"(...) Casos como el de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y uno de
los 90 directivos de la entidad incluidos por el TCJ en su querella,
podrían ayudar a reforzar esta percepción de impunidad y descontrol.
Enviado a prisión en dos ocasiones por el juez Elpidio José Silva, por
su participación en la venta del City National Bank de Florida, Blesa se convertía en 2013 en el primer banquero en pisar la cárcel desde el expresidente de Banesto, Mario Conde, en 1994.
Sin embargo, el caso no ha tardado en volverse contra el juez
instructor que, a pesar de denunciar presiones para abandonar las
investigaciones por parte de la Fiscalía y otras instancias y de pedir
el amparo del Consejo General del Poder Judicial, ha acabado suspendido
temporalmente de sus funciones e imputado por prevaricación y por “dos
delitos contra la libertad individual”.
[El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid anunció este lunes el procesamiento de Silva y ordenó una fianza de 8.000 euros].
Al igual que el juez Silva, también Marcelino Sexmero, titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha denunciado, tras aceptar
la querella presentada por el colectivo médico AFEM, presiones de la
Fiscalía madrileña para que deje de investigar a los exconsejeros de
Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela, imputados por
prevaricación y cohecho por supuestas irregularidades en la primera
etapa de la privatización de los hospitales madrileños, que se inició en
2004.
La Fiscalía ha llegado a acusar al magistrado de “instruir una causa general, prohibida en nuestro ordenamiento”,
y se ha adherido al recurso presentado por Güemes, al de la aseguradora
Asisa y al de Unilabs, algunas de las empresas imputadas en la causa.
“Todos los ciudadanos observan indignados este espectáculo de
‘fiscales defensores’ de los corruptos con poder, en procesos como el
insólito auto de ‘desimputación’ de la infanta en el caso Noos [...],
por no hablar del caso Gürtel, donde parecería que el papel de la Fiscalía es hacer tiempo para que prescriban los delitos. Es ya imposible confiar en unas fiscalías que operan de esta manera”, denunciaban recientemente desde 15MpaRato.
Esta campaña afirma que en el caso de la estafa de las preferentes denunciada por ellos,
“la Fiscalía se ha opuesto a la apertura de ninguna investigación;
antes incluso de que presentáramos ninguna querella. El fiscal general
del Estado se reunió en septiembre de 2012 con los fiscales jefes de los
tribunales superiores de justicia para ‘decidir’ que no se perseguirían
penalmente las preferentes”. (...)" (Diagonal, 12/12/2013)
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