El AVE a Barcelona costó 9.000 millones y se adjudicó por 6.800

"La obra del trazado ferroviario de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona (621 kilómetros) salió a concurso con un presupuesto de 7.550 millones de euros y se adjudicó por 6.822 millones (con una baja del 9%), pero acabó costando 8.996 millones (un 31% más).

Entre la adjudicación de esa línea ferroviaria de alta velocidad y la ejecución de los trabajos pasaron siete años plagados de incidencias en las obras y de cientos de modificados que, previamente asumidos por los técnicos de Adif (el organismo público dependiente de Fomento), fueron elevando el presupuesto muy por encima del precio inicial fijado en el concurso.

El Tribunal de Cuentas auditó siete años (2002-2009) de contratos en esta obra, el trazado de alta velocidad de presupuesto más alto ejecutado hasta entonces en España. La fiscalización, finalizada en abril pasado, no afectó al total de la contratación, sino a una parte en la que descubrió que si bien la adjudicación se cerró por un 8,8% menos del precio de licitación, la ejecución incrementó el coste final en un 43,2% respecto al gasto comprometido.

“Todos los contratos”, señala el informe del Tribunal de Cuentas, “fueron iniciados por razones de urgencia con la finalidad de que se pudiera cumplir el programa de actuaciones con la autorización del presidente del Adif, haciendo un uso abusivo de la competencia que el estatuto de ese organismo atribuía a su máximo responsable”.

 Esas decisiones sobre la contratación de las obras estaban reservadas al consejo de administración de Adif y la “urgencia” que se alegó para que que fuera el presidente quien autorizara los contratos “no se ha podido apreciar, ya que todos ellos fueron tramitados por el procedimiento abreviado de concurso abierto, sin reducción de plazos”, según el Tribunal de Cuentas.

Los auditores públicos señalan que durante la ejecución de los trabajos en los 356 contratos de obra principal analizados “se formalizaron 69 modificaciones de contratos”, donde se incrementó el precio por el que fueron adjudicados los trabajos. Así, una de cada cinco obras adjudicadas cambió de precio durante su ejecución, elevando el presupuesto por el que se adjudicó.

Entre las 69 modificaciones detectadas por el Tribunal de Cuentas, los 14 contratos de obras complementarias y los ocho de obras de emergencia, “junto a las revisiones de precios y las adjudicaciones adicionales, elevaron el coste total de las obras inicialmente contratadas a 3.035 millones de euros, lo que supuso un incremento del 49,6%” en los contratos analizados por el Tribunal de Cuentas, una parte importante del total.

Los auditores públicos concluyen que “el ahorro inicial del 9,2% en el precio de licitación de los contratos se transformó finalmente en un sobrecoste del 31% inicialmente previsto”. Además del sobrecoste, las obras no se terminaron en el plazo previsto, con un incremento medio de 13,5 meses de los plazos de ejecución de los contratos.

El Tribunal de Cuentas resalta un contrato modificado en el tramo Hospitalet-La Torrassa, en el que se incrementó el precio de adjudicación un 221,6%. En ese contrato, Adif consiguió endosar la responsabilidad de lo ocurrido a la empresa y cuantificó los daños y perjuicios para la Administración en 32 millones de euros que cuando el Tribunal de Cuentas finalizó sus trabajos (hace diez meses) “no se tiene constancia de que se hayan cobrado”.

Los auditores señalan que “se han detectado numerosas modificaciones de los proyectos que no cumplían los requisitos legales, al calificarse como necesidades nuevas o causas imprevistas cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras y que eran debidas a vicios o indefiniciones del proyecto u omisiones, o al venir originadas las modificaciones de los contratos por una defectuosa ejecución en la construcción”.    (El País, 06/05/2014)

"(...) La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011.

 Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista.

Entre los nueve detenidos, el de mayor rango es Rafael R. G., que desde enero ejerce como director de proyectos y construcción de Adif, dependiente del Ministerio de Fomento. En la época de los hechos que se investigan, Rafael R. G. era el director de la línea noreste, es decir, del tramo de alta velocidad que discurre entre Barcelona y la frontera francesa. Su mano derecha era entonces, según la investigación, Jaime G. L., gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea, que también fue detenido."     (El País, 06/05/2014)