"Los investigadores del 3 por ciento en Cataluña
continúan recabando documentación a través de la que acreditar los
"sobornos" llevados a cabo a cambio de adjudicación de obra pública en
ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat bajo el
paraguas de los distintos gobiernos de dirigentes de Convergencia
Democrática de Cataluña.
La operación Pika
ha asestado el tercer golpe mortal a la financiación irregular de la
formación política que durante décadas gobernó en dicha autonomía.
En total, este jueves se produjeron 18 detenciones por orden de Anticorrupción.
En el punto de mira de estas adjudicaciones irregulares, tres
organismos públicos: Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de
Barcelona y Barcelona Infraestructuras Municipales SA (BIMSA), esta
última dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.
Entre los detenidos, el extesorero Andreu Viloca; el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, amigo íntimo del ex presidente Artur Mas; Francesc Sánchez,
exalto cargo de CDC e importante asesor económico y jurídico de los
convergentes, también muy cercano a Mas; el exdirector de
infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell; el ex gerente del Consistorio de la ciudad Condal, Constantí Serrallonga; el exteniente del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives o, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler, también imputado en el caso Pujol. La mayor parte de los arrestados quedaron en libertad cuando finalizaron los registros.
Donaciones de las constructoras
Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, entre las adjudicaciones de obra pública investigadas se encuentra en Gerona las obras del Mirador de las Aguas,
la construcción del carril bici, las obras de reurbanización de la
calle Luca y la calle Mare de Déu del Carmel de dicha ciudad o la
estación de Sabadell.
Por su parte, en Barcelona se investiga también el caso de la plaza de las Gloria, el de la avenida del Paralel o el caso del Consorcio de Educación de Barcelona,
relacionado con las obras de mantenimiento de los edificios públicos
escolares en la ciudad condal. Además, se sospecha que fueron
adjudicadas de forma irregular la ampliación del Puerto de Barcelona y la construcción del llamado Dique del Este del espacio portuario, de ahí, que se haya detenido a Cambra.
En el caso concreto de las obras del túnel de laPlaza de las Glorias
de la capital barcelonesa, los trabajos se los adjudicó una UTE formada
por las empresas Comsa, Ragasa y Copisa, todas ellas ya bajo sospecha
del pago de 'mordidas'.
Además, entre las empresas
adjudicatarias de estas diez obras investigadas adjudicadas en la época
de Artur Mas se encuentran las constructoras Copisa, Oproler, grupo Soler, Pasquina, entre otras. Además, se da la circunstancia de que algunas de estas adjudicaciones se realizaron cuando el convergente Xavier Trías
estuvo al frente del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2011 y
2015; no en vano entre los detenidos se encontraban el que fuera su
número dos Vives y el ex gerente Serrallonga.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch
Mitjavila, dio este jueves a los agentes de la Guardia Civil la orden
de incautarse en las 24 entradas y registros practicadas el mayor número
posible de teléfonos móviles, tablets, agendas, material informático,
cartas, libros de contabilidad, fotografías o cualquier otro soporte
documental que sirviera a los investigadores para acreditar los delitos
contra la Administración Pública que se investigan en el caso del 3 por ciento. Los agentes se acopiaron de numeroso material informático que será analizado, según explican las fuentes consultadas.
El juez entiende que, tras estos amaños, pudieron cometerse presuntamente delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partido y prevaricación.
Viloca controlaba "todo"
En
el epicentro de esta trama de corrupción, un nombre propio y viejo para
los investigadores: el del ex tesorero Viloca. Anticorrupción sostiene
que ha quedado acreditado a lo largo de la instrucción de la operación
Pétrum que Andreu Viloca, siendo administrador y tesorero de la entonces
CDC y de la Fundació CatDem, llevaba"un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de Convergencia".
Además,
el Ministerio Público sitúa al imputado como la persona que controlaba
de "forma sistemática los pagos" que serían, de confirmarse, "sobornos"
bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones
vinculadas: CatDem y Forum Barcelona.
De
la documentación analizada por la Comandancia de la Guardia Civil de
Tarragona, se constató cómo las empresas donantes obtenían contratos públicos adjudicados de antemano, a los que posteriormente se les daba apariencia de legalidad. El modus operandi
se repetía siempre. Esas adjudicaciones coincidían en el tiempo con
reuniones que los empresarios mantenían, previa y posteriormente, con
Viloca.
Pese a que la mayoría de arrestados en la
operación Pika han quedado en libertad, está previsto que en las
próximas horas presten declaración ante la Guardia Civil el extesorero
Viloca, el exdirector de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler,
el ex teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona,
Antoni Vives y; el delegado en Cataluña de la constructora Oproler, Josep María Bassols, entre otros." (Ángela martialay, Vox Populi, 03/02/17)
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