"Cada año de la última década, la Confederación de Empresarios de Galicia
ha estado pagando las deudas heredadas de la pésima gestión de Antonio
Ramilo Fernández-Areal, que presidió el organismo entre 1991 y 2000.
El
histórico dirigente empresarial fallecido en 2006, -antes procurador en
Cortes y alcalde de Vigo durante la dictadura-, dimitió el 28 de
noviembre de 2000 entre acusaciones de despilfarro y manejos contables
que nunca se llevaron a los tribunales. "Lo hago por lo que he defendido
siempre: el servicio a la organización", dijo entonces.
Los presidentes
de las cuatro patronales provinciales lo habían forzado a cesar. Días
antes había admitido "un desfase" contable de 1.000 millones de pesetas
(seis millones de euros), pero responsabilizó de todo al exsecretario,
Rafael Sánchez Sostre, y a la adquisición, en 1992, del edificio en el
casco antiguo de Santiago que alberga la sede.
El inmueble había costado
400 millones de pesetas, de los que la Xunta presidida por Manuel Fraga
subvencionó el 40%. Otras versiones apuntan a que realmente pagó por él
250 millones y lo anotó en la contabilidad con un valor de 600.
Eso y
las "múltiples actividades desarrolladas en su etapa", según los
argumentos de Ramilo en aquél momento, provocaron el descalabro
financiero de la Confederación.
Las cuentas de la CEG siguen mostrando aquellas heridas. La patronal
tiene fondos propios negativos por valor de un millón de euros y dos
embargos a favor del Estado y de Hacienda, unas garantías acordadas con
la Administración central que permiten a la Confederación fraccionar las
devoluciones.
Por aquellos "1.000 millones de pesetas", tendrán que
pagar préstamos hasta el año 2015 por importe total de 10 millones de
euros.
Las sospechas de que algo iba mal se desataron en 1999,
cuando la patronal de Pontevedra (CEP) reclamó a la Xunta unas ayudas de
formación. El Gobierno autónomo respondió que las había transferido a
la Confederación gallega, lo que provocó que se ordenase una auditoría.
Al empezar a conocerse los datos, Ramilo destituyó a Sánchez Sostre, a
quien achacó la mala gestión.
"Yo no tenía firma para hacer ninguna
operación bancaria sin autorización del presidente o del comité
ejecutivo", declaró aquellos días el exsecretario a este diario. Sostre
sostuvo entonces que tres años antes había informado a Ramilo sobre los
desequilibrios de tesorería y que propuso un plan de viabilidad. "Él se
opuso y ni siquiera aceptó reducir algunos gastos excesivos", dijo.
Las
subvenciones para formación que concedían la UE y el Ministerio de
Trabajo eran la principal fuente de financiación de la patronal, que
cada año presentaba a sus miembros unas cuentas saneadas y con
beneficios. La realidad estaba bastante lejos. El examen a la gestión
afloró 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una
sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones.
El resto, casi dos
millones de euros, simplemente se habían volatilizado. Comenzaron a
hacerse públicos suntuarios gastos de representación del presidente y
otros detalles, como alquileres de locales para hacer cursillos a
precios exorbitantes. La patronal CEOE, de quien Ramilo era un miembro
destacado, rehusó valorar la crisis y los partidos de la oposición
(PSdeG y BNG) reaccionaron reclamando los datos de las cuantiosas ayudas
que la Xunta había facilitado a la Confederación durante casi una
década.
El propio Ramilo fue un incondicional de la política de Manuel
Fraga, al que apoyaba entusiásticamente en cada campaña electoral. Pero
el día que dimitió poco quiso saber del Gobierno gallego cuando los
periodistas le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una
investigación parlamentaria.
El empresario contestó de forma rotunda:
"Yo al Parlamento no voy. Como dijo López Bravo, un gran ministro de
Franco, yo ya no soy noticia". (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/09/2011, p. 3)
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