29.6.10

La corrupción española

"La corrupción se combate con mayor transparencia. Es "el principal problema" de la democracia española, señala la Fundación Alternativas en su último informe anual.

Si la corrupción se desarrolla como esporas en España se debe a una deficiente calidad de la democracia y, sobre todo, a los déficits de transparencia. Una materia pendiente que se ha evidenciado con virulencia en la trama Gürtel y en la constelación de casos de corrupción de los últimos años.

La conclusión figura en el IV Informe sobre la Democracia en EspañaLa erosión de la confianza y el bienestar. Contra la desafección–, editado por la Fundación Alternativas. El libro, elaborado por 18 investigadores, fue presentado ayer lunes en Madrid bajo la batuta de Joaquín Almunia.

No es un tema menor. De hecho, tanto la corrupción como la gestión de la crisis económico han hecho caer más la nota global sobre el estado de la democracia española. En 2008, primer año en el que la Fundación Alternativas –próxima al PSOE– hizo la medición, la calificación fue del 6,2. En 2009 menguó dos décimas. Y en 2010, se sitúa en el 5,8, precisamente por el creciente desapego de los ciudadanos hacia la política.

La corrupción “daña de raíz la confianza en las instituciones democráticas”, y “se ha convertido en el principal problema y en la principal insuficiencia de la democracia española”, situación en la que “ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP”, afirma el informe.

El CIS, en sus barómetros recientes, ha mostrado tal inquietud. En el de mayo, un 18,8% definía la clase política como problema. Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia de la UE, decía ayer que “la corrupción es autóctona, no se importa, como la crisis, es siempre insoportable, y hay que erradicarla”. (Público, 29/06/2010)

16.6.10

Aguirre forzó las valoraciones para dar las TDT a sus afines

"La Comunidad de Madrid adjudicó hace cinco años 30 canales de televisión digital de ámbito local a la Iglesia católica y a grupos de comunicación afines al PP. Para calificar las diferentes candidaturas, la Mesa de Contratación utilizó 10 criterios (con una puntuación máxima de 10 puntos cada uno). Valoró la pluralidad de la oferta informativa, la viabilidad económica de los proyectos, la creación de empleo o la contribución al desarrollo tecnológico de la Comunidad. Y utilizó una doble vara de medir. Penalizó a empresas como Localia (del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) o Uniprex-Onda Cero (del grupo Antena 3). Los socialistas de la Asamblea de Madrid han obtenido el desglose de las calificaciones, que pidieron durante años.

Según ese desglose, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (del PP) dio la misma nota en "pluralidad informativa" a estas dos empresas, vinculadas a grupos de comunicación, y a otras dedicadas a la medicina naturista o a la televenta de cuchillos multiusos. Según la Comunidad, la candidatura más plural era Libertad Digital, liderada por el ex locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos, que obtuvo ocho puntos. Uno menos mereció el canal de televisión del arzobispado de Madrid, Intereconomía o Kiss TV, una oferta musical monotemática.

En 2008, tres años después de las adjudicaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las concesiones porque la Mesa de Contratación no había ponderado los criterios exigidos conforme al pliego de bases del concurso. Y dio un mes de plazo para que le fuera remitida la puntuación. Pero no hubo cambios en las concesiones. El Gobierno regional remitió al juez las calificaciones, perfectamente cuadradas para que ganaran los mismos. Y en 2009, clonó el reparto de 2005.

Para ajustar ambas concesiones, los técnicos puntuaron los 10 criterios en juego de manera que en cada una de las 10 demarcaciones en las que se dividió el mapa de la Comunidad ganaran los mismos. Así, la empresa liderada por el productor cinematográfico y presidente del Atlético, Enrique Cerezo, venció en las 10 plazas, la Iglesia católica recibió cinco (una para el arzobispado de Madrid y cuatro para la Cope), Federico Jiménez Losantos ganó cuatro frecuencias, las mismas que Uniprex-Onda Cero. El empresario José Frade recibió tres, y Blas Herrero, dos, mientras que Intereconomía y El Mundo tuvieron una cada uno. Localia no recibió ninguna. En Madrid quedó en octavo puesto, lo justo para quedarse fuera, ya que en esa demarcación se distribuyeron siete licencias.

La baremación de Madrid capital pone de manifiesto la arbitrariedad del Gobierno de Aguirre a la hora de puntuar las 27 ofertas. El primero de los criterios utilizado es revelador. En el apartado de "pluralidad de la oferta informativa", la nota más alta (un ocho) se la lleva Libertad Digital porque garantiza "los valores democráticos y éticos" mediante un código de autorregulación y un defensor del espectador, tiene "una parrilla muy completa y variada" y hace especial hincapié "en colectivos desfavorecidos". De Unedisa (editora de El Mundo), se destacan los valores "democráticos y éticos" y las "variantes valorables para la pluralidad informativa y participativa". Total: siete puntos. Y de la candidatura del arzobispado se subraya su "valorable línea editorial", que equivale a otros siete puntos. En este apartado, se penaliza especialmente a Localia y a Uniprex. De ambos grupos se dice que adolecen de "las variantes diferenciales exigibles a este tipo de concesionarios por pretender ocupar un segmento del que ya dispone sin aportar un plus de novedad". Y les otorga tres puntos.

Los mismos que mereció European Home Shopping, un canal dedicado al comercio electrónico y la televenta, y eso que presentaba "escasez de compromiso, de pluralidad y principios éticos". Idéntica calificación (tres puntos) obtuvo la fundación Golden Clover, gestionada por un ciudadano asiático, que apostaba por un canal dedicado a la medicina naturista, y todo pese a que "carece de plan de informativos" y manifiesta "desorientación con respecto al concurso público". Y tres puntos recibió un particular, Pedro José Rodríguez Iglesias, que presentaba una "discreta mención genérica, sin sustancia programática". De Canal 47 se dice: "No desglosa ni detalla. Solo generalidades superpuestas. Imposible de analizar con detenimiento. No admisible tal presentación". Ante juicios tan negativos, soprende que reciba cuatro puntos, más que Localia o Uniprex. Otro tanto ocurre con Intercontinental Multimedia Network, que hace una "mera referencia a los valores constitucionales" y merece una "reprochable directividad en la programación informativa" y "poca credibilidad derivada del expositivo en cuanto a la televisión analógica". Pero esta catarata de descalificativos logró cuatro puntos, los mismos que Televisión Independiente de Madrid SA, cuya oferta pecaba de "inconcreción exagerada" y "poca credibilidad". Mejor nota tuvo Vetonia Televisión, cinco puntos en pluralidad pese a que alguno de sus aspectos "invade terrenos de índole política no admisibles para este tipo de televisiones".

Los técnicos repiten casi literalmente los comentarios sobre los candidatos en las distintas demarcaciones. Pero no siempre dan la misma nota. Por ejemplo: Uniprex recibió en Madrid siete puntos en el criterio 5, sobre calidad y pluralidad de los contenidos. Esta es la justificación: "Contenidos informativos bien diferenciados. Contenidos a difundir de producción propia en alto porcentaje. Buena solución la referencia a la captación de ideas creativas. Apuesta por la programación infantil". Al tasar la oferta de Alcobendas, se anota: "Contenidos informativos bien diferenciados. Contenidos a difundir de producción propia en alto porcentaje. Buena solución la referencia a la captación de ideas creativas. La apuesta por la programación infantil es muy destacable". Pero en este caso, el comentario, casi idéntico, se salda con ocho puntos." (El País, ed. Galicia, , /06/2010, p. )

14.6.10

Un ex cargo del Gobierno vasco dio ayudas millonarias a una empresa que luego le fichó

El director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del anterior Gobierno vasco, Martín Ascacibar, que en sus últimos años de actividad firmó ayudas millonarias a la entidad promotora de un centro de tratamiento de residuos ganaderos. Una empresa en la que aparece como consejero delegado desde diciembre de 2009, según los datos del Registro Mercantil.

