Un informe de la Guardia Civil de Madrid atribuye una falta grave al magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Emilio Fernández Castro, el miembro del tribunal del caso Gürtel que votó a favor de anular las escuchas que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales implicados en la trama corrupta.
El informe está incluido en una pieza judicial desgajada del caso Guateque (la gigantesca trama de mercadeo y aceleración de licencias municipales para abrir locales públicos en Madrid capital).
Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil sitúan al magistrado Fernández Castro como artífice de la querella contra su colega Santiago Torres tras haber encarcelado este a su hermano Joaquín, entonces jefe del departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y uno de los 100 imputados salpicados por el escándalo de las licencias de bares.
El equipo de la Guardia Civil que investigaba los supuestos sobornos a funcionarios del Ayuntamiento madrileño para agilizar licencias y ladear sanciones tenía pinchado el teléfono de un hijo de Joaquín Fernández Castro, hermano del citado magistrado.
El alto funcionario municipal estaba en la cárcel por orden del juez Torres, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid e instructor del caso Guateque.
Tras ingresar su hermano en prisión, el juez del TSJM Emilio Fernández Castro redactó supuestamente, vulnerando las incompatibilidades que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, una querella contra el juez Torres por encarcelar a su familiar.
Así lo asevera la Guardia Civil en un informe resumen de los seguimientos telefónicos a los que tenía sometido a Acisclo Fernández, sobrino del juez e hijo del funcionario municipal encarcelado.
Los pinchazos revelan cómo Acisclo contacta con Laurentino Sánchez, alias Lauro -policialmente considerado “la persona que más cocaína mueve en Madrid” en locales de ocio- para que este, a través de sus múltiples contactos, proporcionase a su padre un teléfono móvil dentro de la prisión. Está prohibido que los presos tengan teléfono, pero hay mafias que, pagando, los hacen llegar a reclusos. (...)
El citado informe de la Guardia Civil que atribuye una falta grave al juez Fernández Castro, forma parte, por tanto, de una pieza desgajada del caso Guateque que ha estado secreta hasta hace varios meses y que en enero pasado derivó en la detención de 26 personas muy peligrosas, entre ellas, Lauro y algunos miembros de su banda." (El País, 02/06/2011)
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