"Como en Cataluña, también en el País Vasco existe un
‘caso ITV’. No ha adquirido consecuencias penales, de momento, pero sí
ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia
firme.
Determina que dos de las cuatro empresas que explotan las
Inspecciones Técnicas de Vehículos en Euskadi nunca debieron ganar el
concurso. En otras palabras, que el Gobierno vasco les dio la concesión a
dedo, saltándose la legalidad, saltándose las propias condiciones que
había establecido.
El problema no es nuevo, sino que
la adjudicación se produjo hace dos décadas. Exactamente en noviembre de
1993. El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria,
entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV),
repartió entre cuatro empresas la concesión de cuatro lotes, con dos ITV
cada una. El contrato tiene una duración de 30 años.
Así, las empresas
beneficiadas fueron Iteuve Euskadi (la estación de Arrigorriaga y otra
que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (en
Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (la
estación de Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en
Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (en Urnieta y otra posterior en Irun).
Aunque la resolución la firmó José Ignacio Zudaire, el entonces director
de Servicios Generales, la resposabilidad recayó sobre la
viceconsejería de Administración Industrial y Planificación que lideraba
José Miguel Corres. (...)
Otro frente se sitúa en el Gobierno Vasco, la
administración que en 1993 adjudicó la concesión de las ITV por 30 años.
El Supremo ha dejado demostrado que el Ejecutivo autónomo, al aplicar
los criterios de valoración de las distintas candidaturas, adjudicó los
contratos a dedo. Por tanto, se alteró el resultado final del concurso.
Un ejemplo: se valoró la solvencia económica de una empresa con la
máxima puntuación, cuando realmente el documento que presentó la
compañía no lo acreditaba en ningún momento.
En estos momentos, existe un auto de los tribunales que fuerza al
Gobierno Vasco a cambiar de empresa adjudicataria en las estaciones de
inspección de Vitoria y de Bergara. Así, la multinacional Applus+ debe
dejar de disfrutar la concesión que lleva explotando los últimos 19 años
y debe traspasarla a la compañía a la que se le usurpó en aquel
concurso, ITA Asua. (...)
Y otra cuestión: ¿qué pasará con los trabajadores de la actual
concesionaria? ¿Se subrogarán a la nueva empresa adjudicataria? En
principio, ITA Asua está dispuesta a hacerse cargo de los empleados que
dependen de Applus+. Pero quedan aún muchas preguntas por responder. " (eldiario.es, 12/04/2013)
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