el abogado de AFEM, Miguel Ángel
Muga tras conocer el auto a EL PAÍS. (...)
El punto esencial es otro, la presunta
nulidad de la convocatoria del pleno. ¿POr qué? Porque Martínez Tristán
pretende quitar la jurisdicción sobre el recurso de reposición de la
Comunidad de Madrid a la sección que resolvió paralizar la
privatización. Los magistrados que se oponen a ello sostienen que está
en juego el derecho constitucional al juez natural predeterminado por
ley.
La representación del juez natural,
señalan, es la sección tercera de la sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid. (...)" (Ernesto Ekaizer , El País, 20 nov 2013)
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