29.5.09

El narcotraficante Patoco amasaba un patrimonio inmobiliario de 40 millones

"Es sólo la punta del iceberg de la fortuna, por ahora incalculable, que amasó el difunto capo Manuel Abal Feijoo, Patoco, y que ya supera la cuenta de resultados de todas las investigaciones patrimoniales de famosos narcotraficantes que se han hecho en Galicia. Apenas un mes después de que el grupo policial de los grecos desmantelase toda su organización y comenzará a investigar sus bienes, ya han aflorado los primeros 40 millones de euros, que en su mayor parte estaban invertidos en el sector inmobiliario y en la infraestructura marítima que había adquirido Patoco para operar en el tráfico de cocaína.

Él y su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, ambos condenados por narcotráfico a 9 años de prisión en 1998, habían levantado un emporio que está saliendo a la luz a través de una compleja investigación patrimonial que paralelamente están realizando dos unidades policiales. Una de ellas, dedicada a descubrir activos bancarios e inmuebles, ya ha encontrado unos 10 millones de euros en el sector inmobiliario que el matrimonio había invertido en Vilagarcía y Sanxenxo. Como dato curioso, a nombre de uno de sus subordinados, figuran 14 trasteros en un mismo edificio.

Para operar en este sector, el difunto capo y su mujer contaban con el inestimable respaldo de Gregorio García, Yoyo, un constructor de San Miguel de Deiro (Vilanova de Arousa) que estaba destinado a tomar las riendas del negocio cuando Patoco murió en accidente de tráfico en diciembre pasado. Yoyo, de 56 años, fue detenido en abril, en el marco de la redada en la que también cayeron otros 27 miembros del grupo. En su casa la policía encontró medio millón de euros en metálico. (...)

Otra unidad del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la policía ha descubierto el impresionante arsenal que tenía la organización para el transporte de cocaína y que ya se ha evaluado en 30 millones de euros. Abal Feijóo había comprado 20 naves estratégicamente situadas en las desembocaduras de los ríos Umia y Ulla para guardar una auténtica flota de planeadoras. Se han intervenido hasta 21 embarcaciones que superan los 10 metros de eslora y valoradas en 50.000 euros cada una. Además, se ha localizado una lanzadera de idénticas proporciones a la que apareció en febrero varada en Nigrán, que se estaba construyendo en un galpón con los mismos moldes. Esta lancha, que es la mayor y mejor equipada que se ha capturado, tenía siete motores que arrancaban por ordenador y está valorada en 1,5 millones de euros. En dos días y medio llegaba a mitad del Atlántico.

Al yate intervenido el día de la redada se suman ahora otros tres que tenía el matrimonio y que estaban fondeados en los puertos deportivos de Vilagarcía y Sanxenxo a nombre de testaferros, así como varios coches de alta gama, como un BMW descapotable y dos audis. También localizaron cuatro todoterrenos con matriculas falsas, también de alta gama, que fueron robados en Madrid. Con los asientos arrancados y los cristales pintados, servían para trasladar los fardos desde los arenales donde se desembarcaba la droga." (El País, ed. Galicia, Galicia, 28/05/2009, p. 1)

28.5.09

La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo

"Una pesquisa del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE UU determinó que Teodoro Obiang era dueño de la denominada Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el banco norteamericano Riggs, desde la que se enviaron a la cuenta abierta en España 16 transferencias entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003 por valor de 26.483.982 dólares (19.068.314 euros).

En esa fecha, la cuenta de Guinea Ecuatorial en el Riggs ascendía a 700 millones y se alimentaba de los pagos de las petrolíferas americanas Marathon y Exxon Mobil. El banco incumplió las normas antiblanqueo y dio cobertura a Obiang y a sus hijos para crear "empresas fantasmas" y abrir cuentas a su nombre, según concluyó el Senado.

La cuenta española a nombre de Kalunga Company, SA, es un misterio. El banco español declinó dar información al Senado de EE UU (la legislación se lo impide), pero alertó al servicio antiblanqueo del Banco de España de los movimientos sospechosos de la misma, según fuentes próximas a la investigación. Ni Obiang ni sus familiares aparecían como titulares o con firma autorizada en la cuenta de Las Palmas. Sólo están autorizados para sacar dinero una pareja de ciudadanos rusos, supuestos testaferros o fiduciarios de los auténticos dueños.

Los querellantes aseguran que Obiang y miembros de su Gobierno desviaron ilícitamente parte de los fondos públicos que obtienen del petróleo para "su lavado" en España y vinculan 16 transferencias desde el banco Riggs con la compra en España, en esas mismas fechas, de seis viviendas y tres plazas de garaje a nombre del presidente de Guinea Ecuatorial y de varios de sus ministros en Madrid, Alcalá de Henares, Gijón y Las Palmas.

Una de estas viviendas está escriturada en Las Palmas a nombre del presidente Obiang, y el resto figura a nombre de ministros, ex ministros y sus esposas. Los propietarios y querellados son Marcelino Owono, ministro de Minas, y Constancia Nchama; Teodoro Biyogo Nsu, cuñado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EE UU y Naciones Unidas, y Elena Mensa; Pastor Micha Ondo, ministro de Asuntos Exteriores, y Magdalena Ayang; Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energía, y Virgina Maye; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro, y Dorotea Roka; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas.

El Subcomité del Senado de EE UU determinó que la sociedad panameña Kalunga Company, SA, a cuyo nombre se abrió una cuenta en Las Palmas, es total o parcialmente propiedad del presidente guineano. La cuenta en el Riggs desde la que se hicieron las transferencias a España tenía como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda. La firma de Obiang era obligada para mover fondos. La cuenta en Las Palmas se cerró y el Santander comunicó sus sospechas al Sepblac.