La planta de purines de Carranza, el ambicioso proyecto para construir un centro de tratamiento de residuos ganaderos, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. En esta ocasión, la controversia no afecta a los retrasos acumulados en la construcción ni a los problemas surgidos en la elección del emplazamiento de la infraestructura, diseñada para dar salida a los purines que genera la cabaña ganadera y evitar así que se sigan contaminando los pastos y los cauces fluviales del valle; atañe directamente a cargos políticos y a las subvenciones públicas recibidas por las sociedades encargadas de construir y gestionar la planta. En medio del debate, se encuentra el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del anterior Gobierno vasco, Martín Ascacibar, que en sus últimos años de actividad firmó ayudas millonarias a la entidad promotora del proyecto. Una empresa en la que aparece como consejero delegado desde diciembre de 2009, según los datos del Registro Mercantil.

La sociedad en cuestión es Karrantzako Minda, integrada por la cooperativa ganadera Guvac -de forma mayoritaria-, el Ayuntamiento de Carranza e Iparkutxa. Constituida en 2006, esta empresa ha recibido desde 2007 algo más de 7,7 millones de euros para sacar adelante el proyecto, tasado en unos 14 millones de euros y que está empezando a ejecutarse en la actualidad. Según consta en una comparecencia parlamentaria de la diputada de Agricultura solicitada por el PP, la compañía ha recibido aportaciones económicas del Ministerio de Educación y Ciencia (4 millones), del Gobierno foral (2 millones) y del propio Ejecutivo autonómico (4 millones). De esta última cantidad, que se distribuye en anualidades desde 2008, Karrantzako Minda todavía tiene pendiente de cobro unos 2,2 millones. De forma paralela, esta sociedad también recibió la concesión de ayudas del Gobierno anterior a cargo del programa Ikerketa por valor de otros 3,5 millones." (Fundación para la Libertad, citando a
EL CORREO, 14/6/2010)

13.6.10

Anticorrupción involucra a cargos del PP en los delitos

"La Fiscalía Anticorrupción redactó en diciembre pasado uno de sus últimos informes sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. En dicho informe, Anticorrupción sostiene que los negocios ilegales de Correa hubieran sido imposibles sin la participación de cargos del PP. Lo que sigue resume dicho informe:

- Relaciones personales. "Para la obtención de contratos públicos [Correa] utilizaría las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones. En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas entregaría a los responsables políticos compensaciones, de naturaleza económica o de otro tipo, en la forma y en el lugar que le soliciten".

- Pelotazos urbanísticos. "Además captaría proyectos inversores (adjudicaciones de suelo, construcción de inmuebles, obra pública, etcétera) negociando previamente su concesión por parte de las Administraciones Públicas a la empresa que él avale, para lo que presenta a los concursos a empresarios afines a los que ofrece dichos negocios previa negociación de una compensación económica".

- Operaciones ficticias. "Las sociedades de su conglomerado realizarían operaciones financieras ficticias (emisión de facturas falsas, etc.) con objeto de acreditar una actividad con la que enjugar los ingresos ilícitos obtenidos".

- Blanqueo de capitales. "Para el diseño de una estructura de blanqueo de capitales dispondría de especialistas que le han configurado los procedimientos necesarios, mediante la utilización de paraísos fiscales, la constitución de sociedades patrimoniales participadas por sociedades domiciliadas en el exterior que a su vez son propiedad de entidades domiciliadas en territorios o países no cooperantes, que le han permitido disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo. (...) Los despachos de abogados, tanto el de Luis de Miguel Pérez como el de José Ramón Blanco Balín, [aparecen] como diseñadores de una estructura societaria en paraísos fiscales o territorios no cooperantes hacia donde canalizan los fondos obtenidos de forma ilícita en España y desde donde salen de nuevo para nutrir el capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España". (El País, ed. Galicia, España, 04/04/2010, p. 25)

La investigación acredita la trama de adjudicaciones amañadas y sobornos de cargos del PP en Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León



"Francisco Correa hizo negocio con su red de empresas gracias a su amistad con dirigentes del PP que gobernaban en una decena de Administraciones. Por un lado, lograba a dedo numerosos contratos de servicios; por otro, intermediaba en adjudicaciones de obras o de suelo a favor de empresarios amigos y cobraba comisión. Para alimentar estas dos vías de negocio, sobornaba a políticos del PP. La rapiña al erario público que Correa perpetró durante más de diez años mancha a cuatro autonomías.

COMUNIDAD DE MADRID Contratos a trozos

El Gobierno de Esperanza Aguirre fue un chollo para Correa. La red corrupta logró cientos de contratos a dedo para montaje de actos institucionales que ordenaba el ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre Alberto López Viejo. Algunos de los contratos se troceaban para evitar que su coste superase los 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso.

El PP de la Comunidad de Madrid pagó a la trama corrupta algunos de sus actos electorales de 2003 y 2004 con cargo a los fondos aportados por empresas privadas a su fundación Fundescam, según los archivos encontrados en un piso de seguridad que utilizaba la trama.

Los ex alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte adjudicaron contratos a las empresas de la trama y favorecieron con obras o suelo a constructoras que, como contrapartida, pagaron comisiones ilegales, según la investigación.

COMUNIDAD VALENCIANA Empresas pagan actos electorales

Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba en exclusiva los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cobró al menos 6,3 millones en dinero negro, según la investigación judicial. Además, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana pagaron supuestamente actos electorales del PP: Lubasa, Sedesa, Piaf, Facsa y Ortiz e Hijos, según un informe policial. Desde el Gobierno regional se adjudicaron más de 40 contratos a dedo a Orange Market, cuyo principal responsable hizo regalos de todo tipo a los dirigentes del PP, entre ellos Francisco Camps y Rita Barberá, según documentos del sumario.

La trama corrupta regaló trajes a Camps; a Victor Campos, ex vicepresidente; a Ricardo Costa, ex secretario general; a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y a Pedro García, ex director general de la televisión autonómica valenciana. García adjudicó a una constructora leonesa, Teconsa, el contrato de sonorización e instalación de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia por seis millones de euros. Teconsa, que no sabía nada de sonorizaciones, subcontrató el trabajo por tres millones a empresas especializadas y el resto se lo repartió con Correa, según la investigación judicial.

CASTILLA Y LEÓN Las comisiones por un tramo de carretera

La documentación sobre la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa apareció en el registro de la sede principal de la red Gürtel junto al reparto de comisiones. El 3% del valor de la obra enriqueció a políticos y al cabecilla de la trama, según esa documentación que, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha destapado la supuesta implicación del entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente del Parlamento de Castilla y León. Fernández Santiago aún no ha sido imputado.

GALICIA Facturas falsas

Documentos incautados en una caja de seguridad de una sucursal bancaria de Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP de Galicia, apuntan a la emisión de facturas falsas para justificar gastos electorales del PP y hasta 5,9 millones de euros pagados en dinero no declarado a Hacienda. El 47% de los actos del PP en aquella época se financiaron en dinero negro, según un informe policial. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".

