Tres causas de la corrupción en España

“Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción que van emergiendo de modo incesante: el extraordinario boom de la construcción de la última década (hubo años en que España construía más viviendas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales, y los cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales.” (Joaquín Estefanía: Lesa corrupción. El País, Domingo, 22/06/2008, p. 13)

La "coca" vuela barato

“Cae la banda de la 'coca' de bajo coste. Detenidas 47 personas por tráfico de drogas, entre ellas un subinspector y empleados del aeropuerto de Barajas.

Ha costado dar con ella pero al final ha caído. Ocho meses ha necesitado la policía para desmantelar una red de tráfico de drogas e inmigración clandestina que operaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Entre los 47 arrestados está un subinspector de policía de la comisaría del municipio de Torrejón de Ardoz, que está acusado de distribuir estupefacientes en los dos locales que regentaba junto con su compañera sentimental. También han sido detenidos trabajadores del manejo y distribución de maletas y de una empresa de vuelos de bajo coste, que eran los encargados supuestamente de despistar los equipajes con los narcóticos, fundamentalmente cocaína, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid. (…)

La banda estaba distribuida en dos grupos. Una parte se movía en Valencia y la otra en Madrid. En la primera fueron detenidas 17 personas, entre las que estaba el máximo responsable, Juan José C. T. Los primeros arrestos de Madrid se produjeron el pasado 11 de junio, cuando se intervino un paquete postal y una maleta procedentes de Caracas. Su destino era Ibiza, pero los trabajadores de Barajas intentaron despistarla para extraer el estupefaciente, 17.235 gramos de cocaína de gran pureza. Los agentes arrestaron a nueve personas, todas relacionadas con la carga y descarga de Barajas, repartidores de maletas o trabajadores de empresas de paquetería, según la policía.

La segunda fase de los arrestos en Madrid se dirigió a empleados de una empresa de vuelos de bajo coste, que vieron que podían usar su empleo para introducir droga en España. Se intervinieron 33 kilos de cocaína en vuelos procedentes de Perú y de Bruselas (Bélgica). El estupefaciente estaba destinado al grupo afincado en Torrejón de Ardoz. Éste lo formaban, además del subinspector y su compañera, trabajadores del aeropuerto, conductores de autobuses, coordinadores de turnos y maleteros. El juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 26 de los 47 detenidos.” (El País, ed. Galicia, España, 26/06/2008, p. 20)

Al lado de Marbella, Estepona

"Golpe a la corrupción en estepota. Detenidos el alcalde, socialista, y 24 implicados más entre concejales, altos cargos municipales y constructores.

El alcalde de Estepona (Málaga, 60.328 habitantes), Antonio Barrientos, del PSOE, y otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios, sobre todo de la construcción, fueron detenidos ayer en la última operación policial contra la corrupción urbanística. Dos años y tres meses después de que la Costa del Sol se viera sobresaltada por la Operación Malaya, que se centró en Marbella, ayer le llegó el turno a su localidad vecina. En Estepona y su Ayuntamiento el Grupo Independiente Liberal (GIL), del fallecido Jesús Gil, tendió sus tentáculos y sus métodos desde la década de los noventa. (…)

Los agentes reclamaron información sobre convenios con la promotora Valle Romano, que durante años ha patrocinado distintas actividades culturales y deportivas en la localidad. Según fuentes de la investigación, tres de los arrestados pertenecen a esta empresa, entre ellos Luis Fernando Linares, su consejero delegado.

Otra compañía que ha despertado el interés de la policía es la constructora cordobesa Prasa. José Romero, su presidente y máximo accionista del Córdoba CF, también ha sido arrestado. Prasa acordó en noviembre la demolición de la estructura de un hotel que había construido invadiendo zona de dominio público marítimo-terrestre y sin licencia en 1996, cuando el GIL gobernaba Estepona. En la parte empresarial también han sido arrestados el responsable de la empresa Bazán Agrojardín, que hizo una gran fortuna en tiempos del gilismo; uno de los socios de la empresa de arquitectura Codelsa, muy vinculada al ayuntamiento, y dos abogados de Bilbao, que fueron arrestados en la capital vizcaína. (…)

También hubo arrestos entre el personal técnico y entre los altos cargos municipales. Los agentes detuvieron a José Flores, jefe de gabinete de alcaldía; Javier W., jefe de área de Urbanismo, encargado de las valoraciones de fincas para los convenios; Pedro López, ex coordinador de Urbanismo con los ex gilistas, considerado por el cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, como "uno de los suyos".

Otro detenido destacado es el arquitecto municipal Arturo Cebrián. En el sumario del caso Hidalgo por blanqueo de capitales, los agentes descubrieron que Cebrián formaba parte de las sociedades vendedoras de unos terrenos sobre los que tenía que informar para el ayuntamiento. Cebrián estaba en tratos con Jan Nadir, uno de los imputados en el caso Hidalgo. Barrientos apartó al arquitecto de su puesto en febrero de 2008. (El País, ed. Galicia, España, 18/06/2008, p. 13)

“Esta ciudad vecina a Marbella ha tenido un desarrollo más tardío que el resto de la Costa del Sol, y por ello llegó al último boom inmobiliario con mucho suelo disponible, lo que resultó atractivo, por ejemplo, para que el Grupo Independiente Liberal (GIL) iniciara en Estepona su expansión. En 1995, Jesús Gil Marín, hijo del fundador del peculiar partido, logró la alcaldía por mayoría absoluta. Sólo gobernó cuatro años, suficientes para dejar de herencia, entre otros desastres, 24 millones de euros gastados sin justificar, según el Tribunal de Cuentas, y una duradera inestabilidad política.” (El País, ed. Galicia, España, 18/06/2008, p. 14)

“La trama corrupta de Estepona financió a partidos con las comisiones ilegales. El alcalde socialista y dos ediles manejaron una 'caja b' con el dinero obtenido. El Ayuntamiento contrató sin concurso a amigos y parientes de los concejales.

La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES). Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías. (…)

Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. (…)

Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenía distintos orígenes, todos ilegales:

- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.

- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.

- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.

- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.

- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.

- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.

TODOS LOS DETENIDOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE ESTEPONA Y SUS CARGOS

Bloque político:

Los delitos en que ha podido incurrir el colectivo de políticos imputados son los siguientes: doble contabilidad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación, falsedad cometida por funcionario público, asesoramiento prohibido, uso de información privilegiada, aceptación de nombramiento ilegal, nombramiento ilegal, revelación de secretos, negociaciones fraudulentas.-

Antonio Barrientos, alcalde, del PSOE.- Francisco Zamorano, concejal de Economía y Hacienda, portavoz del PSOE y ex senador.- Marisa Rodríguez, concejala socialista de Playas.- Asunción López, concejal socialista de Cultura.- María Victoria López Cabezón, concejal socialista de Educación.- Manuel Reina, concejal del PES (antiguo responsable de Hacienda).- José Ignacio Crespo, concejal del PES.

Técnicos municipales y abogados:

La mayoría, acusada de tráfico de influencias, cohecho, uso de información privilegiada, participación en nombramientos ilegales, falsedad cometida por funcionarios, alteración de precios en concursos y subastas, blanqueo de capitales, actividad profesional prohibida, asesoramiento prohibido, delitos contra la ordenación del territorio, edificaciones ilegales.- José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía.- Arturo Cebrián, arquitecto municipal.- Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo (en libertad con cargos).- Juan Simón, arquitecto municipal.- Pedro López, ex gerente de Urbanismo.- Javier Wittmeur, ingeniero de Obras Públicas, candidato en las últimas elecciones del PES.- Ignacio de la Hoz, coordinador del Plan General (libertad bajo fianza de 50.000 euros).- Manuel Barroso, abogado.- Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo (en libertad, fianza de 30.000 euros).

Promotores y constructores:

La mayoría, acusada de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particulares, falsedad documental, blanqueo de capitales.- José Romero, presidente de la promotora Prasa (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Vicente y Félix Delgado, dueños de la constructora Codelsa (libertad bajo fianza de 100.000 euros).- José Antonio Bazán, dueño de Agrojardín (en libertad bajo fianza de 300.000 euros).- Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Enrique González Ceano, dueño de la empresa que gestionó la última campaña del PSOE (libertad sin fianza).- José Luis Cabas, empresario (en libertad con fianza de 30.000 euros).- Manuel de la Cruz, empresario (libertad sin fianza, pero con cargos).- Daniel Delgado y Armando Pérez, abogados de Valle Romano (en libertad con fianza de 100.000 euros).” (El País, ed. Galicia, España, 19/06/2008, p. 13)

La mafia rusa, el Parlamento de San Pertersburgo, los servicios secretos rusos, Putin, los asesores fiscales y los abogados españoles

“Apresados en España los jefes de la principal organización mafiosa rusa.

La importancia de esta mafia golpeada, según los investigadores, no está sólo en su cantidad, sino en su cualidad: sus dirigentes han mantenido presuntamente una sospechosa proximidad con destacados políticos rusos. El máximo dirigente capturado ayer en España, Gennadi Petrov, era considerado el sucesor del jefe de la mafia Tambovskaya, Vladimir Kumarin, detenido en agosto de 2007 por las autoridades rusas por gestionar dicho grupo criminal.

Kumarin no procedía de actividades clandestinas mafiosas al uso, como prostitución o drogas, sino de lujosos despachos empresariales bien conectados con la elite del poder ruso. Fue vicepresidente de la petrolera PTK (Petersburg Fuel Company) entre 1998 y 1999. Esta compañía tuvo un fuerte despegue cuando el entonces vicealcalde de Moscú, Vladimir Putin, le concedió el monopolio del abastecimiento de sus vehículos públicos. No sería el último vínculo entre Putin y dicho personaje. En junio de 2003, el Ministerio de Asuntos Criminales alemán reveló que estaba investigando por blanqueo de capitales una empresa vinculada a Kumarin denominada SPAG, cuyos fondos asociaba al crimen organizado y a las drogas. Dicha firma había tenido como asesor a Putin desde 1992 a 2000, cuando era jefe del comité de relaciones externas de San Petersburgo, cuyo cometido era promover las inversiones extranjeras. Y se desveló entonces que Kumarin mantenía fluidas relaciones con diversos políticos rusos.

El trasvase de miembros de la Tambovskaya al Parlamento local era continuo. (…)

Tan decisivo como los meses de acumulación de pruebas de esta investigación ha sido el total respaldo del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, a la labor que desarrollaban con el apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial, que dirige Juan Antonio González, y sus unidades especializadas en blanqueo (UDEF) y crimen organizado (UDYCO). No en vano, se temían respuestas físicas (ya hubo amenazas de sicarios a los investigadores tras la Operación Avispa de 2005 contra otra trama mafiosa rusa) o de perfil diplomático (tras dicha redada, llegaron recados a la Audiencia Nacional de políticos rusos reclamando la libertad de los capos detenidos).

Las autoridades rusas son muy conscientes de la gravedad de este contrapoder mafioso nacido en San Petersburgo. En 2001, el ministro del Interior ruso proclamó que la Tambovskaya controlaba más de 100 empresas en San Petersburgo, incluida la petrolera PTK, y maniataba los cuatro principales puertos marítimos del noroeste ruso. Contaba con más de 700 miembros en su nómina. (…)

En las empresas hispanas de Petrov -como Vortep Incor, Ingada Exim, Inmobiliaria Calvia 2000, Inversiones Gudimar, Inversiones Sarki, Inmobiliaria Balear 2001, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Centros Comerciales Antei, Sunstar Inversiones, Hisparue o Dimar Incos- se repiten una serie de apellidos rusos y españoles. Anticorrupción y Policía Judicial investigan si sirvieron de testaferros para el blanqueo de capitales.

En todo caso, la investigación ha acumulado indicios suficientes de que la mafia contó con la colaboración de abogados y economistas. Algunos profesionales fueron detenidos ayer bajo tal sospecha. Sus despachos fueron registrados para recoger pruebas de sus actividades ilegales.

Esta cúpula mafiosa rusa desarticulada tiene la singularidad de que desarrollaba desde España su actividad criminal. Desde aquí daba las ordenes a sus subordinados en territorio ruso para sus asesinatos y sus fechorías económicas. El beneficio era trasladado a España y recolocado en el circuito legal financiero con la ayuda de los presuntos asesores jurídico-financieros cómplices. Tras una compleja estructura de simulaciones de préstamos y ampliaciones de capital, el dinero, ya blanqueado, se desviaba a paraísos fiscales o se reinvertía en negocios inmobiliarios en España.” (El País, ed. Galicia, España, 14/06/2008, p. 15/6)

“Petrov abonó 600.000 euros para liberar a un secuaz que estafó 28 millones. (…)

Kumarin ha sido todo un personaje en Rusia. Presidió de 1998 a 1999 la petrolera PTK, a la que Vladimir Putin brindó en 1995 el monopolio del suministro local de los vehículos públicos cuando era vicealcalde de San Petersburgo. Y las autoridades alemanas investigaron en 2003 por presunto blanqueo de capitales una firma suya, SPAG, que tuvo desde 1992 como asesor durante siete años a Putin. Dimitió tres años después de compatibilizar su cargo con el de presidente de Rusia. Putin aseguró que era un cargo honorífico y que nunca visitó la empresa SPAG.

Petrov, sucesor de Kumarin, ha hecho gala de su poder en España. Intervino decisivamente en la puesta en libertad en febrero pasado de uno de sus secuaces, ahora encarcelado por esta causa, Jurij Salikov. Éste fue detenido en 2007 por un fraude al fisco de más de 28 millones de euros. La fiscalía se opuso a su libertad por una fianza que juzgó ridícula de 600.000 euros, establecida por la Sala de lo Penal.

Lo llamativo es que el sumario que ha tejido la Fiscalía Anticorrupción contra la Tambóvskaya demuestra que la mafia que dirigía Petrov estaba detrás de todas las fases de esta macroestafa fiscal: se benefició del botín del fraude y pagó la fianza. Salikov se ha descubierto como personaje clave de esta trama. Constituyó empresas para Petrov y la red. Y ha confesado que la Tambóvskaya se lucró de su macroestafa fiscal, basada en indebidas devoluciones del IVA, y le financió generosamente tras salir de prisión.

Petrov intervino personalmente en las gestiones para obtener su libertad. No en vano, es "el líder, el caudillo, el boss", según la terminología con la que le saludan sus lacayos criminales. (…)

A través de sus empresas blanqueadoras ha forjado un patrimonio en España que supera los 30 millones de euros. Sólo su casa del número 10 de la vía Malgrats en Santa Ponsa en Calvia, le costó siete millones, que sufragó con fondos procedentes de cinco sociedades de las Islas Vírgenes. Sólo en cuentas bancarias superaba los diez millones de euros a nombre de unas sociedades que no justifican tales saldos por carecer de actividad mercantil. Su ostentación, inversamente proporcional a lo que tributaba a Hacienda -año tras año minimizaba y ocultaba ingresos-, se reflejaba en la posesión de un yate que le costó 3,5 millones de euros.

Alexander Malyshev, otro capo detenido, tiene nula formación académica. Pero tal déficit lo subsana su novia, Olga Solovieva, economista. La pareja ha "purificado" diez millones de euros desde 2001. El dinero les llega desde Hungría, Suiza, Letonia, Estonia y Rusia. Posteriormente, lo reenvía a Chipre, de donde lo repatria. El sumario desvela que la mafia tiene miembros especializados en gestionar la "aproximación a determinadas autoridades estatales y locales rusas del más alto nivel, logrando para la comunidad criminal cualquier información relevante dirigida a la obtención de adjudicaciones y suministros públicos". (El País, ed. Galicia, España, 18/06/2008, p. 20)

18 balazos para el rey de la basura

“Michele Orsi, de 47 años, copropietario de la empresa de recogida de basuras Eco4, sabía demasiado. Vivía en Casal di Principe, un pueblo de 20.000 habitantes situado en la provincia de Caserta, cerca de Nápoles, el feudo de la banda camorrista más poderosa, la de los Casalesi, cuyo capo es Francesco Schiavone, Sandokán. Orsi iba a testificar el jueves ante el juez sobre los lazos que unen a políticos, empresarios, camorristas y funcionarios en torno al negocio de la basura en Campania. Sorprendentemente, el domingo le dio por pasear. No tenía escolta. Dos pistoleros se cruzaron en su camino y le pegaron 18 tiros. Le alcanzaron tres, dos en el pecho y uno en la cabeza, y Orsi se convirtió en el cuarto testigo asesinado en el último mes. (…)

Saviano, que vive bajo escolta permanente a causa de las amenazas de muerte, explicó tras el asesinato de Orsi que éste "era un empresario líder del sector de la basura que hizo millones de euros con los clanes camorristas". Su abogado, en cambio, definió al dueño de Eco4 como "una víctima que había pagado durante años 15.000 euros mensuales a la Camorra".

La razón del impuesto es que Orsi había conseguido en los últimos años los contratos para eliminar la basura en 18 lugares distintos de la región. "Él y su hermano Sergio se ocupaban de la basura de 150.000 personas", dice Maurizio Braucci, escritor napolitano y coguionista de Gomorra. "Tenían contactos con políticos, con los colaboradores del comisario especial que gestiona la emergencia de las basuras y con la Camorra. Era una de las personas clave en la diabólica red de corrupción y clientelismo que se esconde tras la emergencia de las basuras en Nápoles". (…)

"La clave es entender que la batalla principal es un enorme negocio", explica Braucci. "El problema que se juega hoy nació hace 15 años, en 1994, cuando el Gobierno decidió que la emergencia de la basura en Campania fuera gestionada por un comisario especial nombrado por Roma y no por la región directamente".

Esa decisión originó, explica Braucci, la creación de un "gran número de entes, entidades, empresas y consorcios, privados y públicos, que dependían del comisario. Esa inmensa red significaba contratos de trabajo, éstos significaban clientelismo y votos a los partidos, y eso a su vez significaba corrupción".

Así nació una inmensa red de intercambio de favores que dura todavía. Y se consolidó un sistema de emergencia en la gestión de los residuos, lo que implica que en Campania, desde hace 15 años, se eliminan las basuras sin cumplir "ni las normas italianas ni las europeas", afirma Braucci. "Los jueces, con errores y buena voluntad, intentaron parar los abusos ecológicos pero los políticos lo impidieron. El negocio era tan grande que dejó de ser regional y se convirtió en nacional", sigue el escritor.

Impregilo, la más grande sociedad financiera de Italia, con sede en Milán, tuvo entre 2000 y 2005 el contrato exclusivo para eliminar los residuos de la región. "Todo el ciclo de basuras estaba en manos de su empresa FIBE", recuerda Braucci. El resultado de la gestión fue el caos y un juicio por delito ecológico. "El comisario de 2000 a 2005, Antonio Bassolino, hoy presidente regional, fue procesado con un hijo y un sobrino de Romitti, el dueño de Impregilo. Los jueces les confiscaron 750 millones que ahora les han devuelto". Durante años, las basuras urbanas fueron depositadas en los mismos basureros y vertederos utilizados por la Camorra para enterrar residuos tóxicos. La conexión Camorra-basura peligrosa venía de lejos, y se cruzó en una madeja diabólica con la emergencia de la basura urbana. En los años ochenta, la mafia napolitana había descubierto el gran negocio: ofrecer a las empresas del norte del país ocuparse de sus residuos tóxicos llevándolos al sur. "Ahí se produjo el cortocircuito. La Camorra empezó a descargar veneno en vertederos normales, y se cruzaron los caminos de los partidos, la ecomafia, el Estado y las empresas. Los ciudadanos empezaron a protestar y salió todo a la luz". (El País, ed. Galicia, Internacional, 08/06/2008, p. 8)

Si lo dice el arquitecto municipal, pues será cierto que se puede edificar en suelo rústico, para eso ha estudiado...

“El fiscal denuncia por prevaricación a dos gobiernos del PP en Abegondo

El ex conselleiro Santiso, entre los imputados por urbanizar un monte protegido

La querella formulada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos ante el Juzgado decano de Betanzos imputa a los dos últimos gobiernos del PP en Abegondo un delito de "prevaricación continuada" por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre los años 2002 y 2005. Se trata de la corporación que presidió el ex conselleiro de Agricultura y actual diputado autonómico del PP, José Antonio Santiso Miramontes, y la que encabezó su sucesor, Juan José Rocha Carro, actual alcalde independiente del municipio.

La denuncia del ministerio público acusa por el mismo motivo a los tres últimos arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento coruñés: al actual, Manuel Cortón Muinelo, a su antecesora, Cristina Ballón López, y a Antonio Carro Núñez que ejerció a través de una asistencia técnica como aparejador municipal entre 1998 y 2003, así como a dos de sus colaboradores.

La querella del fiscal relata el procedimiento administrativo que permitió urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas donde ya se han construido medio centenar de viviendas unifamiliares en Limiñón, Os Valiños, Pedregal, Coto, parroquias todas del municipio de Abegondo. Según su querella, entre los años 2002 y 2007 "por parte de los denunciados se facilitó la construcción de numerosas viviendas unifamiliares, todas ellas en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal".

El objetivo de la trama consistía, según la denuncia, "en conceder licencias" para edificar construcciones para "usos incompatibles con el suelo en que se enclavaban las fincas, que según su calificación sólo podrían permitir "actividades agropecuarias".

La denuncia cuestiona los informes del arquitecto municipal, Antonio Carro Núñez, a favor de la parcelación en suelo rústico a lo largo de 2002 y la posterior aprobación de las licencias por parte del Gobierno del PP que presidía Santiso Miramontes.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/06/2008, p. 3)

"... lo conocía media región de Murcia"

“El ex alcalde de Totana extorsionó a industriales desde la Cámara murciana. Morales supuestamente pactó cobrar cinco millones por una recalificación.

La Guardia Civil cree que el ex alcalde de Totana del PP y diputado del grupo mixto en el Parlamento autonómico murciano, Juan Morales, siguió aprovechándose de su cargo de diputado para hacer negocios ilícitos y tratar de cobrar comisiones ilegales por las gestiones urbanísticas iniciadas cuando era primer edil totanero. Documentos interceptados al abogado de Morales muestran que la ex mujer de éste -está separado, no divorciado y sin separación de bienes- firmó un convenio con la empresa Visanfer en la que el empresario se comprometía a pagar cinco millones de euros de comisión a cambio de la recalificación de una finca en un Parque Natural.

Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) que consta en el sumario de la Operación Tótem, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya: "Juan Morales, desde su nueva posición de diputado regional, sigue aprovechándose de su condición de servidor público con influencias en la Administración (...) para seguir haciendo ver a Manuel Núñez Arias que aún conserva cierta influencia y que de él depende la exitosa culminación de la operación, consiguiendo así una recompensa por sus servicios". Morales fue alcalde de Totana hasta 2007, cuando pasó a la Asamblea regional en la lista del PP. En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de corrupción, fue expulsado y pasó al Grupo Mixto. IU recordó ayer que Morales fue elegido por el PP portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la que debería pasar la recalificación de esa parcela.

Según la investigación judicial, Morales habría pactado con el empresario una comisión ilegal de 3,6 millones, de la que también se beneficiarían los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, así como el empresario totanero Gabriel Martínez, amigo íntimo de Morales. Una frase de este último, dueño de Huevos Maryper, llevó a la Guardia Civil a pensar que el ex alcalde continuaba delinquiendo desde la Asamblea.

Martínez y Morales, una vez que éste había salido de la alcaldía de Totana, negociaban con Núñez Arias la comisión ilegal por las gestiones para aprobar el convenio urbanístico. "Por si hay que dar un toque en Murcia o donde sea", señaló el empresario totanero.

El responsable de Política Municipal de IU y edil de Totana, Juan José Cánovas, dijo tener constancia "de que hubo personas del municipio que informaron al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, o a parte de su entorno, sobre qué pasaba en el municipio". El alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, aseguró ante la prensa que las presuntas corruptelas de Morales las conocía "media Totana y medio Región de Murcia". (El País, ed. Galicia, España, 06/06/2008, p. 19)

La guerra de México ¿Pronto en Cuba?

“En los últimos 18 meses de guerra entre el Estado mexicano y los narcotraficantes… Quinientos policías y militares, incluyendo mandos, han perdido la vida en enfrentamientos o ejecuciones, y la guerra entre los mismos carteles ha provocado 4.000 muertes. Las fuerzas federales han realizado 22.000 arrestos y extraditado 41 narcotraficantes a EE UU. Se han incautado de 14.000 armas, 260 millones de dólares, 6.900 vehículos, 121 embarcaciones marinas, 261 aviones, 2.700 toneladas de marihuana, 52.000 kilos de cocaína y 13.000 de pseudoefedrina. Estos resultados han provocado aumentos sostenidos en los precios de la cocaína de un 44%, y de las metanfetaminas, 73%, en las principales ciudades de EE UU. El Gobierno estadounidense ha tenido que reconocer sus responsabilidades por el consumo y por el tráfico de armas a los carteles. (…)

Durante 40 años hubo tolerancia universal al consumo y oferta de drogas, y hasta la CIA vendió cocaína. (…)

os carteles, que durante años habían operado sin ser muy visibles, se volvieron cínicamente impunes. Se transformaron en poderes fácticos, arrebataron la autoridad al Estado a nivel local, cooptaron a miles de policías y ciudadanos, y desataron violentas guerras por mercados y rutas. Los grandes capos mexicanos estaban a meses de poder hablar por teléfono directamente con la presidencia, tal como ocurrió en Colombia. (…)

La violencia que vive ahora México es el final del régimen de convivencia con el crimen organizado, un final que obviamente será sangriento y doloroso. (…)

En unos tres años el poder coercitivo del Gobierno federal se habrá incrementado considerablemente y el despliegue territorial de éste se habrá consolidado; los delincuentes habrán perdido poder financiero; los carteles se atomizarán, y la violencia se reducirá sustancialmente. Tendrá México que lidiar con la cultura de ilegalidad de sus ciudadanos y con sus propios consumidores de droga. Pero alguien tendrá que abastecer la diversión de las neoyorquinas. Quizás entonces los narcotraficantes se apoderen de Estados pequeños como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, o tal vez, aprovechando las debilidades de la transición, tomen control de Cuba.” (JOAQUÍN VILLALOBOS: México en guerra. El País, ed. Galicia, 03/06/2008, p. 27)

¡Dale largas, que ya verás como te lo agradecen!

“Los jefes mafiosos hacen tratos con políticos sicilianos y napolitanos, que, a su vez, apoyan a los líderes nacionales. Y todos ellos comparten una lucha contra el aparato judicial. (…)

Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que se cometió el delito. En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a varios acusados de pertenencia al crimen organizado.

Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía italiana, "gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano". (ALEXANDER STILLE: Mafia y política en la Italia de Berlusconi. El País, ed. Galicia, 31/05/2008, p. 39)