"Las frases anteriores forman parte de una de las
grabaciones entregadas en la fiscalía. En concreto alude a una
conversación entre el magistrado Alba
y el presidente del TSJC, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La
conversación tuvo lugar en el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia
de Las Palmas el 31 de octubre de 2016. Doreste le indica que tiene un
recado para él de una persona "que es muy poderosa" y que traduce de la
siguiente forma: "Viene a decir, 'que me deje tranquilo y yo lo dejo
tranquilo [a él]...". Doreste afirma no recordar esa conversación.
Lo que supuestamente pretende con ese recado el
presidente del TSJC, que dice hablar en nombre de un tercero "poderoso",
es que Alba retire una denuncia que a título personal le puso a Ramírez
por "falsedad y tráfico de influencias" y también por, supuestamente,
"manipular" otra grabación oculta hecha por Ramírez durante un encuentro
extrajudicial con Alba.
En su encuentro con Doreste, cuya grabación se reproduce en el encabezamiento de esta información, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) indica a Alba que le transmite el recado de esa tercera persona "poderosa", que también define como "sería y de alto nivel", porque esta posee información que le compromete. Lo que el juez Alba interpreta como "una amenaza", y así lo expone en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
La denuncia de Alba ocupa 14 folios y contiene abundante documentación junto con grabaciones que supuestamente revelan amistades y connivencias entre el empresario Ramírez y magistrados de las islas. Ramírez se jacta en una de las grabaciones de ser amigo y ejercer influencia sobre altas autoridades judiciales de Canarias (incluso cita sus nombres) a los que asegura haber invitado a eventos y al palco de su equipo de fútbol.
En una de las grabaciones aportadas por Alba a la fiscalía general, el presidente de TSJC le indica que sabe que esa persona "poderosa" en nombre de la cual le habla tiene información sobre él de cuando fue estudiante en Italia. "Sí, yo fui Erasmus en Italia, después no he vuelto a ir... yo hice barbaridades... con 19 o 20 años", se ríe el juez Alba en la grabación al escuchar el mensaje de Doreste.
- "¿Tú tienes por ahí algo bien escondido que este tío te pueda coger?", le pregunta también Doreste.
- "¡No creo, pero bueno!", replica Alba.
Doreste insiste a Alba en que está
preocupado por si tiene "algo por ahí escondido (...) y que lo saquen".
"Yo que sé, yo no sé tu vida, macho, a lo mejor tienes por ahí un novio
marroquí...", le sugiere Doreste. El juez Alba contesta riéndose e
ironiza: "¡Sííí... un novio marroquí, que me daba!... jejeje".
-"Bueno, yo te mando el mensaje. Te lo digo hoy porque el miércoles es el día clave. A lo mejor te convendría ponerte malo o algo..." [ese miércoles el juez Alba estaba citado para ratificar su denuncia contra Ramírez por la supuesta manipulación de la grabación].
- "¿Tú sabes lo que le ha pasado a Nicolás González Cuellar [abogado de Alba]?
Le han pegado una paliza", apunta el juez Alba.
- "¿Sí?, ¿le han pegado? Pues a lo mejor...", indica Doreste.
- "¿Cómo que a lo mejor? Que le han pegado una paliza... que le han roto una muñeca y se tiene que operar...", matiza Alba.
- "¿Sabes quién? Digo que a lo mejor porque... ¿qué te crees que estoy diciendo..."
- "Pues yo lo he pensando, lo he pensado....", zanja el juez Alba.
Este periódico contactó con Doreste y le informó de la grabación y su contenido. Al respecto, indicó que ha hablado en distintas ocasiones con el juez Alba, pero que "hace ya tiempo" y que "no recordaba esa conversación".
Según el juez Alba, el presidente del TSJC le presionó de esta forma para que retirase una denuncia que él interpuso contra Ramírez después de que este empresario grabase un encuentro extrajudicial que mantuvieron ambos el 16 de marzo de 2016.
