"Sankt Gallen es una preciosa ciudad situada al pie de los Alpes
suizos, famosa por su universidad y una abadía patrimonio de la
humanidad. Esta localidad de 73.000 habitantes no suele aparecer en el
mapa global de las finanzas. Sin embargo, a principios del año, San Galo
–su nombre en castellano–se convirtió en el epicentro de un terremoto
que ha sacudido al sector bancario suizo.
Allí se encuentra la sede de Wegelin & Co, un pequeño y discreto
banco privado cuya sede, con contraventanas de madera verde y macetas de
flores, podría pasar perfectamente por la residencia veraniega de Clara
y la Señorita Rottenmeier. Es la primera entidad helvética que ha
admitido sin tapujos haber ayudado a ciudadanos norteamericanos a evadir
impuestos en el marco de una investigación por parte de la Hacienda de
Estados Unidos.
Sus directivos contaron cómo se recomendaba a los
clientes abrir empresas pantalla en otros paraísos fiscales para desviar
la atención de los inspectores, así como no hacer llamadas telefónicas o
mandar correos electrónicos desde EEUU. En casos urgentes bastaba con
mandar un mensaje de texto críptico.
Este servicio para fomentar el fraude fiscal es “una práctica muy
extendida en la banca suiza”, reconocieron los directivos Konrad Hummler
y Otto Bruderer ante las autoridades estadounidenses. A cambio de esta
confesión, la entidad sólo tuvo que pagar una multa de 58 millones de
dólares, obteniendo además el compromiso de que sus directivos no serán
procesados. Aun así, el banco más antiguo de la República Helvética,
fundado en 1741, se vio forzado a echar el cierre.
Las confesiones de los responsables de la pequeña entidad de San Galo
cayeron como una bomba entre sus colegas en Zúrich y Ginebra,
provocando un verdadero escándalo público en el país alpino. El líder
cristianodemócrata, Christophe Darbellay, acusó a los dos directivos de
“traidores” por haber “difamado el sector bancario suizo”. (...)
Suiza sigue ocupando el puesto número uno en la lista de paraísos
fiscales en todo el mundo, con fondos de no residentes por valor de más
de dos billones de dólares, según algunos cálculos.
Es también el
destino predilecto para las grandes fortunas españolas que pretenden
ocultar su patrimonio, como ha demostrado el descubrimiento de la cuenta
suiza del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, o la
“regularización” de un depósito antiguo por parte de la familia Botín
del Banco Santander.
Unas 3.000 cuentas de propietarios españoles figuran en la lista de
clientes del banco HSBC, extraída en secreto por un exempleado, Hervé
Falciani. (...)
Incluso la revista The Economist, el gran referente de la
comunidad financiera internacional, advirtió en un editorial del pasado
15 de febrero de que las recientes diatribas de los líderes políticos
contra los paraísos fiscales eran “un ataque hipócrita y equivocado”
porque deberían empezar por “limpiar su propio patio interior”.
Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
del País Vasco, está de acuerdo. “Hay mucho cinismo en esto porque los
que propagan la lucha contra los paraísos fiscales son los países ricos,
que albergan a los mayores paraísos fiscales. Es la doble moral. ¿Cómo
pretenden luchar contra el blanqueo cuando la mayor lavadora de dinero
negro es la City de Londres?”, se pregunta el autor de Las cloacas de la economía (Editorial Catarata). (...)
Pero en 1989 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) creó el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que elaboró
una lista de países y territorios opacos a los que exigía mayor
transparencia y colaboración.
El objetivo principal del GAFI era la lucha contra el blanqueo de
dinero, en particular del procedente de redes terroristas. Casi todas
las ovejas descarriadas han conseguido salir de la famosa lista negra a
cambio de concesiones en materia de transparencia que dejan mucho que
desear en opinión de muchos expertos.
“Se ha hecho un paripé, pero los paraísos fiscales siguen funcionando como tales”, comenta el profesor Velasco. También The Economist
reconoce que estos países normalmente sólo liberan los datos de sus
clientes cuando se lo pide un juez “con una sospecha bien fundada”.
A Washington tampoco le basta el purgatorio montado por la OCDE. La
nación más poderosa del mundo ha impuesto un acuerdo de intercambio de
datos fiscales, llamado FATCA, a medio centenar de países, entre ellos
Suiza. Hace unos años que los banqueros helvéticos sienten el acoso de
los inspectores de Hacienda estadounidenses.
Algunos grandes bancos han pactado pagar multas sin admitir haber colaborado con el fraude de clientes norteamericanos. (...)
“Los bancos han vivido durante décadas del dinero negro, es decir,
del capital de clientes privados extranjeros, que no querían declararlo
en sus países. Sin gran esfuerzo, los bancos suizos recibían de esta
manera miles de millones de capital, sólo porque los clientes conseguían
así evadir impuestos”, comenta por correo electrónico Lukas Hässig, un
reputado periodista financiero de Zúrich.
Hässig cree que el legendario
secreto bancario suizo tiene los días contados, a pesar de los intentos
de algunos partidos conservadores de salvarlo incorporándolo a la
Constitución.
“El secreto bancario, cuya razón de ser por supuesto consiste en
facilitar la evasión fiscal de contribuyentes extranjeros en beneficio
de la industria financiera del país, está tan anclado en el alma popular
de Suiza como un icono nacional que es imposible que se produzca
conciencia de injusticia”, escribió el catedrático alemán Ulrich
Thielemann en el Wochenzeitung, un semanal progresista editado por una cooperativa de periodistas que colabora con La Marea. (...)
