"Aquel día de finales de 2008 en que llegó a trabajar al Ayuntamiento
de Palas de Rei (Lugo) empezó para Celia González una vida de thriller,
muy alejada de la apacible existencia que aguarda un funcionario cuando
recibe como destino un municipio de poco más de 3.500 habitantes.
Como
secretaria e interventora municipal ha sobrevivido a seis contenciosos fallados
a su favor; a año y medio de suspensión ilegal de empleo y sueldo
promovida por el alcalde, Pablo Taboada (PP), con el aval de un alto
cargo de la Xunta ya dimitido; a los bulos esparcidos por el pueblo
sobre su vida privada; al vacío del resto de trabajadores del
consistorio; a una avalancha de encargos imposible de atender —“lo que
querían es que no cumpliera los plazos”— y a un par de bajas médicas por
depresión.
Su caso ha sido denunciado junto al de otros dos compañeros
(el de Antas de Ulla y la de Barreiros hasta 2012) por el colegio
profesional de secretarios de Lugo ante el Gobierno central, la Xunta y
la fiscalía sin que se conozcan consecuencias.
Son ejemplos de la
desprotección en la que se mueven los funcionarios a los que el Estado
encarga la vigilancia de las gestiones municipales más tentadoras para
un político corrompible.
La casa consistorial de Palas, describe Celia González, es “un pueblo
feudal: están los que mandan y los vasallos mal pagados que obedecen”.
“Me opuse a prácticas que se hacían en el Ayuntamiento desde tiempo
atrás, como falsificar facturas para justificar subvenciones, justificar
subvenciones de obras no ejecutadas, modificar asientos del registro de
entrada y salida de correspondencia, efectuar pagos sin consignación
presupuestaria...”, enumera.
Al alcalde de Palas y a su antecesor,
Fernando Pensado (también del PP), así como a cuatro empleados
municipales, los mantiene imputados una juez de Chantada por acoso,
prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones, tras la
querella que la secretaria-interventora presentó en mayo de 2011
recopilando las irregularidades detectadas.
González se reincorporó a su
puesto el pasado enero gracias a que la justicia anuló en sentencia
firme el expediente disciplinario con el que el regidor de Palas se la
quitó de en medio, pero el thiller aún no ha llegado a su fin. “Estoy
exactamente igual que hace dos años”, lamenta, sin acceso directo a los
expedientes —“todo se lo tengo que pedir al alcalde por escrito y me lo
da o no”— y con permiso para usar solo la fotocopiadora que tiene
memoria —“así controlan lo que copio”—. (...)
A la ex secretaria municipal de Barreiros el alcalde Alfonso Fuente
Parga (PP) le abrió tres expedientes disciplinarios con el aval también
del excargo de la Xunta Norberto Uzal. Para ella la pesadilla comenzó en
2006, cuando el gobierno local empezó a aprobar de forma masiva
licencias urbanísticas para construir miles de viviendas en parcelas sin
accesos ni suministro de agua.
Ella les advirtió primero que eran
ilegales —los tribunales han ido anulando esos permisos posteriormente— y
después redactó informes contrarios que el alcalde ignoró. “Empezaron a
machacarme.
Me presionaron, me hacían desprecios delante de
funcionarios y vecinos...”, recuerda aún con la voz temblorosa María
Antonia Martínez Barcia. En 2009 tuvo que coger una baja por depresión y
en 2012 optó por escapar a otro destino: “Me costó. No entendía por qué
tenía que irme yo si lo único que hacía era cumplir con mi deber. Pero
tuve que hacerlo, por mi salud y mi familia”.
En 2011 este periódico publicó que el entonces alcalde de Gondomar
por el PP, Martín Urgal, había apartado a la secretaria municipal que
emitía informes negativos sobre sus licencias para contratar a un
abogado externo dispuesto a darles el visto bueno. Nadie desde otras
Administraciones o desde su partido tomó medidas. El pasado noviembre
Urgal fue condenado por prevaricación por esta maniobra. La sentencia
concluye que se saltó la normativa “de forma bastante grosera”. (El País, 10/03/2014)
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