PP NACIONAL Álvarez-Cascos y Bárcenas

El PP nacional aparece salpicado por las andanzas de Correa, que tenía trato especial, según él mismo ha confesado, con quien fue secretario general del partido y ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con Bárcenas, el tesorero, y con el que fue secretario de Acción Electoral, Jesús Sepúlveda.

Bárcenas cobró supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta. Correa declaró al juez Garzón que Álvarez-Cascos le dio el contrato de AENA, ente público dependiente de Fomento. El montaje y desmontaje de pabellones de AENA en ferias de turismo fue adjudicado a dedo o por concursos restringido a empresas de la trama corrupta durante la etapa en que al frente de Fomento estaba Álvarez-Cascos. El ex ministro niega haber dado trato de favor a Correa y no está imputado de momento. Sepúlveda cobró supuestamente comisiones ilegales por sus favores a la red corrupta, primero desde el PP nacional y luego desde su cargo de alcalde de Pozuelo, según la investigación." (El País, ed. Galicia, España, 04/04/2010, p. 13)

Las nuevas pruebas del 'caso Gürtel' apuntalan la financiación ilegal del PP

"La formación política que preside Mariano Rajoy, alternativa de Gobierno más que probable según todas las encuestas, tiene un problema mayor que amenaza seriamente su credibilidad e imagen. La supuesta financiación ilegal del PP a través de la trama empresarial delictiva que dirigía Francisco Correa aparece documentada en la parte del sumario del caso Gürtel que el juez Antonio Pedreira pretende hacer pública mañana y que hasta hoy permanecía secreta. El PP, en algunas de sus organizaciones territoriales, habría pagado al menos 12 millones de euros en dinero negro por sus actos electorales.

La red Gürtel es la trama de corrupción más extensa conocida en democracia pues sus tentáculos alcanzan a media docena de Ayuntamientos y a cuatro comunidades autónomas e implican a dos decenas de altos cargos del Partido Popular, entre ellos a su ex tesorero, a una decena de empresarios y a varios bufetes de abogados. (...)

Las pruebas que el sumario sacará a la luz son las que siguen.

- Archivo "Cambios de facturación 2003-2004-barcenas.xls". En un piso de seguridad que la trama corrupta tenía en la calle del General Martínez Campos de Madrid se guardaban apuntes relacionados con la actividad electoral del PP de Madrid, pues las empresas de Francisco Correa se encargaban del montaje y desmontaje de todos los actos. En esos apuntes aparecen pagos que el PP hizo a través de Fundescam para "las elecciones autonómicas de 2003, las elecciones europeas de 2004 y el congreso regional 2004".

Fundescam es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Un informe policial, que consta en la parte del sumario que mañana se hará pública, apunta las sospechas sobre este procedimiento irregular.

Además, en las conversaciones grabadas al jefe de la trama por el autor de la denuncia original que dio lugar a la investigación (José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda), Correa sostenía que actos electorales del PP en Madrid se pagaban con dinero adjudicado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la red Gürtel. El PP lo negó.

- La contabilidad de la filial valenciana de la trama. En la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, la policía halló todo el historial de las relaciones de esta empresa con el PP y encontró numerosos apuntes en su contabilidad sobre pago en dinero negro, hasta 6,3 millones de euros, de numerosos actos organizados para la formación que preside Francisco Camps.

Además, la policía cruzó los datos de la documentación incautada con las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red Gürtel, con Camps; su lugarteniente y ex número dos del partido, Ricardo Costa; el vicesecretario general del partido en esa comunidad, el vicepresidente Vicente Rambla; y la tesorera regional. La investigación, resumida en un informe de cientos de páginas, apunta directamente a la financiación ilegal del PP valenciano. Los líderes de esta formación explicaron al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que el control de sus finanzas correspondía a la dirección nacional del partido y, en concreto, al tesorero Luis Bárcenas.

- La caja de seguridad con las cuentas del PP en Galicia. En una caja de seguridad de la sucursal de un banco en Pontevedra, la policía halló documentos de Pablo Crespo, el número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, que apuntaban pagos con dinero negro de hasta 5,9 millones de euros e incluso la existencia de facturas falsas.(...)

Lo que la trama defraudó al fisco

- Alfonso Bosch: 250.000 euros.

- Alberto López Viejo: 352.000 euros.

- Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros.

Alcaldes

- Arturo González Panero: 642.000 euros

- Ginés López: 534.000 euros

- Jesús Sepúlveda: 455.000 euros

Cargos intermedios

- Tomás Martín Morales: 450.000 euros

- Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros

Cabecillas de la red Gürtel

- Francisco Correa: 38,5 millones de euros.

- Álvaro Pérez: 330.833 euros.

- Pablo Crespo: 539.120 euros." (El País, ed. Galicia, España, 04/04/2010, p. 12)

El blanqueo de capitales de Correa


"La tesis sobre la que trabajan los investigadores es que Francisco Correa, el presunto líder de la trama corrupta, que lleva un año en la cárcel, sacaba de España el dinero obtenido de sus negocios favorecidos por dirigentes del PP a través de sociedades creadas en el exterior y manejadas por otras sociedades con sede en paraísos fiscales. Ese dinero que Correa sacaba de España volvía en ocasiones al país mediante inversiones en distintas promociones inmobiliarias.

Esta operativa se dio, según la investigación, con el proyecto de construcción de 16 viviendas de lujo en la localidad madrileña de Majadahonda. Para esta promoción, Correa se alió con Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Entre las distintas sociedades que participaron en la promoción inmobiliaria de Majadahonda estaba una, Rutsfield, con sede en Londres pero manejada desde un paraíso fiscal.

Este entramado era uno más de los que montó Luis de Miguel, asesor jurídico y fiscal de Francisco Correa. En 2006, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) elaboró un informe en el que sostenía que De Miguel había creado distintas estructuras empresariales para sus clientes compuestas de sociedades instrumentales registradas en países con fuerte protección del sistema bancario.

Estructura empresarial

"Esta estructura empresarial", señalaba el informe del Sepblac, "podría calificarse de poco transparente y parece estar diseñada con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos (...) En lo concerniente a las transferencias, los fondos que entran en la maraña societaria proceden del exterior, como pueden ser el caso de la isla de Nevis, Luxemburgo, Liechenstein, Reino Unido, Alemania, Suiza...".

El informe sobre De Miguel concluía así: "Parece claro que en esta red empresarial creada puede moverse dinero quizás de origen ilegal o bien dinero negro que se trata de encubrir. Esta hipótesis cobra fuerza al tener en cuenta que, de todas las sociedades analizadas, el 70% tiene como objeto social alguna forma de promoción inmobiliaria, sector tradicionalmente de alto riesgo de blanqueo de capitales".

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria elaboró otro informe sobre Rutsfield, una de las sociedades que gestionaba De Miguel para Correa y sobre la nota manuscrita hallada en la carpeta correspondiente a esa sociedad que requisó la policía en uno de los registros de la Operación Gürtel. En dicha nota aparecían referencias al reparto del capital en una sociedad promotora llamada Twain Jones, que compró terrenos en Majadahonda (Madrid) y levantó 16 viviendas de lujo que se pusieron a la venta a un precio de entre 500.000 y 1,1 millones de euros. La Agencia Tributaria concluyó: "La función esencial de los trusts gestionados por De Miguel era encubrir u ocultar el verdadero titular de los fondos (...). Los 50 millones que habría pagado Rutsfield parecen repartirse entre dos personas, "PC" y "LBarcenas", lo que puede entenderse como elemento indiciario de la existencia de una vinculación entre ambos. De la nota parece interpretarse que PC y LBarcenas podrían intervenir en la operación utilizando fondos que se canalizarían a través de Rustfield. Se desconoce si finalmente LBarcenas intervino en la operación inmobiliaria".

