Al lado de Marbella, Estepona

"Golpe a la corrupción en estepota. Detenidos el alcalde, socialista, y 24 implicados más entre concejales, altos cargos municipales y constructores.

El alcalde de Estepona (Málaga, 60.328 habitantes), Antonio Barrientos, del PSOE, y otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios, sobre todo de la construcción, fueron detenidos ayer en la última operación policial contra la corrupción urbanística. Dos años y tres meses después de que la Costa del Sol se viera sobresaltada por la Operación Malaya, que se centró en Marbella, ayer le llegó el turno a su localidad vecina. En Estepona y su Ayuntamiento el Grupo Independiente Liberal (GIL), del fallecido Jesús Gil, tendió sus tentáculos y sus métodos desde la década de los noventa. (…)

Los agentes reclamaron información sobre convenios con la promotora Valle Romano, que durante años ha patrocinado distintas actividades culturales y deportivas en la localidad. Según fuentes de la investigación, tres de los arrestados pertenecen a esta empresa, entre ellos Luis Fernando Linares, su consejero delegado.

Otra compañía que ha despertado el interés de la policía es la constructora cordobesa Prasa. José Romero, su presidente y máximo accionista del Córdoba CF, también ha sido arrestado. Prasa acordó en noviembre la demolición de la estructura de un hotel que había construido invadiendo zona de dominio público marítimo-terrestre y sin licencia en 1996, cuando el GIL gobernaba Estepona. En la parte empresarial también han sido arrestados el responsable de la empresa Bazán Agrojardín, que hizo una gran fortuna en tiempos del gilismo; uno de los socios de la empresa de arquitectura Codelsa, muy vinculada al ayuntamiento, y dos abogados de Bilbao, que fueron arrestados en la capital vizcaína. (…)

También hubo arrestos entre el personal técnico y entre los altos cargos municipales. Los agentes detuvieron a José Flores, jefe de gabinete de alcaldía; Javier W., jefe de área de Urbanismo, encargado de las valoraciones de fincas para los convenios; Pedro López, ex coordinador de Urbanismo con los ex gilistas, considerado por el cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, como "uno de los suyos".

Otro detenido destacado es el arquitecto municipal Arturo Cebrián. En el sumario del caso Hidalgo por blanqueo de capitales, los agentes descubrieron que Cebrián formaba parte de las sociedades vendedoras de unos terrenos sobre los que tenía que informar para el ayuntamiento. Cebrián estaba en tratos con Jan Nadir, uno de los imputados en el caso Hidalgo. Barrientos apartó al arquitecto de su puesto en febrero de 2008. (El País, ed. Galicia, España, 18/06/2008, p. 13)

“Esta ciudad vecina a Marbella ha tenido un desarrollo más tardío que el resto de la Costa del Sol, y por ello llegó al último boom inmobiliario con mucho suelo disponible, lo que resultó atractivo, por ejemplo, para que el Grupo Independiente Liberal (GIL) iniciara en Estepona su expansión. En 1995, Jesús Gil Marín, hijo del fundador del peculiar partido, logró la alcaldía por mayoría absoluta. Sólo gobernó cuatro años, suficientes para dejar de herencia, entre otros desastres, 24 millones de euros gastados sin justificar, según el Tribunal de Cuentas, y una duradera inestabilidad política.” (El País, ed. Galicia, España, 18/06/2008, p. 14)

“La trama corrupta de Estepona financió a partidos con las comisiones ilegales. El alcalde socialista y dos ediles manejaron una 'caja b' con el dinero obtenido. El Ayuntamiento contrató sin concurso a amigos y parientes de los concejales.

La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES). Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías. (…)

Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. (…)

Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenía distintos orígenes, todos ilegales:

- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.

- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.

- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.

- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.

- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.

- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.

TODOS LOS DETENIDOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE ESTEPONA Y SUS CARGOS

Bloque político:

Los delitos en que ha podido incurrir el colectivo de políticos imputados son los siguientes: doble contabilidad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación, falsedad cometida por funcionario público, asesoramiento prohibido, uso de información privilegiada, aceptación de nombramiento ilegal, nombramiento ilegal, revelación de secretos, negociaciones fraudulentas.-

Antonio Barrientos, alcalde, del PSOE.- Francisco Zamorano, concejal de Economía y Hacienda, portavoz del PSOE y ex senador.- Marisa Rodríguez, concejala socialista de Playas.- Asunción López, concejal socialista de Cultura.- María Victoria López Cabezón, concejal socialista de Educación.- Manuel Reina, concejal del PES (antiguo responsable de Hacienda).- José Ignacio Crespo, concejal del PES.

Técnicos municipales y abogados:

La mayoría, acusada de tráfico de influencias, cohecho, uso de información privilegiada, participación en nombramientos ilegales, falsedad cometida por funcionarios, alteración de precios en concursos y subastas, blanqueo de capitales, actividad profesional prohibida, asesoramiento prohibido, delitos contra la ordenación del territorio, edificaciones ilegales.- José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía.- Arturo Cebrián, arquitecto municipal.- Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo (en libertad con cargos).- Juan Simón, arquitecto municipal.- Pedro López, ex gerente de Urbanismo.- Javier Wittmeur, ingeniero de Obras Públicas, candidato en las últimas elecciones del PES.- Ignacio de la Hoz, coordinador del Plan General (libertad bajo fianza de 50.000 euros).- Manuel Barroso, abogado.- Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo (en libertad, fianza de 30.000 euros).

Promotores y constructores:

La mayoría, acusada de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particulares, falsedad documental, blanqueo de capitales.- José Romero, presidente de la promotora Prasa (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Vicente y Félix Delgado, dueños de la constructora Codelsa (libertad bajo fianza de 100.000 euros).- José Antonio Bazán, dueño de Agrojardín (en libertad bajo fianza de 300.000 euros).- Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Enrique González Ceano, dueño de la empresa que gestionó la última campaña del PSOE (libertad sin fianza).- José Luis Cabas, empresario (en libertad con fianza de 30.000 euros).- Manuel de la Cruz, empresario (libertad sin fianza, pero con cargos).- Daniel Delgado y Armando Pérez, abogados de Valle Romano (en libertad con fianza de 100.000 euros).” (El País, ed. Galicia, España, 19/06/2008, p. 13)