23.3.25

El grupo del Tigre: los 20 millones que emparedó el jefe de la UDEF conducen al 'número uno' de los narcos españoles

 "La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una funda de rifle y unos edredones. Eran poco más de las 5.30 horas de la mañana del pasado 6 de noviembre y ninguno de los 13 agentes que participaban en el registro imaginaba que aquellos billetes eran una porción insignificante de los 20 millones de euros que iban a encontrar durante las 16 horas que duraría el registro en el domicilio del inspector jefe Óscar Sánchez Gil. 

La cifra de dinero incautado y el destino del policía, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, provocaron un escándalo dos días después, cuando trascendió el hallazgo. La escena de los agentes derribando paredes que escupían billetes pertenece a una trama donde ningún fotograma desmerece: muy lejos del chalé del policía en Villalbilla (al noreste de Madrid) el hilo de la misma organización condujo a un mar de plásticos verdes que envolvían 13 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de la historia de España. Y mucho más lejos, condujo a un español al que apodan ‘El Tigre’ y que se sienta a la mesa de los grandes capos internacionales de la droga que se refugian en Dubai. 

La versión oficial de la investigación dice que todo empezó con la información recibida acerca de un policía de nombre Óscar que colaboraba con una organización de narcotraficantes. La siguiente pista estaba en las propias bases de datos de la Policía. El fichero GATI está destinado a evitar duplicidades. Si una unidad abre unas pesquisas debe introducir ahí las matrículas de los coches de los sospechosos, un número de teléfono o el nombre de una empresa. También las matrículas de los contenedores que llegan a puerto. Si hay otra unidad que ha volcado el dato antes salta una coincidencia. 

Óscar Sánchez Gil utilizaba un par de investigaciones abiertas en su unidad como justificante para volcar ahí todos los datos de su organización: luz verde para el alijo si no había duplicidades y alerta roja para sus compinches si aparecía que les estaban ya investigando. Asuntos Internos comprobó que la UDEF de Madrid había introducido matrículas de 551 contenedores desde que Óscar Sánchez llegó a la unidad como jefe, en julio de 2020. Los contenedores son el medio por el que las bandas introducen la droga a través de los puertos. Antes de eso, la unidad dedicada al blanqueo y la corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid no había introducido un solo dato acerca de un contenedor.

Vuelta al 6 de noviembre. Al chalet de Villabilla. Los agentes llegan a la buhardilla. En la parte alta de los trasteros hay 14 paquetes. En cada paquete hay diez bloques de billetes. De 500, de 200, de 100… Hace tiempo que ya se ha incorporado a la búsqueda un segundo perro de Guías Caninos. A las 13:42 se persona un policía con una máquina de contar billetes. Los perros andan desbocados.

Se suman al registro los policías del Grupo Operativo de Investigaciones Técnicas (GOIT). Si hay escondites ocultos cuentan con tecnología para descubrirlos. Pican las paredes de la buhardilla y allí, en una columna, aparecen nueve paquetes más. Tras el armario del hall de entrada, Óscar Sánchez y su mujer –policía nacional destinada en el grupo de familia y menores de Alcalá– han construido otro escondite. Más billetes. También hay en el cobertizo del jardín. Y en un macetero. En el techo del garaje, tras el plafón, aparecen nuevos fajos envasados al vacío.

A través del inspector jefe, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) habían llegado a Ignacio T., con antecedentes por narcotráfico. Se trata del número uno de la organización, al menos en España, según cree la Policía. En los informes aparece fotografiado en el aeropuerto de Barajas. Ha ido a recoger a José Ángel C., que viene de Dubái. Ambos se van a comer y son fotografiados por la Policía. José Ángel es un treintañero acusado de ser el cerebro de la compleja trama de blanqueo de dinero a través de sociedades, que también utilizaba el inspector jefe. 

La Fiscalía habla de “un campo de minas”

Óscar Sánchez había establecido alrededor de sus colaboradores lo que la Fiscalía Antidroga llama en su querella “un campo de minas”. Si alguien se acercaba estallarían. A Ignacio, a José Ángel y a José Luis L. R, el inspector jefe los había incluido en el fichero como “confidentes”. En 2021, un contenedor con 1.605 kilos de cocaína llegó al Puerto de Algeciras en dirección a una empresa de importación de plátanos en Campello, Alicante. El encargado de recoger la mercancía debía ser Jose Luis R. Nunca apareció por allí. Estuvo un año huido hasta que se entregó en un juzgado de Algeciras. 

Otro de los nombres que había incluido en el fichero el inspector Sánchez Gil era el de la empresa importadora Abadix Fruits. El matrimonio al frente se entregó esta semana por ser la receptora de las 13 toneladas incautadas en octubre pasado. Estaban hartos de huir y de que Miguel, de 58 años, tuviera que buscar en cada nuevo destino un lugar donde recibir su sesión diaria de diálisis. 

Aquel envío de 2021 que nadie pasó a recoger tenía detrás a un español que había pasado bajo el radar de las Fuerzas de Seguridad hasta entonces. El 10 de mayo de ese año, la Policía colombiana trasladó un cable a sus colegas españoles con la información que “una fuente humana” les había dado del cargamento de 1.605 kilos que nadie fue a recoger. “Detrás del contenedor está una organización criminal liderada por un ciudadano español de nombre Alejandro, conocido con el alias de Tigre, quien dirige las operaciones criminales desde Dubai”, decía la comunicación. 

Efectivamente, en los archivos policiales constaba un madrileño con antecedentes que ya ha cumplido 46 años. También le llamaban 'Don Máquina'. La Policía le situaba en varias operaciones antidroga, pero desconocía el ascenso en la empresa criminal que había experimentado Alejandro Salgado, un madrileño en la cuarentena y de buena familia, que cosecha una ristra de antecedentes y del que todavía queda por reconstruir su discreto camino a la cima del narcotráfico.

En la investigación a la trama del Tigre, Ignacio T. y el inspector jefe Sánchez ha jugado un relevante papel Sky ECC, el sistema de telefonía encriptado, que como ocurriera primero con Encrochat, fue intervenido por la policía francesa, originando la mayor crisis de la historia en el narcotráfico internacional. Un informe policial de los mensajes intervenidos a la organización muestra a Salgado dirigiendo en directo una operación de descarga de droga en el puerto de Algeciras desde Dubái, a 8.000 kilómetros de donde se estaba produciendo. “Coronado, Tigre”, le anuncia su interlocutor en el terreno cuando terminan.