En esa fecha Alba investigaba, al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, a Ramírez por varias infracciones penales: delito fiscal y un supuesto fraude de 2,6 millones a la Seguridad Social, y sobre el empresario pesaba una fianza de 17 millones que le impuso Alba, con algunas cuentas bloqueadas.
Ramírez grabó el encuentro extrajudicial con el juez Alba y parte del diálogo fue difundido por la prensa. Y Alba se querelló contra Ramírez por supuestamente "manipular" esa grabación y falsear su contenido. En esa grabación, Ramírez comenta a Alba que tiene datos comprometidos de su antecesora en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell en relación con supuestos negocios comerciales entre Ramírez y la pareja sentimental de la juez.
Y, además, también describe Ramírez sus buenas relaciones con altas autoridades judiciales de las islas. Asimismo, hay un pasaje de la grabación en el que Alba le indica que le va a citar a declarar "con luz y taquígrafos" para interrogarle sobre lo que le ha contado durante el encuentro extrajudicial, que según Alba se efectuó a instancias del abogado de Ramírez.
Alba asegura que, tras querellarse contra Ramírez por "la manipulación" de la grabación (el asunto lo lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas), el presidente del TSJC empezó a visitarle "constantemente" para que retirase la querella. "Para presionarme y dirigir mi actuación procesal" y con el propósito de que retirase la denuncia contra Ramírez, "lo que finalmente hice por miedo", destaca el juez Alba.
Y añade: "Ha llegado a transmitirme amenazas literales del empresario e investigado, don Miguel Ángel Ramírez Alonso, tales como que ‘me está investigando’, ‘me está espiando’ y que ‘ha accedido a mi correo electrónico personal’ para buscar unos datos que sacará a la luz para perjudicarme”.
La primera que empezó a investigar al empresario Ramírez, desde el Juzgado 8 de Las Palmas, fue Rosell, pero esta dejó el juzgado para convertirse en diputada de Podemos y la sustituyó el juez Alba.
Se dio la circunstancia de que la juez Rosell denunció también al juez Alba por haber mantenido el citado encuentro extrajudicial con Ramírez en relación con ella y su pareja.
La denuncia de Rosell acabó en la Sala Pena y Civil del Tribunal Superior de Canarias, que preside el juez Doreste. Y fue esta sala la que decidió investigar al juez Alba tras la denuncia de la juez Rosell. Esta le acusa de falsedad y de supuestamente haber asesorado extrajudicialmente a Ramírez para perjudicarla profesionalmente.
Por este motivo, el fiscal pide ahora al juez Alba 10 años de cárcel y se enfrenta a un juicio por cuatro delitos, entre ellos prevaricación. Alba niega haber intentado perjudicar a la juez Rosell. E insiste en que accedió a reunirse con Ramírez a petición del abogado de este y señala que informó del mismo a sus superiores del Consejo del Poder Judicial y al presidente del Tribunal Superior.
La biografía del empresario Miguel Ángel Ramírez
parece escrita para hacer las delicias de un periodista. Imagínense: un
tipo surgido de la nada que se encarama a la cima de un millonario
negocio, la seguridad. O, lo que es lo mismo, un outsider que se hace un hueco en un coto de hienas y puertas giratorias.
Pero frente a este relato oficioso -el del hombre hecho a sí mismo que se rebela contra el ascensor social- se amaga una presunta cara B: la del ventajista que hace fortuna a costa de exprimir a sus trabajadores y la proximidad a los cenáculos del poder poder popular.
La historia de Ramírez comienza a escribirse en una desconchada casa del barrio de Tamaraceite, a las afueras de Las Palmas, donde se cría. Durante su adolescencia este hombre corpulento de 49 años y aureola de encantador de serpientes, hace de todo: vende fruta, limpia coches, trabaja de chófer, de guardaespaldas…
Sin acabar el instituto, enfila su futuro. Y concibe en 1995 el corazón de su imperio, Seguridad Integral Canaria (SIC), una legión que hoy pilota 3.000 vigilantes y factura 92 millones. La compañía se hace célebre por pulverizar los precios ante la administración. Y encadena 200 millones en adjudicaciones públicas. Desde el Ministerio de Defensa, que le adjudica 36,3 millones, a Correos (31).
