La banda operaba en Cataluña pero tenía ramificaciones en diversas poblaciones españolas. La red empresarial -constituida por 70 sociedades con un volumen de facturación cercano a los 300 millones- funcionaba desde hacía cinco años y se dedicaba al fraude fiscal de los impuestos del IVA y de sociedades.
Los agentes necesitaron dos años de investigación para desentrañar la arquitectura de la red, que funcionaba de forma piramidal. En la cúspide estaba Pedro B. S., un empresario catalán de 60 años que ya fue imputado en 1990 por una estafa idéntica. Él y sus sociedades emitían facturas falsas a otras empresas de la trama que necesitaban reducir el importe de los impuestos que pagaban. Para ello, simulaban la adquisición de bienes y servicios. En contrapartida, Pedro B. S. y los suyos recibían una comisión cercana al 5% por cada factura falsa." (El País, ed. Galicia, España, 24/12/2009, p. 15)
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