"(...) Ya mas tarde, tras diez años de mandato presidencial de Jordi
Pujol, comienzan a aparecer signos de un aprovechamiento patrimonial de
fondos públicos con un evidente abuso de poder.
No puede olvidarse el titular de El Periódico de Catalunya
de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de
mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta,
entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese
cargo con el de consejero de Iberia de Seguros S.A.
Como consecuencia de
ello, Prenafeta se vio obligado a dimitir. Entonces, el Fiscal General
del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella criminal,
obteniendo CiU el apoyo de una institución del Estado para preservar a
sus dirigentes de acciones penales.
La historia volvió a repetirse: la Fiscalía, en mayo de 1990, abría
una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década de los
ochenta. El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión de ayuda
para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) con el fin de
apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis.
La realidad fue que parte
de dichos fondos –los llamados avales– se destinó, en condiciones muy
ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la
Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados, causando
un grave perjuicio al erario público autonómico.
Entre las empresas beneficiadas figuran Industrias Reunidas de Sallent
S.A. y Comercial de Cubiertos y Platería S. A., ambas del grupo familiar
de los fueron consejeros Joan Vallvé i Ribera y Joan Hortalá i Arau;
Iberhospitalia S. A. vinculada al proyecto del Hospital General de
Catalunya; Subirá i Cia,S.A. y Puntextil S.A. de la familia del
Consejero Antoni Subirá i Claus; Egasa S. A., propiedad de Josep Garrell
i Pubill, diputado de CDC y de sus familiares.
Posteriormente, las deudas de dichas empresas fueron reclamadas
judicialmente por la Generalitat cuando estaban prescritas, consumándose
así el perjuicio causado. Por otra parte, se acreditó que el
Consejero Maciá Alavedra i Moner estuvo simultaneando cargos públicos
con cargos ejecutivos en varias empresas privadas, conducta que era
penalmente perseguible.
Ante los resultados de esta
investigación, la Fiscalía planteó formular una querella criminal por
delito de malversación de caudales públicos contra los consejeros
Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá,
Basáñez y Alavedra.
El Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos; eso sí, en un ejercicio de cinismo, se permitió afirmar que de los hechos descritos se desprendía “un aroma de corrupción”.
Luego, ya en los años noventa, llegaron nuevos casos de corrupción
que fueron investigados por los Juzgados de Instrucción y, por fin,
recayeron condenas judiciales contra altos cargos de la Generalitat,
generalmente vinculados a Unió Democrática según reconocían las propias
sentencias.
Solo el caso Adigsa, de
aquella época, empresa pública dedicada a la promoción de viviendas
sociales, sobre graves irregularidades en el proceso de adquisición de
viviendas de segunda mano para rehabilitarlas y ponerlas de nuevo en el
mercado, está pendiente de juicio oral.
Basta citar el llamado caso Turisme de Catalunya,
en el que se utilizó el Consorci de Promoció Turística para detraer
fraudulentamente fondos públicos por importe de 467.453 euros. Los
condenados, mayoritariamente empresarios, fueron diez, que repararon
antes del juicio el perjuicio causado, por lo que el Tribunal Supremo
rebajó las penas eludiendo así su ingreso en prisión.
O el caso Departament de Treball,
en el que los dos condenados, que “compartían militancia en el partido
Unió Democrática de Catalunya”, contrataron subvenciones y cursos de
formación y ocupación través de las sociedades, constituidas por uno de
ellos, Gestumer S.L. y Socesca S.L., que no tenían otra finalidad que su
enriquecimiento o el de terceros, beneficiándose, en perjuicio de la
Generalitat, de 156.263 euros.
O el caso Ferrocarrils de la Generalitat,
empresa pública, en el que resultaron condenados dos presidentes de la
entidad por haber “suscrito un plan oculto y complementario de
retribuciones” con la aseguradora Winterthur, por el que causaron a la
Generalitat un perjuicio de 2.718.035 euros.
Todos ellos fueron condenados por delitos, según los casos, de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Luego, han estallado otras formas de corrupción urbanística, como el caso Pretoria con implicación de Maciá Alavedra y LLuis Prenafeta, pendiente de Comisiones Rogatorias. Y, sobre todo, el expolio del Palau
de la Música,con una evidente implicación de CDC por su presunta
financiación irregular,ya declarada judicialmente, que aún está en
trámite hacia el juicio oral.
Y, continúan tramitándose causas penales
con implicación de Diputados de CDC en el Parlament,como, entre otras,
las tramas de las ITV (Oriol Pujol) y de la mafia rusa( Xavier Crespo),
ambos procesos en trámite.
Y, ahora, la querella criminal contra Jordi Pujol i Soley por
diversos delitos que afectan al conjunto del clan familiar y, ya
veremos, a las conexiones del mismo con tramas políticas y societarias
mas complejas.
Eso sí, cuando son perseguidos o condenados, siempre acuden
presurosos al supuesto enemigo, al Estado español, para que paralice a
los fiscales o se concedan generosos indultos a sus dirigentes,
militantes o mossos d’esquadra condenados penalmente por delitos de
tortura.
Mientras, los ciudadanos catalanes son engañados y humillados, además
de hundir sus derechos sociales por la alianza de los Gobiernos
conservadores de Catalunya y España." (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, 06/09/2014)
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