Los críticos de Ramírez conectan pronto la estela de éxito del self made man canario con una presunta proximidad al PP. Ponen como ejemplo que una de las sociedades donde el empresario figuró como apoderado donó 150.000 euros a los conservadores. Y que Juan Manuel Soria asistió cuando era ministro a la inauguración de un concesionario de BMW del patrón de los vigilantes.
En 2013 las sospechas contra nuestro hombre adquieren un cariz más serio. El sindicato FTSP-USO denuncia a Ramírez por reventar los precios de los concursos públicos esquilmando las nóminas y eludiendo impuestos. La treta habría permitido al empresario ahorrarse 14 millones en contribuciones a la Seguridad Social y Hacienda.
Ramírez atribuye sus embrollos judiciales a las maniobras de los gigantes de la seguridad para desbancarle de un coto cerrado. Y contrata para su defensa a un letrado de campanillas, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán.
Pero antes de este episodio, que todavía sobrevuela en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, Ramírez pisa otro charco. Se construye una pajarera, una pérgola y dos aparcamientos en su casa de 40.000 metros en La Milagrosa, un valle protegido a las afueras de Las Palmas. La Guardia Civil precinta las obras. Y un juzgado le condena a tres años de cárcel por delito urbanístico.
El rey de la seguridad low cost, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, no pisa la prisión. El Gobierno del PP le indulta. “Ni a uno de ETA le tratan como a mí”, se quejaba el pasado año pasado el patrón a este periódico. Quizá era consciente de que el milagro de su éxito estaba ya entredicho." (José Antonio hernández, El País, 31/05/18)
En su encuentro con Doreste, cuya grabación se reproduce en el encabezamiento de esta información, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) indica a Alba que le transmite el recado de esa tercera persona "poderosa", que también define como "sería y de alto nivel", porque esta posee información que le compromete. Lo que el juez Alba interpreta como "una amenaza", y así lo expone en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
La denuncia de Alba ocupa 14 folios y contiene abundante documentación junto con grabaciones que supuestamente revelan amistades y connivencias entre el empresario Ramírez y magistrados de las islas. Ramírez se jacta en una de las grabaciones de ser amigo y ejercer influencia sobre altas autoridades judiciales de Canarias (incluso cita sus nombres) a los que asegura haber invitado a eventos y al palco de su equipo de fútbol.
En una de las grabaciones aportadas por Alba a la fiscalía general, el presidente de TSJC le indica que sabe que esa persona "poderosa" en nombre de la cual le habla tiene información sobre él de cuando fue estudiante en Italia. "Sí, yo fui Erasmus en Italia, después no he vuelto a ir... yo hice barbaridades... con 19 o 20 años", se ríe el juez Alba en la grabación al escuchar el mensaje de Doreste.
- "¿Tú tienes por ahí algo bien escondido que este tío te pueda coger?", le pregunta también Doreste.
- "¡No creo, pero bueno!", replica Alba.
La Fiscalía de Canarias pide ahora 10 años de prisión
para Alba por varios delitos que supuestamente cometió durante el
tiempo que tramitó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas la causa
contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Se le atribuye haberse
reunido extrajudicialmente con Ramírez, tras hacerse cargo de este
juzgado en sustitución de su colega y exdiputada de Podemos Victoria
Rosell, para animarle a que aportase pruebas incriminatorias contra esta
juez porque no se había abstenido en el sumario de Ramírez.
Y ello pese a que, según explica el juez Alba, Ramírez mantenía relaciones comerciales con la pareja sentimental de la juez. Se trata de Carlos Sosa, director del periódico digitalcanariasahora.com. Sosa declaró a la prensa tras saltar el escándalo que nunca tuvo relación societaria con Ramírez y que los contratos que firmó con él fueron en calidad de directivo de un conglomerado de medios de comunicación a los que Ramírez dio préstamos que luego canjeó por publicidad. Afirmó que él solo era un empleado de esas firmas.
