Pelopincho utilizó a más de una treintena de cómplices, según la investigación, para que se hiciesen pasar por los propietarios de 50 inmuebles -entre bajos comerciales, chalés y pisos- adquiridos en Pontevedra, A Coruña y Asturias. A ellos se suman 10 sociedades mercantiles, una flota de 35 vehículos y 900.00 euros en depósitos bancarios. (...)
En el juicio estará ausente uno de los personajes que el sumario considera claves en el entramado financiero de Pelopincho. Se trata de Manuel Franco Argibay, de 47 años, antiguo abogado del principal encausado y en busca y captura desde 2006, año en que huyó tras pagar dos millones de euros de fianza. Argibay, que también fue presidente y asesor jurídico del Pontevedra CF, creó varias sociedades que utilizó, según la Fiscalía de Delitos Económicos, para registrar fincas por un valor cercano a los cuatro millones de euros. También ingresó en un banco portugués a nombre de dos de sus hijos menores de edad 1,2 millones de euros que Pouso le había entregado para que los ocultase en un paraíso fiscal. El fiscal pide para el ausente seis años de cárcel y 11,9 millones en multas.
La misma pena que pide para Pouso la solicita la fiscalía para su hombre de confianza, Benito Suárez Bouzón, encargado de gestionar la compra de inmuebles. Ocho de ellos -situados en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro con un valor sumado de 50.000 euros- figuraban a nombre de Tereisinha de Jesús Carvalho, para quien el ministerio público pide más de cinco años de cárcel, los mismos que para Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez, las cuatro también con numeroso patrimonio a su nombre.
El resto de los acusados, muchos de ellos familiares del principal acusado, afrontan penas de hasta cinco años.
José Antonio Pouso Rivas, de 50 años, más conocido en los ambientes del narcotráfico como Pelopincho, era un traficante de poca monta cuando el negocio de los estupefacientes atravesaba la época de las vacas gordas. (...)Una investigación dirigida por el juzgado número 2 de Caldas puso al descubierto su inmenso patrimonio, blanqueado a través de inmuebles, inversiones y sociedades. El ideólogo de estas operaciones fue el que entonces era su abogado, Manuel Franco Argibay, al que busca la Interpol desde 2006, pocos meses después de que abandonara la cárcel tras abonar una fianza de dos millones de euros. (...)
Pouso Rivas utilizó presuntamente a 35 personas para que simularan ser los titulares de 50 inmuebles (pisos, chalés y bajos comerciales) que compró en localidades de Pontevedra y A Coruña, incluso en Asturias. Creó 10 sociedades mercantiles y abrió depósitos bancarios que en el momento de ser intervenidos superaban los 900.000 euros, además de haber adquirido una auténtica flota de vehículos, más 35 al día de su detención." (El País, ed. Galicia, Galicia, 27/10/2010, p. 1)
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