La última vez que consta un viaje a España de Alejandro Salgado desde Dubái es 2019. En 2022 fue detenido en Emiratos Árabes en una lujosa casa donde se celebraba una fiesta. Las autoridades del país islámico son muy severas con el consumo y Salgado fue uno de los arrestados. La Guardia Civil lo publicitó como un éxito de la cooperación entre ambos países, pero a día de hoy no hay esperanza de que sea extraditado. Emiratos Árabes llena de trabas burocráticas cualquier entrega.

Salgado llevaba una vida de lujo, pero discreta en la capital del estado árabe, donde sigue tejiendo alianzas con otros líderes de organizaciones internacionales, según fuentes policiales. El juez Francisco de Jorge, que instruye la causa contra el grupo español, investiga su maquinaria para lavar “miles de millones de euros” de los beneficios del narcotráfico, tanto propios como de esas otras organizaciones con sus jefes escondidos en Emiratos Árabes.

Cuenta atrás para el mayor de los alijos

Uno de esos clanes, conocido como de los Balcanes, habría pedido explicaciones al Tigre por la pérdida de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, según publicó el medio especializado narcodiario.com. Lo que sigue es la cuenta atrás de la incautación de la droga y la caída del inspector jefe Óscar Sánchez Gil.

Diez días antes. Es 4 de octubre y el inspector jefe hace una foto con su teléfono oficial a lo que aparece en la pantalla de otro móvil. Se trata de un cuadro con códigos que identifican 16 contenedores, su “mercancía” –banana y piña– y las sociedades que las exportan. Entre esos 16 contenedores está el que tiene por matrícula TCLU1210545.

Queda una semana. Alguien entra en el fichero GATI e introduce el identificador de los 16 contenedores justificándose en el marco de una operación policial denominada Unagui, abierta en 2020. Aparece como titular de la operación el jefe de un grupo de la UDEF de Madrid, la unidad que dirige Óscar Sánchez Gil. 

Seis días antes. Los agentes de Vigilancia Aduanera en Algeciras habían bautizado una operación sobre unos contenedores con el nombre de ‘Sobotka’, por el protagonista de la segunda temporada de la serie The Wire, ambientada en el puerto de Baltimore. El sistema alerta de que uno de esos contenedores ha sido introducido en la base de datos por la UDEF de Madrid. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acuerda que ambas investigaciones pueden seguir por separado.

A 72 horas. El 11 de octubre, viernes, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizan en secreto un escáner móvil que han bautizado como ‘Medusa’. El artilugio realiza “reconocimientos no intrusivos”, lo que evita que los narcotraficantes conozcan las sospechas sobre un determinado contenedor. Parece que el que lleva la numeración TCLU1210545 no solo contiene piñas. Será necesario abrirlo. 

El día del alijo. Es 14 de octubre. Las piñas viajan en cajas de cartón de 20 kilos. En su interior se descubren 11.525 tabletas recubiertas de plástico verde. Son 13.062 kilos de clorhidrato de cocaína. 

Esa misma tarde, el inspector jefe Óscar Sánchez tiene en su poder un vídeo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera inspeccionando el cargamento de cocaína. Uno de sus subordinados le llama para informarle. Sánchez quiere saber si el importador es una empresa llamada Abadix Fruitx, radicada en El Campello (Alicante). 

Poco antes de las siete de la tarde, el inspector jefe logra hablar con un responsable de Vigilancia Aduanera en Madrid, que le confirma que Abadix en la destinataria del contenedor con la droga. El policía había dado de alta una investigación con el nombre de la sociedad y nadie le había avisado de que iba a estallar la operación. 

El responsable de Vigilancia Aduanera le explica que su enlace en Colombia ha recibido una información procedente de Ecuador y que han tenido que actuar, que sus compañeros de Algeciras tampoco le habían informado, se disculpa. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión, ni hostias, ni nada”, se enfada el policía.

Sánchez Gil habla a su vez con Ignacio T., el líder de la organización en España. “¿Qué hacemos?”, le pregunta al policía su interlocutor. “Nada, esperar”, responde él. A las 5:30 de la madrugada del 6 de noviembre sonará el timbre de su casa en Villalbilla. Son sus compañeros de Asuntos Internos y la Udyco. Sánchez Gil no se inmuta. No llama la atención ni siquiera en una situación así. Sus compañeros lo apodaron 'El Anodino'. Entre los 20 millones de euros en billetes apareció uno de 50 que ha resultado ser falso."                   ( Pedro Águeda , eldiario.es, 22/03/25)

21.1.25

La ex eurodiputada Maria Arena, acusada de pertenecer a una organización criminal

 "Los cargos, que Arena ha negado, son los últimos de las acusaciones del Qatargate, según las cuales grupos de presión extranjeros intentaron comprar influencia en el Parlamento Europeo.

Maria Arena, ex eurodiputada socialista, ha sido acusada de pertenencia a organización criminal, según ha confirmado a Euronews el fiscal federal belga.  

La medida se produce tras el escándalo Qatargate, que sacudió el Parlamento en 2022 y que ha supuesto la imputación de varios eurodiputados y miembros de su personal por corrupción y blanqueo de dinero.

Los cargos se confirmaron tras las revelaciones del diario La Libre, pero el portavoz declinó hacer más comentarios sobre la investigación de la supuesta compra de influencias por parte de actores extranjeros como Qatar.

Arena ha negado las acusaciones, al igual que otros ex eurodiputados implicados Eva Kaili, su pareja de hecho Francesco Giorgi, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino y Marc Tarabella.

Arena, que hasta julio de 2024 fue eurodiputada por la región francófona de Bélgica, dimitió de su cargo de presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara tras revelarse que no había declarado viajes pagados a Qatar.

Hasta ahora había evitado ser acusada directamente, aunque a principios de la investigación la policía belga había precintado el despacho de su asistente.

Arena declaró a La Libre que había sido «acusada porque conozco a otras personas que a su vez están acusadas de corrupción».

Es la última vuelta de tuerca en un caso que cada vez se extiende más.

 En junio de 2023, Michael Claise, el juez que dirigía la investigación, dimitió tras las acusaciones de conflicto de intereses. El abogado de Tarabella alegó que Claise no podía ser imparcial, ya que su hijo y el hijo de Arena eran socios comerciales.

La noticia significa que cuatro personas más han sido acusadas en relación con la investigación, además de las seis personas que fueron acusadas en los meses posteriores a la apertura del caso en diciembre de 2022.

A principios de enero, Le Soir informó de la imputación de otros tres sospechosos, entre ellos dos asesores y un asistente de la agrupación socialista.  