El informe de la Agencia Tributaria era de mediados de 2009. Seis meses después, fruto de las investigaciones del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se ha podido descubrir que una de las personas que invirtieron en el proyecto Twain Jones es Rosalía Iglesias Villar, la esposa de Bárcenas.

La reconstrucción de la operación inmobiliaria que impulsó Franscisco Correa en Majadahonda, basada en los documentos incautados como consecuencia de la Operación Gürtel, llega a la siguiente conclusión: Correa y Bárcenas participaron con 50 millones de pesetas (300.000 euros) a través de Rutsfield (una sociedad montada para evadir el fisco) en la sociedad de promoción inmobiliaria Twain Jones que pretende levantar 16 viviendas de lujo en Majadahonda. La mujer de Bárcenas invirtió 150.000 euros de procedencia desconocida en este proyecto." (El País, ed. Galicia, España, 15/02/2010, p.11)

"La investigación implica a la esposa del ex tesorero del PP en la trama de blanqueo

El nombre de Rosalía Iglesias Villar, esposa de Luis Bárcenas, senador por Cantabria y ex tesorero nacional del Partido Popular, ha aparecido en documentos vinculados a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que fueron incautados por orden judicial en bufetes de abogados. Iglesias Villar, según esos documentos, participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid), según los últimos avances de la investigación a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

La promoción inmobiliaria de Majadahonda se alimentó supuestamente con fondos procedentes del blanqueo de dinero a través de sociedades mercantiles radicadas en el exterior y controladas por entidades situadas en paraísos fiscales, sostienen varios informes policiales incorporados al sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al Partido Popular.

Un informe reciente de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al abogado Luis de Miguel por blanqueo de capitales, que ha sido remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señala que Rosalía Iglesias Villar, aparece con una inversión de 150.000 euros en el proyecto inmobiliario de Twain Jones, investigado dentro del caso Gürtel.

Francisco Correa ordenó montar un entramado empresarial para ejecutar, entre otras, esa inversión inmobiliaria de Majadahonda, a Luis de Miguel, quien fue su asesor fiscal y administrador de algunas de sus sociedades hasta el año 2006." (El País, ed. Galicia, España, 15/02/2010, p. 10)

11.6.10

La investigació contra el narcotráfico ha destapado una extensa madeja de sociedades e intermediarios de los capos dedicados a mover ingentes fortunas

"En la extensa madeja societaria del narcotráfico emergen una vez más las conexiones con la política. En el mundo de los negocios con dinero de origen dudoso es imprescindible la figura de los cooperadores necesarios, personas con influencias y buenos contactos. Es el caso de Manuel Cruz López, chófer de profesión que trabajó para dos pesos pesados de la política: primero para José Manuel Romay Beccaría, cuando era conselleiro, y luego para Manuel Fraga.

A mediados de los noventa, Cruz fraguó una profunda amistad con Marcial Dorado, entonces convertido en el número uno de los contrabandistas de tabaco que no habían dado el salto al narcotráfico en la ría de Arousa. A través del chófer, el tabaquero, que ya gestionaba potentes negocios inmobiliarios y otros relacionados con astilleros, conservas, viñedos y concesiones oficiales de gasóleos, incluso logró introducirse en los círculos de políticos del PP.

Pero la detención, en 2004, por narcotráfico de Marcial Dorado provocó un vuelco en el entorno de sus amistades y negocios. Tras ser implicado en una importante operación de cocaína a la que dio cobertura con un barco que, según la investigación, fue construida clandestinamente en los Astilleros Hércules de Ferrol, que controlaba el propio Dorado Baúlde, el confeso contrabandista, actualmente en prisión, pelea en los tribunales para evitar que su condena de 10 años no sea elevada a firme en el Supremo.

Hasta su fallecimiento en un extraño accidente de tráfico, Cruz López fue una pieza fundamental en los negocios de Dorado hasta el punto de que su viuda, Ana María Montero, fue citada a declarar en la Audiencia Nacional, en el sumario por blanqueo de dinero que actualmente instruye el juez Grande Marlaska. En él aparecen sus familiares más allegados y una extensa cohorte de abogados y testaferros que habrían diseñado la trama más sofisticada de paraísos fiscales para ayudar a Dorado a colocar su enorme fortuna, según la investigación.

En la lista de colaboradores aparece José Miguel Trias Rovira, detenido como supuesto hombre de paja en pimera línea de Marcial Dorado y vinculado a la sociedad Doverdale Trading Ltd, con sede en las islas Vírgenes británicas y con cuenta abierta en Suiza. El nexo entre Trias Rovira y Dorado Baúlde es la empresa Progamallo, SA, que, según el sumario, "era el buque insignia de todo el entramado societario" desde la década de los noventa hasta que el tabaquero fue detenido por narcotráfico.

Siguiendo el hilo de la madeja societaria, aparecen también los tentáculos del abogado Pablo Vioque, otro hombre de grandes influencias y contactos políticos, hasta que cayó en desgracia, implicado de lleno en el narcotráfico. Fallecido en diciembre de 2008 tras una larga enfermedad, el narco fue objeto de una larga investigación por blanqueo de dinero desde la Audiencia Nacional sobre sus intermediaciones en la compra y venta de sociedades de sus clientes, la mayoría contrabandistas convertidos en narcotraficantes.

En las sociedades JF Oil -creada por el actual jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal-, o Abuín-Izquierdo, SL aparecen familiares como David Lages Abuín, hermano de la mujer de Vioque y al que éste ayudó económica y profesionalmente.

Respecto a la sociedad Abuín Izquierdo, el nombre se corresponde con los apellidos de la suegra de Vioque y con el de su madre. Precisamente la aparición de María del Pilar Izquierdo en un sumario judicial instruido contra el abogado fue el motivo de que Vioque ordenara el asesinato del entonces fiscal antidroga de la Audiencia Nacional y hoy jefe de esta fiscalía, Javier Zaragoza, según declaró el propio abogado a un juez en su lecho de muerte. Finalmente esta causa quedó extinguida cuando ya estaba declarado artículo mortis.

Los mismos tentáculos empresariales llegan hasta otro personaje, el narco Manuel Abal Feijóo, alias Patoco, también fallecido a los 38 años, en accidente de tráfico, un mes antes que Vioque. A pesar de su juventud, Patoco había tenido buenos maestros, sobre todo a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, lo que le sirvió para librarse de la Operación Nécora tras una autodefensa ante el tribunal, propia de un actor de cine. Con sus mentores en la cárcel, hizo sus pinitos en el tráfico de cocaína hasta que fue pillado junto a su mujer, María Luisa Vila Fabeiro, como distribuidor de la mercancía, lo cual derivó en una condena para ambos. La carrera meteórica de Patoco se escribe como uno de los casos insólitos del narcotráfico gallego. Creó la más potente infraestructura marítima para el desembarco de grandes cargamentos hasta el punto de que los cárteles colombianos sólo querían trabajar con él. La mayor lancha que cubría la ruta gallega de la cocaína, incautada por la policía, de siete motores y 18 metros de eslora, la utiliza ahora la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) para reprimir los ataques piratas en el Indico.

