"La Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión de la empresa Instalaza
de una indemnización del Gobierno por 60 millones de euros como
compensación por prohibirle en 2008 la fabricación de bombas de racimo.
Se da la circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro
Morenés, era consejero y representante de la compañía en la fecha en la que hizo la millonaria reclamación. (...)
La compañía reclamó al Ejecutivo por la vía administrativa una
compensación por el cese de su negocio, pero el ejecutivo denegó su
petición. En septiembre de 2011 Instalaza presentó un recurso ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
concepto de daño emergente y lucro cesante cifrando en 59.906.000 los
perjuicios.
Como publicó ELPLURAL.COM en 2012, entre los clientes estrella de la empresa a la que Morenés representaba se incluía el régimen de Gadafi en Libia, al que vendió bombas de racimo hasta tres meses antes de la moratoria aprobada por el Gobierno de Zapatero. Estas bombas, modelo MAT-120, fueron usadas por el dictador contra la población civil durante la rebelión de los libios contra su régimen." (El Plural, 12/01/2014)
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