Más de dos años después, el caso se enfrenta a nuevos escollos. La juez de instrucción Aurélie Dejaiffe dejará en breve su puesto en el sistema judicial belga, y el caso de Kaili se ha retrasado aún más por las dudas sobre si la información facilitada por los espías belgas era lícita.  "                  (Jack Schickler & Maria Psara , Euronews, 20/01/25, traducción DEEPL)

20.1.25

La pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional... La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín, García Castellón, quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo

Victor Guillot @Espejodevillano

TODOS LOS HOMBRES DE LA PRESIDENTA

EL JUEZ ELOY VELASCO, "A TOMAR POR CULO, A ONTENIENTE

" Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana que una dictadura no va de una día para otro sino poco a poco, carcomiendo las instituciones. Se ve que la Presidenta de Madrid nos lee con devoción, porque este martes comparó la investigación que recae sobre su novio con el Watergate. Por otra parte, a Alberto González Amador se le va a imputar un nuevo delito por presunto soborno a un directivo de Quirón. Tras un año, el acusado por fraude fiscal y falsedad documental todavía no ha declarado por los casos que han desencadenado "el Watergate", ay. 

Tiene razón Ayuso: para tomar el poder judicial hace falta tiempo. A veces los tiempos se aceleran. La actual presidenta de Madrid, no obstante, fue testigo de toda una época de corrupción en el turbomadrid de Aguirre, Granados e Ignacio González. Casi se puede decir que todo lo que estamos observando hoy comenzó tras un tamayazo. Ayuso fue testigo en primera persona del estallido de Púnica y Lezo, primero como candidata en las listas del PP a las elecciones de la Asamblea de Madrid de 2011. Después, en 2015, como portavoz adjunta del PP, durante el gobierno de Ignacio González y más tarde como viceconsejera de Justicia.

 En ocasiones, los movimientos de los peones se aceleran. Son pasos irreversibles que resquebrajan la arquitectura del estado de derecho. Le sucedió al juez Eloy Velasco, el juez "del pueblo" (léase con toda la ironía), cuando inició la instrucción del caso Lezo y el caso Púnica en 2015. 

El juez Velasco incluyó como investigados dentro de la Operación Lezo al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir. La lista incluía al viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, además del propio presidente Ignacio González. ​

El periódico http://Vozpopuli.com publicó en abril de 2015 que los abogados de los imputados en la trama Púnica estudiaban acciones legales contra el magistrado Eloy Velasco por entender que pudiera estar revelando secretos del sumario, mientras algunos de los presuntos implicados permanecían en prisión.

 El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

 La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo, pero que conviene recordar hoy para saber cómo se van encofrando los pilares de una dictadura y cómo tratar a los jueces. 

A Ignacio González no le tembló el pulso ante Zaplana cuando exigió que Velasco abandonara la instrucción antes de que le estallase en la cara: "Tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño". 

La grabación continúa expresando la pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional: "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no. Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...". 

De quien habla González no es otro que Manuel García Castellón que llevaba casi 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Tal y como avanzaba Ignacio González, García Castellón pediría su regreso al juzgado que dejaba su sustituto. 

Para que quedar completamente aquilatada la dictadura, en los términos de Díaz Ayuso, González insistió en quién podía ser el siguiente juez que llevase la causa: García Castellón: "Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla"

 Efectivamente, la Comisión Permanente del CGPJ designó a Eloy Velasco y a Enrique López Velasco como los magistrados para la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Su nombramiento, además, fue publicado también en el BOE a través de un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Finalmente, el juez García Castellón sustituyó a Velasco en los casos Lezo y Púnica. 

Ignacio González no sólo consiguió cambiar al juez Eloy Velasco por Manuel García Gallardo en la instrucción. También consiguió colocar al Fiscal Anticorrupción que quería: Manuel Moix.

 ADENDA El juez Eloy Velasco fue director general de justicia en el gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. 

ADENDA 2 Durante un curso celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la V Semana Internacional del Compliance, Eloy Velasco criticó al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y cuestionó su legitimidad. Refiriéndose a la aprobación de la ley del "solo sí es sí" de 2022, criticó a la entonces ministra de Igualdad por tratar de «enseñar el mundo» y explicar lo que es el consentimiento a los juristas, cuestiones que, según el juez, «nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona». 

ADENDA 3 Mariano Rajoy confirmó a Catalá como ministro de Justicia después de haber sido reprobado en la Corte de los Leones.

Última edición3:49 p. m. · 15 ene. 2025 28,4 mil Visualizaciones

18.1.25

Ábalos y Koldo cobraron por venderse al comisionista Aldama hasta casi 1 millón y 500.000 euros, respectivamente, entre 2019 y 2022 (Ekaizer)

 "La hoja de ruta del interrogatorio del abogado José Antonio Choclán a su cliente, el imputado/investigado Vicente de Aldama, consumió 1 horas 31 minutos y los restantes 25 minutos que duró la declaración quedaron para Luis Pastor, fiscal miembro de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo tanto del procedimiento de Koldo García-Aldama-José Luis Ábalos como de la trama de los hidrocarburos, un caso de fraude fiscal de 182 millones y otros delitos que provocó 14 detenciones el 10 de octubre pasado y arrojó a Aldama a la prisión madrileña de Soto del Real por decisión del juez Santiago Pedraz.

       Choclán suele saber muy bien, por su actuación en casos mediáticos de diverso y gran calibre, lo que el mercado de noticias y de la política demandan.

Y elaboró esa hoja de ruta con ese conocimiento: pasear a su cliente ante los principales protagonistas y personajes secundarios.

Así, aparecieron en la primera parte además de sus socios presuntamente corruptos Koldo García y José Luis Ábalos, el presidente Pedro Sánchez, varios ministros del Gobierno (hasta la oportuna Teresa Rivero (sic), nombre que Choclan tuvó que corregir por el de Ribera), la exvicepresidenta Nadia Calviño, la venezolana Delcy Rodríguez, el opositor Juan Guaidó, y demás.

   Pero desde el punto de vista criminal, o penal, lo que hizo en primer lugar este jueves Aldama, el corruptor según la definición de los autos judiciales en esta causa, es echarse sobre sus espaldas el papel de creador de la organización criminal (artículo 570 del Código Penal); tráfico de influencias (artículo 428) y de cohecho (artículo 419). Es decir: declararse culpable. “Yo no soy el Banco de España”, dijo que les decía a Ábalos y a su mano derecha Aldama cuando le pedían más dinero por venderse.

    Y como creador del entramado para la concesión de negocios con las administraciones públicas Aldama ha acreditado y aportado detalles sobre la investigación que el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y el fiscal Luis Pastor, vienen desarrollando con apoyo de la policía judicial de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil desde 2022.

   “Los cohechos de Ábalos y Koldo están reconocidos y esclarecidos. Las novedades habrá que verlas”, señaló una fuente judicial muy cercana a la investigación. “Aldama ha reconocido sus cohechos, tráfico de influencias y organización criminal. Y eso es un pico de años” añadió.

