"Fue un verdadero terremoto político y social con epicentro en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo. En el año 2011, en plena crisis económica internacional y cuando los recortes presupuestarios amenazaban las cuentas públicas a todos los niveles y el paro seguía disparado, la jueza Pilar de Lara lanzaba la llamada operación Pokémon.
El nombre de la operación vino dado por uno de los lemas del manga y videojuego japonés: "¡Hazte con todos!". Esa sería la intención de las empresas del grupo empresarial Véndex sobre contratos públicos con ayuntamientos gallegos de todo signo político, a los que en aquellos años de crisis e indignación social la instrucción de la jueza De Lara retrató como administraciones propicias para la corrupción, desde las alcaldías a los despachos del funcionariado.
Ha pasado ya casi media década y media. Y más de cuatro años desde que Pilar de Lara perdió su plaza en Lugo –actualmente ejerce en Ponferrada– a consecuencia de la sanción que le impuso el Poder Judicial por retrasar y acumular macrocausas. La principal de ellas era precisamente Pokémon, con sus incontables ramas que convulsionaron la política gallega. La considerada pieza principal o central, la que dio origen de uno o de otro modo a las demás, quedó resuelta finalmente a finales de junio con condenas relativamente menores pactadas con los acusados y escaso eco más allá de Lugo.
La pieza en cuestión fue la que enjuició la concesión ilegal del servicio de la grúa municipal del Ayuntamiento de Lugo en el año 2005 a la empresa asturiana Cechalva a través de un concurso público que, según quedó acreditado en el procedimiento, estaba amañado. El entonces concejal socialista y teniente de la alcaldía, Francisco Fernández Liñares era la pieza clave de la operación. Junto a él, un funcionario y un empresario lucense que contrataba habitualmente con el consistorio; ambos pasaron a ser copropietarios de Cechalva hasta controlar el 50% de la compañía y guiarla por un proceso hecho a medida.
Siempre según el relato de hechos probados incluido en la sentencia y aceptado por los condenados mediante conformidad, la contrapartida por el concurso amañado era "abonar en efectivo a cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento como gratificación por la adjudicación del servicio". El funcionario implicado, Javier R., mantenía que "irían destinados al alcalde de Lugo", entonces el socialista Xosé López Orozco, pero "realmente, las cantidades iban destinadas" a Liñares.
"Para tener dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos y poder repartir entre ellos otras cantidades de dinero", continúa la sentencia, desde que Cechalva comenzó a operar en Lugo "diseñó y ejecutó" un sistema con "dos contabilidades diferentes". Una caja b basada en facturas falsas de múltiples empresas de la ciudad. Así sucedió hasta el año 2012.
En el caso de los pagos de 2.000 euros mensuales, indica el fallo judicial, fueron realizados desde 2006 y hasta julio de 2010. En total, 110.000 euros destinados a entregarse a Liñares "sin que exista constancia de que una parte de esa cantidad estuviera destinada a otras personas diferentes" –Orozco fue exonerado en este procedimiento en el final de la instrucción, como en todos los demás que le afectaban–. Además, "no puede descartarse" que el funcionario encargado del transporte del dinero no se "apropiara" cuando menos "de una parte".
Por todos estos hechos, las condenas pactadas alcanzan a once personas y dos empresas (Cechalva y Sanle). Las encabeza Liñares, actualmente en prisión por la condena que ya recibió en otra causa, considerado culpable de violación de secretos (seis meses de prisión), cohecho (un año), prevaricación (inhabilitación por dos años) y blanqueo (un año de prisión y multa de 75.000 euros). Según explicó su abogado a la prensa, esta condena no implicará que pase más tiempo en la cárcel.
El resto de condenas acordadas tampoco implicarán nuevas entradas en la cárcel. Entre otras razones, esto sucede porque "concurre respecto de todos los acusados la circunstancia atenuante por dilación extraordinaria del procedimiento", en su vertiente "muy cualificada", dada la enorme extensión del caso, durante más de una década.
Todo esto sucede después de que, como ya fue quedando acreditado en otras piezas de la operación, las mismas inconcreciones y dilaciones de la instrucción judicial propiciaron
la exoneración de la empresa señalada como centro de la trama, Véndex.
Del mismo modo, la enorme extensión de las pesquisas lanzadas por De
Lara dio lugar a que uno de los señalados como líder de la trama en su
parte empresarial, Gervasio R., se volviera ininputable por razones de salud." (David Lombao, InfoLibre, 08/07/24)
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