Debido a esta presión, Suiza ha firmado acuerdos con Reino Unido y
Austria por los cuales los bancos helvéticos aplicarán un impuesto sobre
los rendimientos de las cuentas de clientes de estos dos países que
transferirán a las autoridades británicas y austríacas. A cambio, se
guarda el anonimato del cliente. El Gobierno de Mariano Rajoy se
interesó por este llamado Acuerdo Rubik pero aún no ha decidido
firmarlo.
De momento, el ministerio del que es titular Cristóbal Montoro se
conforma con la nueva norma que obliga a todos los contribuyentes en
España a declarar sus bienes en el extranjero. Y eso que Suiza es el
destino preferido por las grandes fortunas españolas, como han
demostrado la lista de Falciani o el caso Bárcenas.
Entre las
3.000 cuentas que figuran en los ficheros de Falciani, la Agencia
Tributaria ha identificado 659 casos de fraude. Hasta hoy, los únicos
nombres que se han hecho públicos son los del presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, y su hija Patricia, que alegaron que se trataba
de una cuenta antigua abierta por el padre del banquero durante la
Guerra Civil.
En teoría, las autoridades españolas pueden pedir información sobre
cuentas a sus colegas suizos, pero en la práctica es un proceso
extremadamente lento. Salvo cuando se trata de un proceso judicial. La
cuenta de los 22 millones de Bárcenas se descubrió porque el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el curso de la investigación de la
trama Gürtel, había cursado una comisión rogatoria a Suiza, es decir, la
solicitud de datos basada en una sospecha concreta. Ruz ha formulado
más de 30 de estas comisiones rogatorias a varios países, lo cual le ha
permitido destapar cuentas ocultas de cinco exaltos cargos del PP,
incluyendo Bárcenas.
Ocultar dinero en los Alpes se ha hecho un poco más incómodo para los
ricos españoles, aunque sigue ofreciendo bastantes garantías. “Ahora
los bancos suizos se han puesto muy exquisitos con los clientes. Algunos
incluso han cerrado sus departamentos para atender a españoles”,
asegura Pablo Alarcón, un abogado que representa a clientes con
depósitos en Suiza, “todo legal”, ya que efectivamente no es ningún
delito tener fondos en Zúrich y Ginebra siempre y cuando se declare a
Hacienda en España.
A partir de ahora, para abrir una cuenta en la República Helvética,
los no residentes deben firmar una declaración en la que aseguran que el
dinero depositado ha sido previamente declarado en su país de origen y
autorizan a la entidad a comprobarlo si ésta lo estima necesario. “Si
firmas esto y no es verdad, es tu problema”, comenta Alarcón.
Algunos
expertos, sin embargo, no creen que los bancos suizos se vayan a tomar
la molestia de molestar a sus apreciados clientes. “Se trata básicamente
de autoprotección”, explica el periodista financiero Hässig: “Con esta
declaración, los bancos pasan la responsabilidad a sus clientes. Así
tienen un certificado de su inocencia, que les ayudará para evitar
litigios en el extranjero”. (...)
Las multinacionales de todo el mundo aprovechan cada vez más estas
estructuras complejas para minimizar su carga fiscal. Es una práctica
habitualmente legal. Se transfieren ganancias y pérdidas entre filiales
para aprovechar al máximo el régimen fiscal de cada país. Así, los
impuestos no siempre se pagan en el Estado donde realmente se realiza la
actividad económica.
Los paraísos fiscales son un instrumento muy útil
para montar este tipo de estructuras. Sorprende que Barbados, Bermudas y
las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe sumaran en 2010 más
inversiones directas exteriores que Alemania, según la OCDE. A la vez,
las Islas Vírgenes fueron el segundo inversor extranjero en China,
después de Hong Kong y por delante de EEUU.
De las 35 empresas españolas que conforman el Ibex, 30 tienen
filiales en paraísos fiscales. Asesorar a las multinacionales sobre cómo
construir estos esquemas para minimizar la carga fiscal es un negocio
redondo para las cuatro grandes consultoras mundiales, Deloitte, Ernst
& Young, KPMG y PwC. (...)
En España, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha
presentado un plan que permitiría al Estado recaudar casi 64.000
millones de euros más al año. Para ello proponen aumentar el impuesto de
sociedades y eliminar deducciones que permiten a las grandes empresas
pagar muy por debajo del tipo nominal del 30%. Gestha también exige
restricciones para las famosas Sicav, el vehículo preferido de los
grandes patrimonios para eludir impuestos (ver página siguiente).
Una de
las propuestas de los inspectores de Hacienda acaba de entrar en vigor.
Once países de la Unión Europea han aprobado una tasa sobre
transacciones financieras que aportará al Tesoro español 5.000 millones
de euros anuales.
Finalmente, y más importante, Gestha reclama al Gobierno que se tome
más en serio la lucha contra la economía sumergida que, según el cálculo
de los inspectores, podría aportar casi 30.000 millones de euros más a
las arcas del Estado.
En los últimos días, coincidiendo con el escándalo
de la cuenta suiza de Bárcenas y la polémica alrededor de la amnistía
fiscal, inspectores, fiscales y jueces han alzado la voz para denunciar
la escasez de medios con los que cuentan para luchar de forma eficaz
contra los defraudadores.
En España son mucho menos frecuentes que en países como Alemania las
inspecciones físicas de empresas e individuos y más común el simple
cruce de datos informáticos. En este sentido, exigen al ministerio de
Montoro que los inspectores puedan investigar a las 31.000 personas que
se acogieron a la amnistía del año pasado, “para comprobar que el
origen de las rentas no procede de actividades delictivas”. Varios
imputados de la trama Gürtel han aprovechado la amnistía para
“regularizar” su dinero negro, oculto tras complejos entramados
societarios." (
, La Marea,
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