     Entre esas “novedades” hay dos: la presunta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

    La Fiscalía pedirá, según ha sabido este diario, la comparecencia en calidad de imputado de Carlos Moreno a la brevedad para confirmar la información de Aldama, quien presuntamente entregó el dinero a Koldo y éste, junto con Aldama, se lo dio en mano a Moreno; misma presunta operación frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Aldama y Koldo con la entrega a Santos Cerdán de un sobre con 15.000 euros.

    El primero de los cohechos obedecería a un aplazamiento en la entrega de un aval a Hacienda por parte de una empresa de Aldama llamada Pilot Real Estate.

Koldo habla con Moreno y este le dice que primero, antes de hacer cualquier gestión, necesita consultarlo con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, segú afirma el creador del entramado.

Se hace la gestión y el aplazamiento de un embargo previsto es concedido. A los dos meses, Koldo le sugiere a Aldama que tenga un “detalle” con Moreno que está buscando un piso. Koldo le pide 25.000 euros. Quedan a tomar café debajo del Ministerio e Hacienda y Koldo y Aldama le entregan el sobre.

El segundo cohecho sería la entrega de los 15.000 euros apuntados a Cerdán por contrataciones a favor de Aldama en el País Vasco y Navarra, lo que llama el “cupo vasco”.

    Aldama dice siempre estar presente en las entregas de metálico.

También en las destinadas a Ábalos, en el ministerio y en su casa.  

    ¿Cuáles fueron las cantidades que pagó en metálico y en otros favores (inmuebles, alquileres varios) Aldama?

   Las fuentes consultadas aseguran a El Periódico de Cataluña que Aldama pagó a Ábalos aproximadamente 1 millón de euros entre primeros de 2019 y 2022, contando entregas en metálico y otros cohechos (compra de una chalé para su uso familiar en La Alcaldesa, Cadiz y el alquiler de un piso en Torre de Madrid para Jessica González García, amante de Ábalos) cantidad que en el caso de Koldo García pudo ascender a unos 500.000 euros.

   Estas cantidades salen de las pesquisas realizadas por la UCO en los múltiples dispositivos incautados a la trama Aldama-Ábalos- Koldo y examinados hasta ahora.

Es más dinero de lo que ha declarado este jueves Aldama.

     El “presupuesto inicial” que le pedían Ábalos y Koldo García era de 2 millones de euros el primero y de 500.000 euros el segundo.

     Los contratos de venta de mascarillas, que le permitieron ganar una comisión de 5,5 millones de euros a Aldama, les supuso a Ábalos embolsar 250.000 euros y a Koldo García 100.00 euros.

Ese fue el acuerdo.

     En respuesta al fiscal Luis Pastor, el creador de la trama señala:

   -Señor fiscal, yo creo que quitando [los contratos de] las mascarillas se le habrá dado al señor Ábalos unos 400.000 y pico de euros, y al señor Koldo, unos 200.000 euros más.

   -Pastor: ¿Eso en todos los conceptos o solo en metálico?

  -Aldama: En metálico. No estoy contando la casa [piso en Torre de Madrid] que se le pagaba a Jessica.

 -Usted también ha indicado pagos recurrentes [mensuales] de entorno a 10.000 euros a Koldo.

 -Sí.

    Sin embargo, según los investigadores, el seguimiento de los pagos realizado por  la UCO arroja cantidades mayores, según hemos apuntado.

    Las pretensiones de Ábalos y Koldo García, si se dan por buenos los datos ya conocidos en la investigación y las afirmaciones de Aldama indican que ambos vieron la ocasión de dar dos grandes pelotazos.

Si Aldama cobró 5,5 millones de euros por intermediar (el 10% de todos los contratos de venta de mascarillas por 55 millones de euros), ellos pretendían la mitad de esa ganancia (2 millones para Ábalos y 500.000 para Koldo). Parece que Koldo lo habría conseguido.

    Antes de terminar la declaración del pasado jueves, el fiscal Pastor hizo a Aldama la siguiente petición:

   -Usted ha declarado aquí voluntariamente. ¿Puede ratificar su voluntad de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción? Comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal.¿Manifiesta usted su disposición?

-Manifiesto mi disposición y colaboración

     Tras la declaración, el abogado Choclán solicitó la libertad al juez Pedráz, que había dictado prisión para Aldama y sus cómplices el 10 de octubre en la trama de los hidrocarburos.

El fiscal pastor, a su vez, solicitó la tarde del jueves acordar la libertad en virtud de que “la confesión de los delitos coloca al investigado [Aldama] en una nueva situación”, aunque pidió la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecer semanalmente.

    Aldama se atribuyó en la declaración a sí mismo la labor de conseguir el rescate de Air Europa, empresa a la cual asesoraba, y a Ábalos. Lo hizo de manera tajante. En ningún momento apuntó a Begoña Gómez en este asunto.

     Choclán consiguió el impacto que buscaba: es decir las múltiples referencias de Aldama a Pedro Sánchez.

Y obtuvo también lo que estaba fuera de guión: la respuesta de Sánchez a “este personaje” (Aldama); y la de su cliente a Sánchez: “No se preocupe, tendrá pruebas”."

( Ernesto Ekaizer , blog, 23/11/24)

14.1.25

La asociación progresista de fiscales atribuye al Supremo una “caza de brujas” por la causa contra el Fiscal General, García Ortiz... que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”... “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”

 "La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido este lunes un duro comunicado para denunciar el “ataque directo” contra la “institución del Ministerio Fiscal” que ha perpetrado, según su opinión, el juez Ángel Hurtado al citar a declarar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos de sus subordinados el 30 de enero y el 5 de febrero. La asociación —a la que pertenece García Ortiz y de la cual fue presidente— insiste en que la causa del magistrado instructor del Tribunal Supremo contra el máximo representante del ministerio público constituye una “auténtica caza de brujas”, que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”.

“La UPF manifiesta su absoluta disconformidad y perplejidad por esta imputación, que supone criminalizar el funcionamiento normal de la institución del Ministerio Fiscal”, remacha la nota del colectivo, que en diciembre ya calificó como “claramente inquisitivo” el trabajo del juez. A primera hora de la mañana de este lunes, Hurtado ha fijado la fecha para interrogar formalmente como imputado a García Ortiz, encausado por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el magistrado ha señalado que tomará declaración como investigados a Pilar Rodríguez (30 de enero), fiscal jefe provincial de Madrid, que ya estaba imputada; y a Diego Villafañe (5 de febrero), teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, a quien pone por primera vez en la diana.