Tras la muerte del narcotraficante, el constructor Gregorio García Piñón, Yoyo, y su mujer Ramona Fabeiro, tía de la mujer de Patoco, se convirtieron en uno de los objetivos de la Agencia Tributaria que investigaba la suculenta fortuna del difunto capo. De hecho, ambos fueron detenidos junto a su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, como los principales testaferros del número uno del transporte de cocaína. Yoyo estaba destinado a suceder a su sobrino al frente de la organización pero una redada contra la banda tras la muerte de Abal Feijóo llevó al traste todos sus planes. Hacienda descubrió, el pasado año, 75 propiedades que sirvieron para blanquear más de 50 millones de euros, supuestamente obtenidos con el transporte de cocaína.

En este capítulo de los negocios otro nombre, José Alberto Aguín Magdalena, evoca la época de los grandes capos gallegos. Condenado como testaferro de Sito Miñanco, este constructor, conocido como Rubio de Aios, fue uno de los hombres de confianza del narcotraficante cambadés y desde que cumplió una condena de cuatro años de prisión y multa de 300.000 euros, se ha entregado a los negocios de promoción inmobiliaria. Aguín, sin embargo, se vio involucrado, hace tres años, en una supuesta operación de evasión de divisas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2010, p. 3)

El ex alcalde de Ferrol fue apoderado en 1995 de un colaborador de Marcial Dorado

"Evaristo Juncal no es el único político del PP que ha tenido relación con Manuel Cruz López, el presunto testaferro de Marcial Dorado Baúlde que murió en un accidente de tráfico antes de ser juzgado y cuya viuda, Ana María Montero, fue citada a declarar en la Audiencia Nacional, en el sumario por blanqueo de dinero que actualmente instruye el juez Grande Marlaska. El ex alcalde de Ferrol y actual senador, Juan Juncal Rodríguez, fue apoderado de Cruz en 1995, cuando el chófer de la Xunta decide comprar la empresa Anfra Sistemas, dedicada a comercializar equipos informáticos y de comunicaciones.

Manuel Cruz le otorgó a Juncal Rodríguez un poder el 11 de mayo de 1995 y, al día siguiente, el ex alcalde de Ferrol firmó en su nombre el acuerdo de compraventa de la sociedad. Sólo seis días después, el 18 de mayo, el chófer de la Xunta inyectó cinco millones de pesetas en Anfra Sistemas con una ampliación de capital. Y ese mismo día, delante del mismo notario de Narón, municipio limítrofe con Ferrol, Manuel Cruz utiliza la empresa Anfra Sistemas para hacerse con JF Oil, la firma de Evaristo Juncal que gestionaba gasolineras en Caldas de Reis.

Juan Juncal Rodríguez recuerda perfectamente a Manuel Cruz López. El hoy senador del PP asegura que este chófer de la Xunta metido en negocios acudió a su asesoría fiscal en Ferrol para comprar una empresa de un cliente suyo, Anfra Sistemas, una sociedad "inactiva". "A Manuel Cruz lo conocía de Ferrol", rememora Juncal Rodríguez. "La sorpresa mía fue verlo relacionado en ese tema", explica el ex presidente provincial del PP de A Coruña en alusión a las relaciones del chófer de la Xunta con Marcial Dorado.

El ex alcalde de Ferrol atribuye su intervención como apoderado de Manuel Cruz en aquella operación a su actividad profesional a través de su asesoría fiscal. Y asegura que sólo lo representó en aquella ocasión, en mayo de 1995. "Anfra Sistemas era una empresa inactiva. Son empresas inactivas, que se compran y se venden", explica el senador Juan Juncal. Un canal de especulación perfecto para hacer fluir el dinero oscuro." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2020)

Un jefe territorial de la Xunta vendió empresas a testaferros de 'narcos'

"Juncal traspasó negocios a hombres de confianza de Miñanco y Dorado - "Las sociedades van de mano en mano y caen donde uno no quiere", alega.

Evaristo Juncal Carreira, jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y presidente local del PP de Caldas de Reis, ha tenido desde mediados de los noventa una agitada, aunque silenciosa, vida empresarial. Este ingeniero técnico de obras públicas, funcionario de la Xunta desde 1983, ha sido socio al menos de una decena de compañías para explotar gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios.

Tres de esas sociedades están actualmente en manos de personas vinculadas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico como Marcial Dorado, Sito Miñanco y el fallecido Pablo Vioque. (...)

El primer negocio con un presunto testaferro de los capos de la droga y el contrabando lo entabló Juncal Carreira en 1996. El dirigente del PP había creado tres años antes con su esposa, Mercedes Froján Fontán, la sociedad JF Oil, bautizada con las siglas del matrimonio (JF de Juncal-Froján) y dedicada a la construcción y gestión de estaciones de servicio, al suministro de gasóleos a domicilio y a "proyectos y dirección de obra civil en general".En 1996, la pareja le vendió esta firma a Manuel Cruz López, un vecino de Ferrol, chófer de la Xunta y presunto testaferro de Marcial Dorado Baúlde, el histórico contrabandista de tabaco condenado el año pasado por narcotráfico. Evaristo Juncal asegura que no conocía de nada al comprador de su empresa -"se puso en contacto conmigo y dijo que quería comprármela con una sociedad de inversión"- y que lo único que supo luego de él es que fue chófer de la Xunta. Según las inscripciones del Registro Mercantil, Cruz López, un amigo personal de Marcial Dorado que nunca pudo ser juzgado porque falleció en un accidente de tráfico, llegó a ser socio en esta empresa de Juncal y su esposa entre 1995 y 1996, un dato que el jefe territorial de la Xunta niega tajantemente y achaca a un "error". La sociedad gestiona dos gasolineras a la entrada de Caldas de Reis, el municipio en el que Juncal Carreira es presidente del PP y donde optó a la alcaldía por este partido en las elecciones de 2003. "A Manuel Cruz lo vi durante un montón de tiempo por la gasolinera [de Caldas] y no me extrañó", recuerda.

En 1998, Manuel Cruz le traspasa JF Oil, con las siglas del matrimonio del jefe territorial de la Xunta incluidas, al clan de Marcial Dorado Baúlde. Y lo hace vendiéndole la empresa a José Miguel Trias Rovira, un conocido testaferro de Dorado, que inmediatamente después nombra apoderado de la sociedad al hijo de su jefe, Marcial Dorado Fariña. No ha sido ésta la única incursión de los agentes de Dorado en el negocio de las estaciones de servicio. Trias Rovira también gestionó hace años otra empresa de gasolineras que, según el Registro Mercantil, todavía preside el veterano contrabandista de A Illa de Arousa bajo el nombre de Petrogalicia.

A partir de esta fecha, por la empresa que creó el dirigente del PP han desfilado no sólo personas vinculadas a Marcial Dorado, sino también a otro capo del narcotráfico: Pablo Vioque. Administradores y apoderados de JF Oil han sido hasta la actualidad el cuñado de Vioque, David Lages Abuín, y la novia de éste, Cristina García Rodríguez. En 2005 la empresa pasó a llamarse Gasóleos Caldas y actualmente pertenece a Abuín Izquierdo, SL, una sociedad que está en manos de la madre y suegra de Pablo Vioque.

El siguiente contacto del actual delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra con el entramado empresarial que canaliza el multimillonario botín del narcotráfico en Galicia se produjo siete años después. José Alberto Aguín Magdalena, alias O Rubio de Aios, procesado a principios de los noventa en el marco de la Operación Nécora como número dos de la organización de Sito Miñanco, le compró directamente a Evaristo Juncal la empresa Enxeñería dos Recursos Enerxéticos, con la que el funcionario de la Xunta gestionaba una gasolinera en la ciudad de Pontevedra, en las inmediaciones de la iglesia de Lérez. "Lo de Aguín Magdalena me suena pero no lo de O Rubio de Aios. Cuando vendo, no conozco a la gente que viene. A él creo que nunca lo vi delante", se justifica Juncal.