Y ello pese a que, según explica el juez Alba, Ramírez mantenía relaciones comerciales con la pareja sentimental de la juez. Se trata de Carlos Sosa, director del periódico digitalcanariasahora.com. Sosa declaró a la prensa tras saltar el escándalo que nunca tuvo relación societaria con Ramírez y que los contratos que firmó con él fueron en calidad de directivo de un conglomerado de medios de comunicación a los que Ramírez dio préstamos que luego canjeó por publicidad. Afirmó que él solo era un empleado de esas firmas.
-"Bueno, yo te mando el mensaje. Te lo digo hoy porque el miércoles es el día clave. A lo mejor te convendría ponerte malo o algo..." [ese miércoles el juez Alba estaba citado para ratificar su denuncia contra Ramírez por la supuesta manipulación de la grabación].
- "¿Tú sabes lo que le ha pasado a Nicolás González Cuellar [abogado de Alba]?
Le han pegado una paliza", apunta el juez Alba.
- "¿Sí?, ¿le han pegado? Pues a lo mejor...", indica Doreste.
- "¿Cómo que a lo mejor? Que le han pegado una paliza... que le han roto una muñeca y se tiene que operar...", matiza Alba.
El juez Alba asegura que ha decidido acudir a la
Fiscalía General del Estado por entender que la relación de amistad de
Ramírez con algunos de sus colegas de Canarias (de la que se jacta el
empresario en la reunión extrajudicial grabada) ha llevado a estos a
perder la imparcialidad en la causa propiciada contra él por su colega
Rosell.
Añade, por ejemplo, que la juez Rosell, tras abandonar Podemos, volvió al juzgado 8 y ahora sigue llevando la causa de Ramírez.
Añade, por ejemplo, que la juez Rosell, tras abandonar Podemos, volvió al juzgado 8 y ahora sigue llevando la causa de Ramírez.
- "Pues yo lo he pensando, lo he pensado....", zanja el juez Alba.
Este periódico contactó con Doreste y le informó de la grabación y su contenido. Al respecto, indicó que ha hablado en distintas ocasiones con el juez Alba, pero que "hace ya tiempo" y que "no recordaba esa conversación".
Según el juez Alba, el presidente del TSJC le presionó de esta forma para que retirase una denuncia que él interpuso contra Ramírez después de que este empresario grabase un encuentro extrajudicial que mantuvieron ambos el 16 de marzo de 2016.
En esa fecha Alba investigaba, al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, a Ramírez por varias infracciones penales: delito fiscal y un supuesto fraude de 2,6 millones a la Seguridad Social, y sobre el empresario pesaba una fianza de 17 millones que le impuso Alba, con algunas cuentas bloqueadas.
Ramírez grabó el encuentro extrajudicial con el juez Alba y parte del diálogo fue difundido por la prensa. Y Alba se querelló contra Ramírez por supuestamente "manipular" esa grabación y falsear su contenido. En esa grabación, Ramírez comenta a Alba que tiene datos comprometidos de su antecesora en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, la juez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell en relación con supuestos negocios comerciales entre Ramírez y la pareja sentimental de la juez.
Y, además, también describe Ramírez sus buenas relaciones con altas autoridades judiciales de las islas. Asimismo, hay un pasaje de la grabación en el que Alba le indica que le va a citar a declarar "con luz y taquígrafos" para interrogarle sobre lo que le ha contado durante el encuentro extrajudicial, que según Alba se efectuó a instancias del abogado de Ramírez.
Alba asegura que, tras querellarse contra Ramírez por "la manipulación" de la grabación (el asunto lo lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas), el presidente del TSJC empezó a visitarle "constantemente" para que retirase la querella. "Para presionarme y dirigir mi actuación procesal" y con el propósito de que retirase la denuncia contra Ramírez, "lo que finalmente hice por miedo", destaca el juez Alba.
Y añade: "Ha llegado a transmitirme amenazas literales del empresario e investigado, don Miguel Ángel Ramírez Alonso, tales como que ‘me está investigando’, ‘me está espiando’ y que ‘ha accedido a mi correo electrónico personal’ para buscar unos datos que sacará a la luz para perjudicarme”.
La primera que empezó a investigar al empresario Ramírez, desde el Juzgado 8 de Las Palmas, fue Rosell, pero esta dejó el juzgado para convertirse en diputada de Podemos y la sustituyó el juez Alba.
Se dio la circunstancia de que la juez Rosell denunció también al juez Alba por haber mantenido el citado encuentro extrajudicial con Ramírez en relación con ella y su pareja.
La denuncia de Rosell acabó en la Sala Pena y Civil del Tribunal Superior de Canarias, que preside el juez Doreste. Y fue esta sala la que decidió investigar al juez Alba tras la denuncia de la juez Rosell. Esta le acusa de falsedad y de supuestamente haber asesorado extrajudicialmente a Ramírez para perjudicarla profesionalmente.
Por este motivo, el fiscal pide ahora al juez Alba 10 años de cárcel y se enfrenta a un juicio por cuatro delitos, entre ellos prevaricación. Alba niega haber intentado perjudicar a la juez Rosell. E insiste en que accedió a reunirse con Ramírez a petición del abogado de este y señala que informó del mismo a sus superiores del Consejo del Poder Judicial y al presidente del Tribunal Superior.
investigacion@elpais.es JOAQUÍN GIL
Pero frente a este relato oficioso -el del hombre hecho a sí mismo que se rebela contra el ascensor social- se amaga una presunta cara B: la del ventajista que hace fortuna a costa de exprimir a sus trabajadores y la proximidad a los cenáculos del poder poder popular.
La historia de Ramírez comienza a escribirse en una desconchada casa del barrio de Tamaraceite, a las afueras de Las Palmas, donde se cría. Durante su adolescencia este hombre corpulento de 49 años y aureola de encantador de serpientes, hace de todo: vende fruta, limpia coches, trabaja de chófer, de guardaespaldas…
Sin acabar el instituto, enfila su futuro. Y concibe en 1995 el corazón de su imperio, Seguridad Integral Canaria (SIC), una legión que hoy pilota 3.000 vigilantes y factura 92 millones. La compañía se hace célebre por pulverizar los precios ante la administración. Y encadena 200 millones en adjudicaciones públicas. Desde el Ministerio de Defensa, que le adjudica 36,3 millones, a Correos (31).
Los críticos de Ramírez conectan pronto la estela de éxito del self made man canario con una presunta proximidad al PP. Ponen como ejemplo que una de las sociedades donde el empresario figuró como apoderado donó 150.000 euros a los conservadores. Y que Juan Manuel Soria asistió cuando era ministro a la inauguración de un concesionario de BMW del patrón de los vigilantes.
En 2013 las sospechas contra nuestro hombre adquieren un cariz más serio. El sindicato FTSP-USO denuncia a Ramírez por reventar los precios de los concursos públicos esquilmando las nóminas y eludiendo impuestos. La treta habría permitido al empresario ahorrarse 14 millones en contribuciones a la Seguridad Social y Hacienda.
Ramírez atribuye sus embrollos judiciales a las maniobras de los gigantes de la seguridad para desbancarle de un coto cerrado. Y contrata para su defensa a un letrado de campanillas, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán.
Pero antes de este episodio, que todavía sobrevuela en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, Ramírez pisa otro charco. Se construye una pajarera, una pérgola y dos aparcamientos en su casa de 40.000 metros en La Milagrosa, un valle protegido a las afueras de Las Palmas. La Guardia Civil precinta las obras. Y un juzgado le condena a tres años de cárcel por delito urbanístico.
El rey de la seguridad low cost, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, no pisa la prisión. El Gobierno del PP le indulta. “Ni a uno de ETA le tratan como a mí”, se quejaba el pasado año pasado el patrón a este periódico. Quizá era consciente de que el milagro de su éxito estaba ya entredicho." (José Antonio hernández, El País, 31/05/18)
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