“La investigación del teniente fiscal de la secretaria técnica y la citación a declarar formalmente en condición de investigados del fiscal General y la fiscal jefa provincial de Madrid, lejos de argumentar indicios incriminatorios algunos, está describiendo el funcionamiento normal y ordinario de toda la institución”, prosigue el comunicado de la UPF, en referencia a la exposición que Hurtado hace en su resolución de este lunes. En su escrito, el magistrado describe el intercambio de mensajes que se produjo entre los miembros de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de marzo, después de que El Mundo publicara una información tergiversada que afirmaba que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera dos delitos fiscales para evitarle la entrada en prisión —pese a que había sido realmente al revés, ya que el pacto había partido del abogado del novio de Ayuso—.

La Fiscalía General del Estado defiende que esas comunicaciones demuestran que se pusieron a trabajar para desmontar el bulo mediante una nota de prensa que se publicó el 14 de marzo. Sin embargo, antes de la divulgación de esa nota, se filtró a la prensa un correo del letrado de González Amador (fechado el 2 de febrero de 2024) que desmontaba la mentira —que, precisamente, estaba difundiendo el PP de Madrid y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez—. La cúpula del ministerio público niega que ellos filtraran ese email, pero el magistrado Hurtado considera que existen indicios suficientes de que salió de ahí.

 “La actuación de todos los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución”, subraya el comunicado de la UPF de este lunes: “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”."

(J. J. Gálvez , El País, 13/01/25)

12.1.25

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo (Ernesto Ekaizer)

 "La inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con carné profesional número 89169 Silvia O.M. debía declarar la semana próxima, el 13 de enero de 2025, sobre su escrito aportado al juzgado (véase el escrito) en el que desveló dos operaciones de inteligencia contra Podemos en 2016: Bolívar y Venús. Pero la decisión del juez Santiago Pedraz del pasado 8 de incorporar los expedientes de ambas a la causa, según una solicitud de la acusación particular -el partido Podemos actúa en calidad de perjudicado- ha aplazado la comparecencia testifical, de Silvia. O.M, según una providencia del pasado 7 de enero.

La nueva fecha depende, ahora, de que las instituciones policiales envíen los expedientes de las operaciones Bolívar y Venus al juzgado para conocer el alcance de las pesquisas políticas, al margen de los tribunales.

Cabe señalar que Pedraz decidió el pasado miércoles 8 esa incorporación pese al informe negativo del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, quien considero desproporcionada la solicitud.

Cachondeo

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo.

En dicho texto, Cosidó se mostró pedagógico con voces disidentes -los llamados senadores sorayistas que abominaban de un pacto con el Gobierno- y destacaba la goleada que suponía el acuerdo. El mensaje fue filtrado pocas horas después de ser enviado.

“Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11 a10 sino próximasal 21-0. Y además controlando la sala segunda [la sala penal del Tribunal Supremo] desde detrás…”.

El pacto voló por los aires y el PP de Pablo Casado y Alberto Nuñez Feijóo mantuvieron el bloqueo de la renovación durante cinco años y medio, hasta julio de 2024. Se dice pronto, sí.

En cambio, como director general de la Policía (2012-2017), Cosidó estuvo al frente de una institución que puso en marcha una policía política, según se ha apuntado, sin resultar imputado, ni prestar declaración en calidad de testigo, en la operación extrajudicial Kitchen en busca de datos presuntamente comprometedores para Mariano Rajoy en poder de Luis Bárcenas, un montaje en el que intervinieron 50 policías, cuyo juicio oral se contra la mayor parte de los altos cargos de Interior en fecha todavía por determinar.

El rechazo de la judicatura de investigar la Operación Cataluña, por otra parte, también le ahorró cualquier tipo de molestias.

Por último, ha sido citado en calidad de testigo el pasado jueves 9 en la causa que investiga las operaciones políticas para acabar con Podemos en 2016 y 2017.

No conoció, según ha declarado, el llamado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) sino por los medios de comunicación cuando es lo cierto que dicho informe fue elaborado por la Dirección Adjunta Operativa, a cargo del número dos de la Policía, el subordinado de Cosidó. Esto es: Eugenio Pino.

Ahora, eso sí: usó ese mismo informe para acosar a Podemos en el Senado.

El 5 de octubre de 2018, Cosidó apuntó públicamente que hay "dudas razonables" sobre los fondos que pudieron llegar a los fundadores de Podemos desde Irán y Venezuela, y por ello ve oportuno que declaren aquellas personas que dispongan de información "relevante".

No sin ironía, en alusión velada al célebre whatsapp, de Cosidó, Pablo Iglesias dijo: “Ni [Manuel] Marchena, uno de los suyos, ha visto financiación ilegal en Podemos”. Se refería a las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2015 y 2016 en las que se rechazaban las querellas contra Podemos.

En realidad, según apuntamos, los pagos presuntamente realizados, aludidos en l informe PISA, no fueron para Podemos sino para una entidad llamada CELS y eran anteriores -de ser ciertos- a la vigencia de la nueva ley de financiación de partidos, del 1 de julio de 2015.

La inspectora jefa 89169

Silvia O.M. formó parte del trío de la bencina -con García Catalán y Fuentes Gago- para interrogar en Nueva York, en abril de 2016 -despues que el Tribunal Supremo rechazó investigar el informe PISA- al exministro de Finanzas del gobierno venezolano de Hugo Chávez, sobre el presunto apoyo a Podemos. De ahí el ocurrente nombre de Bolívar. Todas estas informaciones iban saltando a los medios ante la proximidad de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 para desgastar a Podemos.

Según el escrito de la inspectora jefe, Isea aseguró que el gobierno venezolano apoyó con 7 millones de euros a la fundación ya citada. El 14 de abril de 2016, tras la conversación con Idea, se registró la operación Bolívar para comprobar los datos. De regreso a Madrid, la inspectora consultó bases de datos para verificar si Pablo Iglesias había viajado a Venezuela.

La otra operación, Venus, buscó datos para apuntalar el desacreditado informe PISA y distintas financiaciones externas de Podemos.

Ni Bolivar ni Venus obtuvieron resultados. Y fueron desactivadas.

Ahora, esos expedientes han sido solicitados por el juez Pedraz. Una vez incorporados a la causa, Silvia O.M será citada a declarar en calidad de testigo.

Cuando una comprueba la participación de los inspectores resulta que en estas operaciones políticas siempre eran los mismos.

Fuentes Gago, por ejemplo, viajaría a Ginebra en 2017 para confirmar la veracidad de la cuenta en la Union de Banques Suisses (UBS) que el comisario Enrique García Castaño filtró a un diario en octubre de 2014, a una semana de la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Falsa, claro."

( Ernesto Ekaizer , blog, 11/01/25)

11.1.25

Condenados dos ex-viceconsejeros de la Junta de Castilla y León por corrupción urbanística en el caso ‘Perla Negra’

 "La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León (PP), Rafael Delgado, a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros nueve años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa por el caso de corrupción urbanística conocido como ‘Perla Negra’. Junto al ex alto cargo han sido penados otros nombres importantes de aquella Junta, aunque no ingresarán en prisión. La también exviceconsejera Begoña Hernández ha sido sentenciada a dos años y dos meses de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación administrativa. La sentencia, difundida este miércoles, llega meses después de que terminaran en mayo las declaraciones de la cúpula de la consejería de Economía entre 2005 y 2009, cuando se decidió y ejecutó la adquisición de una parcela y un inmueble por 20 millones de euros más de lo tasado. Los implicados apuntaron al exconsejero Tomás Villanueva, fallecido en 2017. El entonces presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, compareció ante el juez para desmarcarse del caso pese a que otro testigo declaró que le avisó de las sospechas.

El caso comenzó con la compra de unos terrenos y un inmueble en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para uso de la consejería de Economía. El sobreprecio, con 20 millones más de lo estipulado, propició esta causa, apodada ‘Perla Negra’ por el color negro del edificio y la sombra de sospecha sobre el proceso. Asimismo, se investigó un dislate de 3,4 millones en un polígono en Arrabal de Portillo (Valladolid) que nunca llegó a funcionar. La sentencia se centra en Rafael Delgado, el único que irá a la cárcel al recibir una condena superior a los dos años de prisión, y a Begoña Hernández, sin prisión pero con dos años y dos meses inhabilitada. Además, sanciona a parte de la cúpula de la empresa pública Gesturcal, dependiente de la consejería de Economía de Herrera, y a la empresa que gestionó la operación inmobiliaria, Urban Proyecta. La sentencia recoge estas penas en lo referido a Arroyo de la Encomienda: Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, dos años, un mes y 15 días de inhabilitación y Germán José Martín y Ángel Montes, de Urban Proyecta, 11 meses de cárcel por tráfico de influencias. En cuanto a las maniobras por el polígono de Arrabal de Portillo, los siguientes empresarios condenados por tráfico de influencias reciben siete meses de prisión, por lo que no serán privados de libertad, y una multa de 1,47 millones de euros: Francisco Esgueva, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Valladolid no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En concepto de responsabilidad civil, Rafael Delgado, Germán José Martín y Ángel Montes deberán pagar 4,5 millones de euros a la Administración autonómica. Por otro lado, Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González habrán de indemnizar con 2.026.198,37 euros a la Administración autonómica

El 8 de mayo, tras tres meses de desfile ante el tribunal, concluyeron las citaciones en la Audiencia Provincial de Valladolid, con una tónica: los acusados señalando a Tomás Villanueva, quien fue exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta, muerto en 2017. El origen del caso está en un conjunto de edificios en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que costó 60,5 millones de euros, 10,5 más de los tasados. Además, la consejería abonó otros 10 millones correspondientes a la promotora, Urban Proyecta. También se investigó la compra de unos terrenos para la construcción de un polígono industrial inoperativo en Portillo (Valladolid), con un posible desvío de 3,4 millones. La Fiscalía pedía 70 años de cárcel y multas millonarias para los 12 encausados; el PSOE, como acusación particular, lo elevó a 221 años.

La estrategia de los principales sospechosos coincidió en apuntar a quien no se podía defender, el exconsejero Villanueva, fallecido por causas naturales en 2017, al día siguiente de conocerse que Hacienda le investigaba 83 cuentas bancarias internacionales. Delgado y Hernández aseguraron ante el juez que las decisiones las tomaba el político difunto, figura de máxima importancia en la Junta durante dos décadas. También compareció el expresidente Herrera, que testificó algo nervioso al principio, pero salió silbando de los juzgados, tras alegar que “tenía sentido” la compra del inmueble y despejando responsabilidades sobre la eficacia posterior de la operación: “No soy quién para juzgar si fue un acierto”. El exmandatario, ahora al mando del Consejo Consultivo de Castilla y León con 80.000 euros de sueldo anual, ha admitido que fue avisado de los sobrecostes que se rumoreaban sobre La Perla Negra, apodada así por el color y las corruptelas piratescas comentadas al respecto, mote siempre reprobado por Herrera.

“Yo tomo conocimiento del interés y las gestiones en torno al edificio de Arroyo por un comentario casi confidencial de Pablo Trillo, que me transmite su inquietud personal”, señaló. Trillo, actual procurador del PP en las Cortes autonómicas y entonces cargo en la empresa pública que gestionaba la operación, reiteró también en la Audiencia que los informes sobre los precios le parecían “muy altos, costosísimos o elevadísimos”. Por responsabilidad, decidió acudir al despacho del jefe. El presidente le respondió que “se informaría”, pues afirmó desconocer los indicios, y habló con su “amigo personal” Villanueva, si bien nunca se tomaron medidas y la operación culminó con el citado sobrecoste. El proceso judicial se ha dilatado durante años, tras comenzar en 2013, con suspensiones derivadas de la falta de documentación y diversos retrasos."    (Juan Navarro , El País, 08/01/25)

9.1.25

Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

17.12.24

Didier Reynders, excomisario de Justicia de la UE, investigado por presunto blanqueo de capitales... La Fiscalía de Bruselas investiga al político belga por el uso de grandes sumas de dinero en efectivo para comprar boletos de lotería durante una década

 "El excomisario de Justicia de la Unión Europea y figura destacada de la política belga, Didier Reynders, está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales vinculado a la compra masiva de boletos de lotería, tal y como ha informado este miércoles el Financial Times. La Fiscalía de Bruselas confirmó que las propiedades del político fueron registradas y que Reynders fue interrogado por la policía el martes.

Según la portavoz de la Fiscalía, An Schoonjans, la investigación se inició tras informes presentados por la Lotería Nacional y la Unidad de Procesamiento Financiero (CTIF). Aunque los detalles son limitados, los medios belgas Le Soir y Follow the Money informan que Reynders habría comprado boletos de lotería con valores de entre 1 y 100 euros durante aproximadamente diez años, transfiriendo posteriormente las ganancias a sus cuentas personales.

El operativo se produjo apenas dos días después de que Reynders perdiera su inmunidad como comisario europeo. Este veterano político, que fue ministro de Finanzas entre 1999 y 2011, desempeñó también un papel en la supervisión de la Lotería Nacional durante parte de su carrera. No obstante, las acusaciones se refieren a un período posterior a su gestión en el Ministerio de Finanzas.

La investigación actual se suma a acusaciones previas de corrupción y blanqueo de dinero en la República Democrática del Congo, realizadas en 2019 por un exmiembro de los servicios de inteligencia belgas, aunque dichas acusaciones no fueron corroboradas en su momento. Reynders, quien buscaba renovar su puesto en el equipo de Ursula von der Leyen, ha sido sustituido recientemente por Hadja Lahbib, quien ahora ocupa el cargo de comisaria de Igualdad en la Comisión Europea."               (Diario Socialista, 04/12/24)

2.12.24

Prisión provisional y sin fianza para el jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife por trata de seres humanos

"El juzgado de guardia en Santa Cruz de Tenerife ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional sin fianza para el jefe de Protección Civil de la capital tinerfeña, Santiago Carlos Martín, como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre.
 
El jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife fue detenido el pasado miércoles, y este viernes, tras prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 5 en calidad de investigado, también ha sido acusado de favorecer la inmigración clandestina y de cometer delitos continuados de agresión sexual y acoso sexual.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha indicado que la autoridad judicial se ha inhibido en el conocimiento del caso a favor del Juzgado de Instrucción número uno de San Cristóbal de La Laguna, que es el órgano que dirige la investigación.

El juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife sólo ha intervenido porque el investigado fue detenido en ese partido judicial, y la causa sigue bajo secreto de sumario, ha añadido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias."    (eldiario.es, 15/11/24)

23.11.24

Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo... la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero... La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española... Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad... Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería (Juan Carlos Monedero)

 ""Sigue el dinero", recomendaba la serie The Wire, truco infalible para acabar con los verdaderos delincuentes. Resulta que Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la unidad policial encargada de, ni más ni menos, hacer la pregunta esencial en los delitos económicos, es tan presuntamente un delincuente que le han detenido junto a su pareja, otra policía, en una operación donde han allanado un par de chalets suyos y aquello parecía un banco suizo. Por traducirlo al castellano, la persona con las mayores responsabilidades en España, la cuarta economía del euro, en la lucha contra los delincuentes económicos, es, presuntísimamente, un principalísimo delincuente económico. 

Le han pillado con 900.000 euros en la oficina (supongo que para invitar a café a los amigos) y unos 20 millones de euros emparedados en un par de chalets, como hacen en las películas los narcos que ya no saben qué hacer con tanto dinero. Supongo que metes la pasta en las paredes porque te desborda el dinero y no se lo quieres perdonar a tus socios. Sabes que son unos delincuentes y no les van encima a regalar dinero. Así que todo a las paredes. Es otra versión de la España del ladrillo. El PP sabe a qué me refiero.

La UDEF ha tenido enormes responsabilidades en la persecución de los adversarios políticos del Partido Popular en causas que, finalmente, se han archivado, pero que han tenido a algunos partidos, como Podemos, muchos años enredados y bajo sospecha. En la UDEF hay máximos responsables que han estado encargados de poner a la policía al servicio de los intereses de la derecha española. No era solo la llamada policía patriótica que, además de a los independentistas catalanes, ha investigado a toda la gente de Podemos "a ver qué encontráis". Es como una tupida red que, no vendría mal, debiéramos saber hasta dónde llega. Igual sale el Emérito. En un audio, el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, hablaba enfadado con un policía de su misma cuerda porque no encontraba nada contra Podemos. Le gritó sorprendido: "¡Pero algo tendrán". Pues eso, diez años investigando de todas las maneras posibles a ver si encontraban algo. Sin éxito. 

Otro máximo responsable de la UDEF fue José Luis Olivera. Pasó de la jefatura de la unidad anticorrupción en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) a policía de máxima confianza del Ministro Jorge Fernández Díaz (PP). Este máximo responsable de la UDEF fue el que dijo, en una charla con el periodista de La Sexta Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals, que "tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen", a lo que apostilló el también presente comisario Villarejo, con maneras de poeta romántico alemán (perdonen que insista en recordarlo): "eso te lo hacemos con el rabo". Diez años de mentiras con total impunidad. Y muy castizo, que para eso mandan, como buenos cristianos viejos, con el rabo. (Villarejo, se quejaba, en términos parecidos, de lo mucho que le debía el PP al Comisario Olivera: "es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores, macho, a esta gente, joder (...) Que la Gürtel los podía haber [al PP], vamos, los podía haber mandado todos a tomar por el culo si no llegar a ser por este... y eso no se puedo olvidar en la puta vida, eh". Luego, que cómo es posible que al PP lo dirija un tipo que tiene un álbum de fotografías veraneando con un narco en Galicia. 

No sé si alguien le podrá pedir cuentas a los policías que hacen informes falsos para instruir causas que se archivan. Cuánto dinero tirado. ¿Qué se hace con tanto informe falso? (Quizá están entrenados para meter luego en los muros de las comisarías, ocultos con mampostería, todos esos informes falsos que solo tenían una intencionalidad política. Bueno, política contra Podemos, aunque para gente como Óscar Sánchez Gil, que al parecer llevaba  al menos cinco años trabajando con los narcos,  le ha brindado grandes emolumentos).

Dicen las noticias que este pollo Óscar Sánchez disponía de coches de altísima gama, varios BMW y un Lamborghini Huracán Spyder, valorado casi en 300.000 euros, entre otros. Por algún sitio los conduciría. Supongo que si algún compañero le vio alguna vez con un coche de esas características o en restaurantes inalcanzables o que sabía de sus viajes o de cómo vivía (porque no me creo que vivieran en la austeridad), debió pensar que le había tocado la lotería, como a aquel otro gran político de Valencia al que en el Partido Popular siempre han tenido en tan alta estima. Es lícito pensar que es la parte de colaboración política de estos comisarios la que les ha brindado siempre impunidad. ¿Por qué se le ha terminado ahora? Eso nos lo dirán los buenos periodistas.

La UDEF, dirigida con esta gente, lleva muchos años inventándose pruebas contra políticos y activistas de izquierda, contando a menudo con la colaboración de jueces a los que no les parecía que lo que decían esos policías olía a pescado podrido. No tengo que irme muy lejos a buscar ejemplos. Me han acusado de financiar ilegalmente a Podemos, de financiar a la guerrilla latinoamericana (no es broma), de cobrar comisiones ilegales, de inventarme facturas, de blanquear dinero, de manipular "con intenciones delictivas" unas fotocopias que yo mismo había presentado al juez -había tachado en documentos entregados también a la prensa el final de mi dirección de correo electrónico para evitar que los trolls saturaran mi mail (donde, es lo que les molestaba, se demostraba que la UDEF mentía. Quizá por eso tardó el juez Escalonilla 4 años en abrirlos), de tener 92 cuentas, de llevar bolsas de dinero, maletas de dinero, contenedores de dinero y de formar parte de la banda inicial de la casa de papel (mi nombre clave era Heidelberg). Todo, por supuesto, mentira, tras mentira tras mentira. Pero les daba igual. Ahora vemos que la gente responsable de que se inventaran esas mentiras para intentar matarnos (como se jactaba Ferreras, el de La Sexta) son unos redomados sinvergüenzas. No creo que salga la gente del PP ni los jueces y periodistas que trabajaron con ellos a decir nada. 