El negocio entre el dirigente del PP y O Rubio de Aios se firmó en septiembre de 2002. Aguín Magdalena le compró a Evaristo Juncal la sociedad Enxeñería dos Recursos Enerxéticos a través de su promotora Alxopar Promociones. O Rubio de Aios ya había pasado entonces por la cárcel, condenado durante el sumario de la Operación Nécora por comerciar con bienes obtenidos gracias al tráfico de drogas.

Aguín Magdalena es hoy en día el administrador único de la empresa fundada por el presidente local del PP en Caldas de Reis y compatibiliza la gestión de la gasolinera de la parroquia pontevedresa de Lérez con la administración de Estación de Servicio Xesteira, en Cambados, y diversos negocios inmobiliarios. Los grupos municipales de PSOE y BNG en Sanxenxo llegaron a acusar en 2007 a la alcaldesa del PP, Catalina González, de favorecer la tramitación de una de las urbanizaciones promovidas por Aguín Magdalena, ubicada en la zona de Montalvo y que no contaba con estudio de impacto ambiental, por las buenas relaciones de este con su partido.

El negocio con Aguín Magdalena no fue el único que cerró Evaristo Juncal en septiembre de 2002 con personas vinculadas a clanes del narcotráfico. El dirigente del PP vendió en aquella fecha la empresa Tracidi, que había comprado para la construcción y gestión de minicentrales, a otra firma llamada Minicentrales 2000 cuyo administrador único era José Ramón Lores Sueiro - "no me suena de nada", asegura Evaristo Juncal-, que en 2007 fue sustituido en el cargo por tres personas muy cercanas al difunto capo Manuel Abal Feijóo, O Patoco, un discípulo de Sito Miñanco condenado por narcotráfico en 1998 y fallecido en accidente de tráfico en diciembre de 2008.

Los administradores de Tracidi son, desde 2007 y hasta la actualidad, según la documentación del Registro Mercantil, la viuda de O Patoco, María Luisa Vila Fabeiro, también condenada por narcotráfico, su tía Ramona Fabeiro Besada, y Gregorio García Tuñón, alias Yoyo, un constructor, marido de esta última, llamado a sustituir a O Patoco en el negocio cuando este murió, pero que fue detenido en abril de 2009. La viuda de Patoco era socia de Lores Sueiro al menos desde 2006 en la empresa Grupo Inmobiliario Eira, según consta en el Registro Mercantil.

Cinco meses después de vender estas dos empresas, Evaristo Juncal Carreira es designado candidato por el PP a la Alcaldía de Caldas de Reis para las municipales de mayo de 2003. Fue, explica el delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, una incursión "inesperada" en política porque, aunque es afiliado al PP desde la década de los ochenta, nunca "ha seguido" ese mundo." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2010, p. 1)

8.6.10

La OMS ocultó que sus expertos en gripe A cobraron de farmacéuticas

"La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue poco transparente. Según un estudio del British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el informe que instó a los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por valor de unos 6.000 millones de dólares (4.900 millones de euros).

Las críticas del British Medical Journal se suman a las del Consejo de Europa, que recientemente también acusó a la OMS de opacidad, aunque por otra razón: que los 16 miembros del comité de emergencia que asesoró durante la crisis a la directora del organismo, Margaret Chang, son secretos. (...)

Las pautas de la OMS que recomendaban a los Gobiernos almacenar Tamiflu y Relenza -los únicos dos fármacos antivirales eficaces contra el virus H1N1- fueron publicadas en 2004, y se apoyaban en publicaciones de los tres expertos ahora cuestionados. Estos tres científicos sí declararon sus lazos con la industria en sus papers (publicaciones científicas), pero la OMS no recogió esa declaración en el informe que entregó a los Gobiernos.

Los vínculos entre los científicos de la OMS y la industria fueron anteriores a 2004. Roche y Glaxo les pagaron por una serie de conferencias y consultas. También han intervenido en investigaciones pagadas por los laboratorios. Este tipo de vínculo es muy común. Los principales expertos intervienen en los ensayos clínicos financiados por la industria. Pero deben ser transparentes, y la OMS debió declararlos en su informe, según el BMJ." (El País, ed. Galicia, sociedad, 05/06/2010, p. 40)

7.6.10

Un ex alto cargo de CiU se embolsó 380.000 euros con la red Pretoria

"El caso Pretoria de presunta corrupción urbanística y blanqueo de capitales sigue salpicando a políticos y cargos de confianza en Cataluña. El ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme, nombrado por CiU, y hasta enero gerente de la empresa de urbanismo de la localidad de Tordera (Barcelona), Xavier Surinyach, se embolsó 380.686,15 euros en apenas un año a raíz de un pelotazo en la localidad costera de Sant Andreu de Llavaneres, una de las tres grandes operaciones que investiga la Audiencia Nacional.

La operación urbanística estaba pilotada por el presunto cerebro de la trama corrupta, Luis García Sáez, Luigi, que en solo 22 meses logró unas plusvalías de 3,44 millones de euros con la compraventa de unos terrenos en esa localidad. Según el sumario, para reunir la cantidad de dinero suficiente para la inversión inicial Luigi recurrió a la sociedad holandesa Ard-Choille y al ex gerente del consejo de la comarca en la que se ubica esa localidad, Xavier Surinyach; este participó en la operación a través de su hijo Jaume, que ya fue imputado en 2006 por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El pelotazo se produjo, y en tiempo casi récord, gracias a la intervención de Antonio Jiménez, entonces concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres e imputado también en la causa. Según la investigación, el edil modificó el plan de urbanismo para aumentar el volumen de viviendas que podían construirse en esos terrenos, con el objetivo de que se revalorizaran enseguida.

Surinyach, a través de su hijo, acudió primero a una ampliación de capital por 35.000 euros en la empresa Niesma Corporació, administrada por Luigi. Sin embargo, las aportaciones más significativas se realizaron a través de préstamos participativos, es decir, créditos que daban derecho a parte de los beneficios de la empresa. Según el sumario, tres compañías de Luigi sumaban el 50% de las participaciones de la sociedad; Ard Choille tenía el 33,3%, y el hijo de Xavier Surinyach, el 16,7%.

El ex gerente del consejo comarcal aportó un préstamo de 555.000 euros en 2004, que una vez llevado a cabo el pelotazo recuperó junto a unos intereses de 380.686,15 euros, de acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria incorporado a la investigación. En la compraventa intervinieron, además, dos ex altos cargos de Jordi Pujol, ambos imputados: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el urbanista Genís Carbó." (El País, ed. Galicia, 04/06/2010, p. 19)

4.6.10

Los geriátricos... para mi familia, que para eso soy el vicepresidente

"Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año.

Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores. (...)

Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.

La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.

La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.

Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.

Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.

En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.

A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).

El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social." (El País, ed. Galicia, España, 31/05/2010, p. 16)

Un ex concejal confiesa que cobró comisiones a promotores para el PP

"El cohecho se destinaba a financiar un partido independiente formado por concejales procedentes del grupo socialista, Move Gondomar, y la campaña del PP local en Montevideo. Así lo testificó ayer José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Gondomar, en el juicio oral que comenzó en Vigo por tres delitos de cohecho que se les imputan a él, al ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez y al arquitecto Borja Ramilo.

Los dos ex concejales y el arquitecto tenían previsto recaudar 960.000 euros, según el fiscal, por la calificación del suelo incluido en tres convenios que se iban a incorporar al plan general de urbanismo que a la sazón tramitaba el Ayuntamiento. El soborno se dirigía, en un caso, para que tuviera vía libre la edificación de un supermercado; en otro, para que su titular obtuviera una edificabilidad análoga a la del vecino, y en el tercero, para garantizar que la tramitación para construir en el solar llegara a buen término. Fue en este último caso donde los promotores, A Pousa SL, pusieron los hechos en conocimiento de la policía, que así inició las investigaciones a finales de 2006.

Mosquera rebajó las expectativas del cohecho a 540.000 euros (180.000 por cada convenio) y atribuyó a su compañero de grupo, Alejandro Gómez, de quien exaltó su experiencia y conocimientos en materia urbanística, la idea y dirección de toda la operación, en la que el concejal de Cultura, según su propio testimonio, habría actuado como mero "recadero" entre Gómez y el arquitecto Ramilo, quien ejercía de intermediario con el único interés de mantener su estatus profesional (encargos y cobros) en la zona.

La operación, según Mosquera, fue ideada ante la amenaza de que el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones locales de 2007, tesitura en la que los independientes escindidos del PSOE podrían jugar un papel determinante de apoyo al PP. Gómez, a su vez, personificaba la garantía que recibían los promotores de que los acuerdos serían respetados por la siguiente corporación, en la que seguiría como edil de Urbanismo." (El País, ed. Galicia, Galicia, 01/06/2010, p. 2/2)


"Financiaremos la ruptura del PSOE para que no impugne el plan general"
"Garantizamos que el PSOE no impugna [el plan general de urbanismo], financiamos la ruptura de los que se van y sólo les queda un concejal", afirma José Luis Mosquera, el ex concejal de Cultura de Gondomar, en una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil con el arquitecto Borja Ramilo, que le hace de intermediario. A cambio de los "35 ó 40 millones de pesetas" que propone requerir a los promotores inmobiliarios, Mosquera señala a Ramilo que tienen asegurada la incorporación de un convenio al plan general de urbanismo cuya aprobación inicial "está pactada" con una parte de los socialistas, así como "el cambio de cromos para que no voten en contra". (...)

En la medida que la recalificación del suelo -de rústico a urbanizable- de los tres convenios que se incluirían en el plan general no presentaba ninguna irregularidad, los requerimientos de los cohechos sólo se sustentaban en las garantías de que su tramitación culminaría sin trabas en la construcción prevista, según declaró en su turno el arquitecto Borja Ramilo. "A Vicente Alborch [cliente suyo que impulsaba otro de los convenios para instalar un Mercadona] me daba mucha vergüenza pedirle lo que me decían. Lo interpretó como un pago al Ayuntamiento", explicó el arquitecto. "Su interlocutor era Alejandro Gómez, no Mosquera", precisó el arquitecto. (...)

La novia de Mosquera, Belén Fernández, relató su cita con él en Vigo, el 14 de febrero de 2007. En un bar, Mosquera se entrevistó con alguien y le metió en el bolso un sobre. Ella volvió al aparcamiento donde había dejado su coche para volver a Gondomar, a la casa del concejal, pero en el aparcamiento irrumpieron la policía y Mosquera, absolutamente demacrado y descompuesto, sólo acertó a decir "¡el dinero, el dinero, el sobre!"... "Me pasaron 200.000 cosas por la cabeza. Pregunté qué estaba pasando y nadie me respondía". Los dos fueron detenidos." (El País, ed. Galicia, Galicia, 02/06/2010, p. 1/2)

Ediles del PSC y ex dirigentes de CiU protagonizan el mayor caso de corrupción de Cataluña

"Su base de operaciones era Santa Coloma de Gramenet, de 120.000 habitantes, uno de los municipios de menor renta per cápita de Cataluña.

La trama llegó a embolsarse 32 millones de euros en comisiones. Eran los años felices. Entre los políticos catalanes reinaba el convencimiento de que Cataluña había quedado al margen de la corrupción urbanística que ya hundía Ayuntamientos y llevaba a la cárcel a alcaldes de media España. Todo pasó sospechosamente inadvertido hasta que Baltasar Garzón desembarcó con la Guardia Civil en octubre pasado en la primera gran intervención en Cataluña del ex juez de la Audiencia Nacional desde 1992.

Los pelotazos de Luigi requerían de una amplia agenda de contactos de alcaldes, concejales, abogados y otros cargos públicos que se concentraban sobre todo en el área de Barcelona. Y sus negocios no entendían de colores políticos. En su etapa en el Parlamento catalán había fraguado amistad en las filas convergentes con el ex consejero de Economía Macià Alavedra. Y este, a su vez, le presentó al que fue secretario de Presidencia de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, para participar en varias operaciones urbanísticas durante la época del boom. Dos antiguos pesos pesados de CiU que también hacían sus negocios echando mano de su estatus de ex consejero.

La trama ha acabado salpicando casi por igual a los dos principales partidos catalanes. CiU ha visto caer del pedestal a Prenafeta y a Alavedra, dos de sus tótems. Al PSC le han torpedeado la flota más sólida de la que dispone, su red de alcaldes metropolitanos.

Pero ¿cómo logró un sindicalista llamado García tamaños contactos en la crema nacionalista catalana? "En su etapa de diputado ya apuntaba maneras; era buen orador y a veces parecía que trabajaba más para caer bien a los de Convergència que al propio partido", dice un dirigente histórico del PSC. "Luigi es el Correa catalán", dice sin reparos este socialista que ve en Luis García una copia de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Y hablaban el mismo idioma, el del dinero contante y sonante. De eso y de cómo mantener en el poder a los políticos que les ayudaban.

La relación entre el alcalde y Luigi viene de lejos, de cuando el conseguidor todavía militaba en el PSC y puso en marcha una empresa de gestión de servicios a Ayuntamientos que protagonizó una sonora quiebra. Fue entonces cuando la dirección del partido le expulsó y lanzó la consigna de romper cualquier relación con él. Bartu no cumplió. Tampoco lo hicieron otros alcaldes socialistas. Durante la bonanza inmobiliaria, la trama se embolsó 32,3 millones de euros en perjuicio de los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. La dinámica era siempre la misma: los consistorios aprobaban un proyecto que se paralizaba por algún motivo y después las Administraciones modificaban el plan urbanístico para beneficiar a la empresa promotora. Siempre había un contacto. En Santa Coloma, Luigi controlaba el Ayuntamiento; en Badalona, era amigo íntimo del consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, que también fue subdelegado del Gobierno en Menorca, y en Sant Andreu de Llavaneres, Antoni Jiménez, el concejal de Urbanismo, que había pasado por Santa Coloma. Tres pelotazos en toda regla que reportaron a Luigi más de ocho millones de euros, y a Alavedra y Prenafeta, 637.590 euros.

Luigi era, además, el alcalde de facto de Santa Coloma y dirigía con mano férrea la actividad de la constructora pública Gramepark. En una conversación intervenida, Luigi llegó a prometer al alcalde montarle una campaña como la de Obama, con comunidades de apoyo en Facebook y Twitter. El alcalde se lo agradece: "Sí, porque si lo tuvieran que hacer los míos [el PSC] vamos dados; me montarán la misma web de siempre, la porquería de siempre".

Esa cercanía fue su tabla de salvación tras la crisis inmobiliaria. Ahí hacía y deshacía a sus anchas: decidía adjudicaciones, amañaba concursos y fijaba las cantidades que debía recibir del Ayuntamiento. "Fantástico. A la mejor oferta del mejor amigo", le dice Luigi a un constructor.

