"El exdirector general de Caixa Laietana durante más de tres décadas, Pere Antoni de Dòria-Cabot, colocó las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas propiedad de su familia a pequeños ahorradores
de la caja antes de que, el 1 de noviembre de 2011, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNVM) cerrase el mercado secundario de
Caixa Laietana y estableciese una serie de nuevas obligaciones en la
compra-venta de estos productos financieros de alto riesgo, que a la
postre significaría la pérdida de gran parte de su valor.
Dòria podría haber dispuesto de información privilegiada que le permitió anticiparse a la caída y desprenderse de participaciones por un valor cercano al millón de euros.
Este hecho, junto a otros, ha sido denunciado este lunes por Iniciativa
per Catalunya – Verds (ICV) ante el Juzgado de Instrucción número 3 de
Mataró, cuyo magistrado titular imputó la semana pasada a la antigua cúpula de Caixa Laietana (hoy Bankia) tras la denuncia de una familia de Vallgorguina (Barcelona) que había adquirido preferentes en la entidad. (...)
Utilizando la estructura de Caixa Laietana, el director general de la
entidad hasta 2008, Pere Antoni de Dòria; su mujer, Juana M. Cabot; las
hijas del matrimonio, Rosa Maria y Elisabet de Dòria; su hijo, Francesc
Xavier de Dòria; y la esposa de este, Noemí Gasull, se desprendieron de
sus participaciones preferentes y obligaciones subordinadas antes del
desplome.
Las participaciones acabaron colocadas a pequeños ahorradores de Mataró
(Barcelona), una ciudad en la cual el 12% de la población (unas 15.000
personas, buena parte de ellas jubiladas y paradas) ha acabado atrapada
en la estafa.
Según denuncia ICV, Dòria se valió de sus contactos en la entidad y,
gracias a la colaboración –bajo fuertes presiones- de directores de
oficina y cargos de la caja, se desprendió de sus participaciones
colocándolas a pequeños ahorradores “con aversión al riesgo”, es decir, clientes que buscaban un depósito seguro y no una apuesta arriesgada como la que suponían las preferentes.
Sin embargo, los clientes que habían adquirido participaciones preferentes denominadas de “Serie B”, grandes ahorradores con un volumen elevado de inversión en preferentes, pudieron deshacerse sin dificultades de sus títulos.
ICV denuncia que hubo un “trato diferencial” por parte de los
directivos de la entidad respecto con estos clientes importantes.
“Quienes tenían dinero, quienes eran inversores, y por tanto quienes
debían sufrir el riesgo, se lo pudieron quitar de encima sin más
pérdidas; pero en cambio los pequeños ahorradores, los trabajadores que
colocaron sus ahorros en este tipo de productos porque así se lo indicó
la caja, perdieron el dinero”, denuncia el secretario general de ICV y
diputado Josep Vendrell.
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro en el Parlament, Dòria llegó a negar hasta en tres ocasiones que él y su familia hubiesen colocado preferentes de su propiedad.
La documentación aportada al juzgado podría demostrar también que,
durante años, el bufete de abogados de Francesc Xavier de Dòria (Xadorca
Mataró S.A.), así como la sociedad de abogados de Rosa Maria de Dòria
(Gestràmit CDM & Advocats S.L.), facturaron a Caixa Laietana cerca de un millón de euros anuales por distintos servicios
jurídicos, unas funciones que podían haber realizado los servicios
jurídicos propios de la entidad pero que Pere Antoni de Dòria decidió
externalizar en favor de las empresas de sus hijos.
“Con esto queremos denunciar el nepotismo con el que Dòria actuó durante todos estos años. Gestionaron Caixa Laietana como si fuese una finca particular, de forma casi feudal.
Es un ejemplo paradigmático de lo que ha sucedido con el sistema de
cajas y bancos de Cataluña y en el conjunto del Estado. Esta élite
extractiva corrupta ha actuado de forma fraudulenta, en contra de los
intereses de la propia entidad, de sus trabajadores y de los pequeños
ahorradores”, manifiesta Vendrell.
Así mismo, se han facilitado al juez las fichas explicativas que
durante el mandato de Dòria se entregaron a los empleados de la caja, en
las que se señalaba que las participaciones preferentes se debían
vender a “clientes con aversión al riesgo”.
También la documentación con
las directrices de la dirección a sus empleados para que, una vez saltó
el escándalo de las preferentes, cambiasen las participaciones de los afectados por acciones de Bankia, cuyo valor cayó en picado tras su salida a bolsa, con la consiguiente pérdida de valor de los títulos.
Por último, se aporta la documentación que supuestamente acredita que
Caixa Laietana, durante el mandato de Dòria, presionó a los tasadores
para que se saltasen ciertas condiciones fijadas en la normativa hipotecaria
que pusieron en riesgo la concesión de determinadas hipotecas.
En
septiembre de 2007, J.M Batlle, tasador de la empresa BS3 Urbanisme i
Taxacions S.L., denunció estas presiones y anunció que dejaba de
trabajar para la entidad. Este hecho, señala ICV, “sugiere que se
produjeron numerosas irregularidades en todo el proceso de concesión de
hipotecas, sobre todo relacionadas con clientes importantes de Caixa
Laietana”.
“Quiero recordar que el problema más grave que ha tenido Caixa Laietana es el inmobiliario,
y son precisamente muchas de estas operaciones inmobiliarias realizadas
durante aquel periodo lo que después ha provocado la crisis de la
entidad”, señala Vendrell.
“El sistema de cajas que teníamos en Cataluña
y en el Estado español se lo han cargado gente como el señor Dòria.
Estos señores han provocado mucho daño. Han hecho desaparecer el sistema
de cajas, han arruinado a mucha gente, han provocado un grado de
sufrimiento social muy grande y deben pagar ante la Justicia”,
sentencia.
Pere Antoni de Dòria, así como su sucesor Josep Ibern y cinco exdirectivos más son los primeros directivos de las antiguas cajas de ahorro catalanas imputados por la venta de preferentes y
deberán comparecer ante el juez el próximo 22 de enero. El magistrado
considera que los hechos denunciados por la familia de afectados de
Vallgorguina que supuso la apertura de la causa podrían ser
constitutivos de un delito de estafa.
Tras la aportación de nueva
documentación, el juez deberá decidir si aumenta los delitos imputados.
Fuentes de ICV confirman que empleados de la caja están dispuestos a declarar ante el juez para corroborar las prácticas denunciadas." (La Marea, 31/12/2013)
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