La pregunta siempre es ¿alguien nos devuelve el daño causado? Porque han sido diez años con acusaciones, telediarios, tertulias, portadas, columnas, editoriales gritando: "¡Culpables! ¡Culpables! ¡Culpables!" Todos sabemos que, en nuestra sociedad saturada audiovisualmente, basta la acusación para que la descalificación, el estigma, la sospecha hagan su trabajo. Todo, además, bien engrasado, de manera que cuando terminaba un juicio, siempre empezaba otro. A los odiadores profesionales y los tertulianos en nómina nunca les ha faltado nueva munición. En España, las cloacas, como pasa cuando las herencias de las dictaduras no se revierten, siguen muy activas. Hay lugares en el Estado español a donde no es que no llegara el 15M: es que no llegó la Transición 

¿Cómo hacer pagar por el daño personal causado y cómo devolverle a España el hurto de una posibilidad política a la que no se confrontó con argumentos y con ideología, sino con aparatos del Estado, medios de comunicación y redes que se comportaron como corruptos? Supongo que una posibilidad es decidirse ir a vivir en los tribunales y poner decenas de querellas. Llevar ante la justicia a todos aquellos y aquellas -Dolores de Cospedal estaría imputada si el Juez García-Castellón no la hubiera exonerado- que han participado en el daño. Es una posibilidad.  

La otra es entender que a España le siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo. Que en España puede gobernar la extrema derecha -como acaba de pasar con Trump en EEUU- sin que se hayan limpiado las instituciones de franquismo. Ahí está estos días de luto en Valencia la policía compadreando con los fascistas y aporreando a los desahuciados. Y a partir de ahí, que cada cual saque las conclusiones apropiadas."  

(Juan Carlos Monedero , Público, 10/11/24)    

25.10.24

Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, reclamó a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de su vivienda... a cambio de de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló

 "Buenos días, Paco". Así arranca Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, un correo electrónico enviado desde su cuenta personal al empresario Francisco Roselló, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Arroyomolinos durante las casi dos décadas en las que la dirigente del PP de Madrid escaló puestos en el organigrama del consistorio hasta llegar a la alcaldía.

Más allá del "beso" con el que despide el correo electrónico, y que también es relevante para la investigación, el asunto ('Ático'), y el contenido del mismo, en el que Millán reclama a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de la vivienda, convierten el email en una de las principales pruebas en las que se apoya la Guardia Civil para sustentar una investigación que llevará a ambos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un caso de presunta corrupción.

En él se investigan los supuestos pagos en forma de sueldos, ingresos en efectivo y transferencias que habrían recibido entre Ana Millán, su hermana y su pareja sentimental, además del pago de alrededor de 50.000 euros entre hipoteca y gastos de un ático en pleno centro de la localidad.

A cambio, sostiene la investigación, y siempre bajo la presunción de inocencia, de unas adjudicaciones a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló. En total, los informes que obran ya en manos del magistrado Francisco José de Goyena apuntan a que sus sociedades recibieron del Ayuntamiento de Arroyomolinos más de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, aunque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue desenmarañando el caso.

Un 'email' que demuestra "cercanía"

La casualidad, sin embargo, fue la que permitió que este correo electrónico y parte de la documentación del caso llegasen a manos de la Guardia Civil. A pesar de que el Partido Popular ha gobernado prácticamente de forma continua en Arroyomolinos durante las últimas décadas, un breve paso de la oposición por el gobierno permitió que, el día que se iba a tomar posesión de la concejalía en la que estuvo Millán, descubriesen que se estaba destruyendo documentación.

Solo llegaron a tiempo de salvar tres bolsas de basura que quedaban en un despacho, y, entre los papeles, encontraron una copia escrita de este correo electrónico que supuso una de las primeras piedras sobre las que se erigió la denuncia presentada por Carlos Ruipérez, que tomaba posesión de la alcaldía por Ciudadanos.

En ese 'email', Ana Millán, que ahora es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, reclama a Francisco Roselló los pagos atrasados por el supuesto alquiler de un ático en la plaza mayor de Arromolinos justo durante los años en los que se intensificó la contratación del empresario con el ayuntamiento.

En su declaración en sede judicial, Millán explicó que, al comprarse ella otra vivienda en 2008, Roselló le ofreció alquilarle su ático e incluir una opción a compra, aunque no hizo la gestión personalmente, sino a través de una tercera persona que administraba Neverland, una de sus sociedades.

Un contrato que la actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid cree recordar que firmaron en "un bar del pueblo" y que establecía que "el alquiler era la letra de la hipoteca, y, como ya hacía uso de él como si fuera suyo, asumía todos los gastos de comunidad, contribución, seguro...". El precio de una hipotética compra futura sería, dijo ella, lo que restase de la hipoteca en ese momento.

El "Buenos días, Paco" con el que arranca, pero, sobre todo, el "Un beso y nos vemos" con el que cierra ese correo electrónico al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, denotan, según la Guardia Civil, "cercanía" entre ambos.

La investigación ahonda en esa idea al explicar, en base a un interrogatorio de una testigo que trabajaba con ella, que se "destaca la diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y la forma de interactuar" con las sociedades de Francisco Roselló. Además, "esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán resulta significativa, más si se tienen en cuenta" los supuestos retornos que tuvo.

Respaldo del PP

La postura del Partido Popular a la hora de enfrentar el caso ha sido, desde el primer momento, respaldar a Ana Millán, considerada muy cercana a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, de hecho, la incluyó en sus listas para las últimas elecciones y mejoró su posición dentro del partido a pesar de que ya se había hecho pública la investigación contra ella por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción.

Una protección por parte del partido que se materializó en su condición de aforada y que se hizo evidente ayer, por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que abría la causa contra ella.

“Es inocente de aquello de lo que se le está acusando”, sostuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicitado que ofrecía su “apoyo”. Y ha subrayado: “Quiero mandar un mensaje a Ana Millán, desde luego, de confianza (...), respeto total y absoluto al procedimiento judicial, pero que estoy seguro de que Ana Millán, desde luego, es inocente”.

Un sentimiento que también ha plasmado este miércoles Miguel Ángel García, portavoz de la Comunidad de Madrid, al asegurar que "no es casualidad" la atención mediática que se le está dando al supuesto caso de corrupción de Ana Millán, pues todo se debe a una cortina de humo orquestada desde el PSOE para intentar tapar la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por el llamado caso ITV."              (Alberto Muñoz , epe, 04/09/24)