17.1.14

Las grandes constructoras cooptaron los consejos de ministros para que hicieran las políticas que ellas diseñaban. Se multiplican las evidencias que apuntan al PP como una asociación criminal que comete un delito continuado

"El pasado 4 de diciembre, el abogado de la acusación particular ejercida por IU en el caso Bárcenas, Enrique Santiago Romero, intervino en Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba para divulgar cúal ha sido el desarrollo del proceso y dónde se encuentra en este momento la mayor trama de corrupción que implica -no a los políticos en general- sino al Partido Popular durante más de 20 años. (...)

Desde el inicio del proceso se ha observado la "absoluta inacción" de las instituciones del estado en general y de una Fiscalía Anticorrupción al servicio del PP, que al estallar el escándalo, únicamente llevó a cabo "apertura de diligencias meramente informativas sin efecto judicial" y que, según el abogado, "no paralizaban los períodos de prescripción de los posibles delitos que se hubieran cometido". 

Fue este el principal motivo para la querella de IU: la paralizalización de los períodos de prescripción, fijados en 10 años según el Código Penal y la demostración de que la sociedad se encuentra ante un delito continuado, lo cual evitaría la impunidad para los delitos de corrupción anteriores al año 2003, aunque los papeles recojan delitos desde 1990 a 2008; (...)

Bruesa Construcción, Assignia Infraestructuras, Azvi, OHL, FCC Construcción, Construcciones Ruabau, SACYR Vallehermoso, Sando, Licuas, José Antonio Romero Polo S.A., DREGREMONT, ASEDES Capital y Aldesa fueron emplazadas por el juez Ruz el pasado viernes 13 a entregar en el plazo de 5 días documentación que retienen desde hace meses, en concreto, datos de contratos de las constructoras con la Administración tales como fechas que podrían coincidir con los papeles y que no figuran en muchos de los registros entregados por las constructoras.

 Igualmente, el juez "faculta a los funcionarios dependientes del Grupo XXI de la UDEF-BLA para intervenir en el diligenciamiento de los contratos", o lo que es los mismo, realizar los registros que sean necesarios en tales empresas.

Es este el último capítulo de una trama en la que los medios de comunicación han querido poner el acento en las comisiones periódicas, sistemáticas y continuadas que recibían dirigentes del PP cuando
"La Comisión de Infraestructuras del PP -que no parece en los estatutos de este partido- compuesta por empresarios de constructoras y políticos además del tesorero, elaboraba las infraestructuras a realizar de manera previa las elecciones (...) Lo más grave -sinceramente- de los papeles de Bárcenas es que muestran cómo las grandes empresas de infraestructuras cooptaron los consejos de ministros para que hicieran las políticas que ellas diseñaban a través de la Comisión de Infraestructuras del PP. Esto les costó muy poco dinero en comparación con el enorme daño causado al interés general".
Un sistema de corrupción heredado de Naseiro, el anterior tesorero, que quedó impune en los años 80 tras anular el Supremo todas las pruebas y el procedimiento
Enrique Santiago habla de "traspaso del sistema de corrupción tras la anulación del que se llamó "caso Naseiro";
"Curiosamente el primer apunte que aparece en los papeles de Bárcenas es uno que dice "8 millones de pesetas R.N." Bárcenas explicó [ante el juez] que ese apunte respondía al traspaso del sistema que Naseiro le hizo en su día tras la resolución del Supremo (...) La causa Gürtel no es ni más ni menos que el mismo sistema de financiación irregular del PP pero desplazado al ámbito de las Comunidades Autónomas (...)
Era tal el trasiego de comisiones ilegales que la dirección central de la calle Génova tuvo que designar personas en puestos de salida con una única función: controlar que las comisiones de los empresarios llegaban a la tesorería del Partido Popular porque estaban hartos de comprobar que las comisiones acordadas no llegaban completas".  (...)
Se multiplican las evidencias que apuntan al PP como una asociación ilícita (organización criminal según el Código Penal) y un delito continuado
La entrega de donaciones que excedían el límite legal (100.000 euros o 60.000 hasta 2007) por parte de algunos de los representantes de las empresas de infraestructuras al Partido Popular ha sido reconocida ante el juez, pero a ello hay que sumar que el porcentaje de contratos de obras infraestructuras con procedimiento de licitación extraordinaria superó con mucho el 50% del total de los contratos relacionados con los pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas;
"Con un criterio conservador, al menos 52 apuntes contables de los papeles de Bárcenas están verificados y acreditados sin ningún tipo de duda en sede judicial. Buena parte de ellos han sido además acreditados por el reconocimiento de las personas que aparecen como perceptores de estos pagos (Francisco Ayesa o Jaime del Burgo, que reconoció que pedía autorización para los pagos del presidente de su partido, Jose María Aznar) (...)
La contabilidad oficial del PP se ha convertido en una de las mayores pruebas de cargo en este procedimiento porque acredita que cuando se hacían estos pagos en dinero negro llegaba un momento en que ese dinero había que sacarlo de la caja fuerte y los pagos había que blanquearlos, y la única forma era a través de donaciones anónimas a la cuenta designada para ello según la ley.
Así, por ejemplo, cuando aparece un soborno de 60.000 euros en los papeles de Bárcenas este coincide a los dos días siguientes con seis ingresos (donativos) de 10.000 euros. Estas cifras exactas coincidentes se han documentado hasta la fecha en hasta 14 casos según la policía judicial".
Según relata Enrique Santiago, existen también algunos errores de bulto dignos de reseñar en el comportamiento de la defensa del Partido Popular. Así, este partido aún no ha explicado cómo es posible que su abogado conociese el saldo de las cuentas descubiertas a través del ex-tesorero;

"Si no habla, puede conservar el 25% de los saldos de las cuentas". Este fue uno de los tratos ofrecidos a Bárcenas cuando ya se hallaba en la cárcel, "de lo cual se deduce que los dirigentes del PP conocen los saldos que hay en Suiza y que esas cuentas deben pertenecer más bien a una persona jurídica".

Respecto a la pasividad del PSOE en el proceso, acentuada en los últimos meses, Santiago advierte;
"Se ha augurado que el proceso se va a archivar desde un primer momento (...) que a nadie se le ocurra intercambiar este procedimiento con -por ejemplo- el procedimiento de los ERE´s, intercambiar impunidades. Ya se aprecia algún movimiento llamativo al respecto sobre todo en medios de comunicación más vinculados al partido socialista que empiezan a poner constantemente sobre la mesa que este procedimiento está abocado al fracaso y que el juez lo va a archivar de inmediato". (...)"               
(Auto del juez Ruz sobre la contabilidad b del PP,   Texto de la querella de IU contra el PP)
( César Pérez Navarro, Tercera Información, Rebelión, 06/01/2014)

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