"Un año de suspensión rebajado a 10 meses. Esa ha sido toda la factura política que, de momento, ha pagado el PP por los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana . La lista de implicados incluye al presidente de la Generalitat y los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, todos ellos imputados, a seis consejeros vinculados en una u otra medida, además de cerca de una docena de alcaldes o ex alcaldes que han sido también imputados por el juez o acusados por la fiscalía. Y ni una sola dimisión. (...)
Desde el inicio del caso Fabra se han celebrado cinco procesos electorales y, uno detrás de otro, Carlos Fabra ha mantenido su mayoría. Con ese valor, el presidente de la Diputación de Castellón ha exigido, y conseguido, el apoyo de la dirección del PP valenciano y, por extensión, el del PP nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza.
Ese mismo valor ha sido el exhibido por Camps en Valencia y Joaquín Ripoll en Alicante ante la dirección nacional, que no se ha atrevido a imponer otras conductas éticas o, al menos, estéticas, ante la ostentación de unas encuestas que vaticinan que el PP revalidará su victoria en la Comunidad Valenciana." (El País, 01/11/2010, p. 13)
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