Prenafeta y Alavedra picaban todavía más alto. Ambos ex dirigentes presionaron a consejeros y secretarios del tripartito para colar tres pelotazos. Lo lograron en dos casos: uno en El Prat de Llobregat y otro en Cerdanyola del Vallès. Para este último, Prenafeta requirió incluso de la ayuda del presidente de CiU, Artur Mas, quien lo puso en contacto con la concejal del partido en la localidad, que era contraria a los intereses de la trama. No fue la única ocasión en la que los ex dirigentes convergentes recurrieron a Mas. Y eso que eran conscientes del riesgo que entrañaba. "¡Coño!, a este niño al final no le dejaremos ganar las elecciones si hacemos el burro", le espetó en una ocasión Alavedra a su socio nacionalista.

Prenafeta quería endosarle, además, a la Generalitat por 89 millones un inmueble en la exclusiva zona de Diagonal Mar. Y durante más de un año y medio, él y Alavedra presionaron a los consejeros socialistas Antoni Castells y Joaquim Nadal. No les fue posible. Las llamadas y las presiones a Castells y a sus secretarios de departamento fueron constantes. Pero les salió un obstáculo: la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, insistía en convocar un concurso público. "A la que hay que apretar es a Trilla", decía Prenafeta al empresario. "Supongo que el concurso es para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro", le dice en otra llamada. Llegaron tarde, porque el tripartito concluyó que ya no había dinero para compras, lo cual no les impidió seguir intentándolo presionando el entorno de José Montilla. La última salida fue la de intentar que la Generalitat realizara una opción de compra, con el cálculo de que Artur Mas ganaría este año las elecciones y debería "cumplir". (El País, Domingo, 30/05/2010, p. 20/1)

3.6.10

El 'caso Sarah Ferguson' refleja la tolerancia con el pago de comisiones

"El tráfico de influencias sobrevive a una larga serie de escándalos en Reino Unid.

El último caso protagonizado por Sarah Ferguson es mucho más que una historia escandalosa o triste, según el color del cristal con que se mire. Es un reflejo de la tradicional tolerancia británica con el tráfico de influencias en su vida política y económica. Y también un síntoma del extraño papel que juega la familia real británica, incapaz de convertir en personas normales tanto a sus miembros más relevantes, desde el príncipe Carlos al príncipe Andrés, como a los más secundarios, como la propia duquesa de York.

El hecho de que Sarah Ferguson fuera filmada de forma encubierta por un periodista camuflado de empresario vendiéndole por medio millón de libras (585.000 euros) el acceso a su ex marido, el príncipe Andrés, ha desatado una confusa cadena de reacciones contradictorias. (...)

Pero se entra menos en el problema de fondo que refleja este asunto: el pago de comisiones en un puro caso de tráfico de influencias. Una vez que los portavoces reales han puntualizado que el príncipe Andrés no sabía nada de esa turbia entrevista, a pesar de que Sarah Ferguson ha dejado entrever que su ex marido la asesoró incluso sobre la cantidad que debía pedir, todo parece reducirse al melodrama personal de la duquesa de York. Pero, ¿realmente puede alguien pedir tanto dinero para tener acceso al príncipe Andrés? ¿Tanta es la influencia de su cargo de Representante Especial para el Comercio e Inversiones Internacionales de Reino Unido?

Es decir, porque cobrar por ejercer el tráfico de influencias se considera algo bastante normal.

En los últimos años se han ido sucediendo escándalos muy parecidos que nunca han pasado de los aspavientos momentáneos, sobre todo si tenían tintes políticos. El último ocurrió hace justo dos meses, cuando tres ex ministros y entonces todavía diputados laboristas fueron grabados de forma encubierta por periodistas de The Times ofreciéndose a mediar ante ministros del Gobierno a cambio de dinero: las tarifas de Geoff Hoon, Stephen Byers y Patricia Hewitt oscilaban entre los 3.500 y los 6.000 euros diarios. "Soy como un taxi libre", llegó a bromear uno de ellos.

Ninguno de ellos ha sido procesado. El problema es la ambigüedad de la ley, que acepta el tráfico de influencias, la famosa figura del lobbista, aunque prohíbe que un ministro cobre por cambiar su política. Se puede cobrar por intentar cambiarla pero no por cambiarla." (El País, ed. Galicia, internacinal, 26/05/2010, p. 3)

2.6.10

La policía desmantela un fraude masivo para cobrar el paro

"La policía detuvo ayer en Granada a 83 personas en relación con un supuesto fraude de alrededor de tres millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público Estatal de Empleo. Según informó el Ministerio de Trabajo, el presunto delito consistía en que empresas de la construcción con nula o escasa actividad daban de alta a supuestos trabajadores durante el tiempo mínimo exigido por ley para poder cobrar después una prestación social. La Operación Nota guarda bastantes similitudes con la denominada Genil, en la que fueron imputadas más de 1.700 personas en diciembre de 2008 y que aún está en fase de instrucción. (...)

Los empleados, según fuentes del caso, también habrían pagado aquí una cantidad de dinero por conseguir el alta en alguna de las cuatro empresas ficticias y poder después cobrar el paro.

En total, dieron de alta a 175 trabajadores de los que 142 cobraron prestaciones y subsidios por desempleo por un importe de 850.000 euros. Las empresas incumplían con la cotización a la Seguridad Social con un descubierto de 1,4 millones de euros. El responsable de las empresas vendió facturas falsas por operaciones simuladas por importe de 735.000 euros. La operación continúa y no se descartan nuevas detenciones." (El País, ed. Galicia, España, 29/05/2010, p. 26)

Oposiciones falseadas. Los de 'Pretoria' también 'apañaban' exámenes

"La transcripción de algunas conversaciones telefónicas que figuran en el sumario del caso Pretoria indican que algunos de los implicados influían -o al menos intentaban influir- en los exámenes para acceder a algunos puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

En una de esas conversaciones, de mayo de 2009, el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el director gerente de servicios, Pascual Vela, ambos imputados en el caso Pretoria de corrupción urbanística, hablan sobre los exámenes de unas oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento, y el alcalde quiere garantías de que una determinada persona apruebe esas oposiciones.

El alcalde se interesa por los miembros del tribunal, y Vela le explica quiénes son y le informa que un determinado profesor, que había impartido unos cursos de formación a los opositores, corregirá los exámenes. Entonces, Muñoz pregunta: "A este profesor, ¿quién le paga?". Y Vela contesta: "¿A este profesor quién le paga? Nosotros, nosotros".

Y sobre las posibilidades de presionar a este profesor, Vela dice que "el problema está en que quien corrige los exámenes esta vez es el que les dio las clases, y entonces Muñoz le pregunta: Sí, pero este tío querrá seguir dando clases, digo yo.¿No?".

Muñoz y Vela también analizan las posibilidades de que algunos de los opositores sea suspendido para que su candidato tenga garantizado el puesto, e incluso se refieren, por su nombre, al que debe ser suspendido, pero el alcalde plantea un problema: "Pero este tío estuvo en nuestras listas hace años, ¿no?". Vela contesta: "Sí, pero, bueno. La g ente se estropea de la cabeza, independientemente de donde esté".

En cualquier caso, Muñoz le insiste a Vela para que se ocupe de esta cuestión: "Vigílamelo, vigílamelo". Ante esta petición Vela contesta al alcalde: "Estamos encima. Estamos absolutamente encima". (e-noticìes, 01/06/2010)