"La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha librado a
la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno de
una multa millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre ha
vuelto a poner bajo el foco a este órgano fiscalizador. Actualmente está
controlada por el Partido Popular que tiene la mayoría del consejo y
que ostenta la presidencia y el órgano de gobierno en su totalidad. La absolución de Botella, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas, una exministra de José María Aznar, marido de la exregidora de la capital.
El Tribunal de Cuentas es quien vigila la
contabilidad de los partidos, de sus fundaciones y de los organismos
públicos. Y aunque reciba el nombre de "tribunal" no es un órgano
judicial, ya que no depende del Consejo General del Poder Judicial. El
ente que vigila la financiación de los partidos, y si sus actos al
frente de las instituciones se hacen de manera correcta, está controlado
por los propios partidos: sus doce consejeros los nombra el Congreso y
el Senado. Tras la elección, ostentan el cargo durante nueve años con
altas probabilidades de repetir.
El
Tribunal de Cuentas es, por ley, "el supremo órgano fiscalizador de las
cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público" y le
corresponde "en exclusiva" el control de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos y el enjuiciamiento de la
responsabilidad contable. Las cuentas de las organizaciones políticas
por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria,
sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en
este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.
La última elección de los doce consejeros que
conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta
2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel
Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a
parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros,
revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en
primera instancia.
Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno,
también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta
del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es
consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas
en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha
sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.
La presidencia del órgano desde 2018 es María José de
la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón
Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y
Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años,
Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la
institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984.
No es el único
miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto,
también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de
polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas
contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.
El índice de rotación de los consejeros por tanto
acaba siendo muy bajo y estos gozan de unas condiciones laborales muy
ventajosas. Su salario anual asciende a 119.480,34 euros,
según recoge en el BOE, a los que se suman otros 6.000 euros para
gastos y los trienios que vayan acumulando. También tienen coche oficial
y dos secretarias.
En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal
de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece, y la que más poder
tiene en el organismo, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó
a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una
jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE
impusieron la configuración. Una vez que abandonan el cargo, tienen
derecho a una pensión indemnizatoria del 80% de su retribución (que
incluye los trienios) durante un máximo de 24 mensualidades.
Nepotismo
Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen
los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis
reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la
plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El
País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de
Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos
del organismo y antiguos consejeros.
Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo
protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta
2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del
organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina
Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera
su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un
hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro,
y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente
lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).
En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de
nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector
Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.
Otro de las sospechas que han sobrevolado sobre el
Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones
la fiscalización que ha realizado sobre los partidos.
Un ejemplo de ello
se produjo en 2013, cuando la fiscalización de las cuentas de los
partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles
irregularidades que hubiera podido detectar de las cuentas de 2008 de
las formaciones políticas, auditadas cinco años después, habrían
prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción
de cuatro años para los delitos de financiación irregular. Ese retraso
de cinco años se ha subsanado ligeramente los últimos años.
La trayectoria de los que han absuelto a Botella
El enésimo escándalo en el Tribunal de Cuentas lo han
preguntado dos consejeros del PP que han absuelto a Botella y a otros
cargos de su gobierno también del mismo partido. Una de las consejeras
es Margarita Mariscal de Gante, que fue nombrada en 1996 ministra de
Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno
del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia
primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el
23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal
de Cuentas a propuesta del PP.
José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante
del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno
este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en
2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella,
nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además
miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le
convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del
organismo público.
La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de
Cuentas no ha estado exenta de polémica y las sospechas de enchufismo
también han recaído sobre el consejero. En abril de este año, la sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un
nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público.
En concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de
Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada por el Supremo fue
avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP
tienen en el Tribunal de Cuentas." (Fátima Caballero, eldiario.es, 18/07/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario