"El caso Guateque es el paradigma de la forzada lentitud
de la Justicia. Lo que parecía una rutinaria investigación por la
concesión de licencias comerciales a cambio de sobornos en el
Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, se
convirtió en un lento proceso con trabas burocráticas, un extraño
triángulo de políticos ahora imputados en los casos Gürtel y Púnica,
zancadillas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la intromisión
del sindicato Manos Limpias y relaciones con el narcotráfico.
En 2007 comenzó la Operación Guateque con la detención de 16
funcionarios del Ayuntamiento madrileño acusados de cobrar hasta 18.000
euros por facilitar licencias de apertura de negocios. Un año y medio
después el numero de investigados ascendía a 100 personas, una pesada
carga para el juez Santiago Torres, titular del juzgado número 32 de
Madrid.
Saturado con otros casos, el juez tuvo que hacer frente
además a la apertura de varias piezas separadas porque con la
investigación se descubrió los tejemanejes de la mafia búlgara en el
control de la noche de Madrid, el asesinato de un portero de discoteca a
manos del clan mafioso rival de Los Miami, tráfico de drogas a gran
escala o un fraude fiscal por la importación de coches de lujo, entre
otros delitos.
Pero los verdaderos problemas para el
juez empezaron con sus tropiezos con el Partido Popular. Uno de los
funcionarios investigados era Teresa Gabarra, mujer de Alberto López
Viejo, entonces miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP además de Consejero de Deportes de la Comunidad y hoy uno de los principales imputados en el caso Gürtel.
Gabarra también jugó un papel en esta trama de corrupción, según el juez, como la persona que blanqueaba las comisiones que recibía su marido a través de una cuenta en Suiza. Finalmente, Gabarra fue exonerada.
El juez pidió apoyo a la Comunidad de Madrid,
administración de la que dependía su juzgado. El secretario del juzgado
mandaba escritos oficiales a la Consejería de Justicia con frases como: "
En el momento actual, por la desmesurada carga de trabajo que sufrimos
hay muchos atestados minutados y pendientes de incoar, muchos escritos
pendientes de unir y proveer, y muchos procedimientos pendientes de
impulso".
En ese momento el titular de Justicia en la Comunidad de Madrid no era otro que Francisco Granados, hoy imputado en el caso Púnica. La
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hizo caso omiso durante
meses hasta a una orden del Consejo del Poder Judicial para crear un
juzgado bis que descargara de trabajo al juez Torres con la excusa de
falta de presupuesto.
En este panorama entra en
juego Miguel Bernard, enemigo declarado de Granados, mediante el
sindicato Manos Limpias con una denuncia contra el magistrado por
dilatar el proceso.
A pesar de las quejas del juez Torres que aseguraba
que varios de los acusados trataban de "hundir su carrera" l
a Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial le
impuso una multa de 1.000 euros. El secretario general de manos Limpias,
Miguel Bernard, está hoy implicado en una trama de extorsión.
El juez Torres consiguió cerrar la causa en 2012, fue
trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid. Le sustituyó la
juez Rosa María Freire que abrió juicio oral tres años después.
El
pasado martes tendría que haber empezado el proceso pero se suspendió
por enfermedad de uno de los encausados. Otro retraso en un
juicio en el que se vuelve a evidenciar el marco de impunidad y relación
con la corrupción que mantuvieron diferentes cargos del PP madrileño
durante decenas de años. " (Público, 10/01/17)
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