¿Qué ocurrió con los 26,5 millones de dólares? Nadie ha respondido todavía a esta pregunta. El 23 de febrero de 2003 directivos del Riggs preguntaron en Washington a Obiang y a otras autoridades de Guinea Ecuatorial sobre las enigmáticas transferencias a compañías como Kalunga Company, SA. El dictador declinó facilitar detalles. Meses después la entidad norteamericana cerró las cuentas en Washington.

Fuentes judiciales señalan que para acreditar el presunto blanqueo de capitales del presidente Teodoro Obiang la fiscalía deberá demostrar la procedencia ilícita de esos fondos. La investigación del Senado de EE UU será un importante punto de partida, ya que el dinero recibido en España procedía de la cuenta del banco Riggs, una entidad acusada de numerosas irregularidades en el manejo del dinero procedente de Guinea Ecuatorial." (El País, ed. Galicia, Españá, 26/05/2009, p. 11)

La policía detiene por malversación al ex alcalde socialista de Lorca

"La policía investiga la desviación millonaria de fondos que invertían en negocios inmobiliarios.(...)

Con estas dos detenciones, ya son ocho las personas implicadas en la presunta trama de corrupción que, según la investigación, se adueñó de la empresa municipal de limpieza.(...)

Además de Navarro, Molina y Gil también ha sido detenido el notario Sebastián Fernández Rabal, quien ya había sido arrestado el pasado día 5 como presunto autor de un delito de cohecho en relación al caso La Zerrichera, en el que estaría implicado el ex consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Francisco Marqués. También están implicados en este asunto el dentista Urbano Alejo, el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez, el ex concejal socialista Miguel Miras y el que fuera hasta hace dos años interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos.

Según las primeras pesquisas, iniciadas tras la denuncia de un trabajador de Limusa (quien llegó a aportar información de la trama en soporte informático), varios de los arrestados serían socios en la sociedad Cabo Cope Naturaleza, mediante la cual estarían desarrollando delitos relacionados con el fraude al IVA y el Impuesto de Sociedades.

La investigación apunta a que los detenidos operaban con el permiso de sus superiores en las dependencias de Limusa, en las que se llevaba la contabilidad A y B de las sociedades privadas. "Incluso el dinero de las sociedades compartía espacio en la caja fuerte con el dinero de la empresa municipal de limpieza. Para diferenciarlo se utilizaban sobres de distinto tamaño y con otro membrete", según un informe de la investigación que cita el diario de La Verdad de Murcia. Dicho informe, hecho por la Agencia Tributaria, incluye datos sobre más de 60 sociedades relacionadas con la trama." (El País, ed. Galicia, España, 27/05/2009, p. 16)

22.5.09

600.000 euros por borrar las pistas de Berlusconi

"El abogado británico David Mills mintió a los jueces para proteger a Silvio Berlusconi y ayudó tanto al magnate como a Fininvest, su holding mediático y financiero, a violar las leyes italianas. Eso afirma el Tribunal de Milán en la motivación de su sentencia, dictada el pasado febrero y argumentada ayer, que condenó a Mills a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en acto judicial.

El escrito, de 400 páginas, afirma que el actual primer ministro italiano sobornó en 1997 con 600.000 dólares (440.000 euros) al letrado británico y que éste incurrió en "falso testimonio" con el objetivo de "proporcionar impunidad a Berlusconi y al grupo Fininvest".

El tribunal considera probado que Mills recibió "durante años enormes sumas de dinero" de Fininvest, y que al declarar en falso ante los jueces permitió a Berlusconi "mantener los ingentes beneficios" obtenidos en paraísos fiscales, además de "burlar abiertamente" las leyes antimonopolio de los medios de comunicación.

A la condena dictada contra Mills le falta un elemento clave, conocer la pena que recaería en el corruptor. Berlusconi fue imputado con Mills, pero su procesamiento fue aplazado a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre la aprobación (el año pasado) del llamado Laudo Alfano, la ley que garantiza inmunidad a cuatro altos cargos del Estado, entre ellos el jefe del Ejecutivo. (...)


El fallo de la juez Nicoletta Gandus detalla los antecedentes del soborno y enumera los móviles del delito. "La clave de las declaraciones reticentes de Mills está en el hecho de que siempre señaló genéricamente a Fininvest, y no a la persona de Silvio Berlusconi, como propietaria de las sociedades, favoreciéndole cuando fue imputado en aquellos procesos", escribe la juez. Además, Mills borró "todos los rastros financieros que relacionaban a Berlusconi con las sociedades", agrega.

El caso salió a la luz en 2004 porque la Hacienda británica descubrió en las cuentas del abogado inglés 600.000 dólares sin justificar. Mills reveló a las autoridades que se los había donado Carlo Bernasconi, un directivo de Fininvest que murió en 2001. El caso llegó a Milán, y originó un escándalo político en Reino Unido que acabó con la dimisión de la esposa de Mills, ministra de Cultura del Gobierno de Blair." (El País, ed. Galicia, Internacional, 20/05/2009, p. 6)

20.5.09

Ante a crise, o 25% dos executivos europeos aposta polos subornos


"O estudo tivo como mostra a 2.200 altos cargos de diferentes empresas, e a cuarta parte considera aceptábel untar aos clientes para manterse no mercado.

Este mércores publicouse unha sondaxe realizada pola consultora inglesa Ernst&Young, e revela que un de cada catro executivos europeos ve nos subornos unha boa saída para manter os clientes e superar a recesión. O estudo usou como mostra a 2.200 altos cargos de empresas afincadas en 22 países europeos, e tamén di que a metade dos executivos enquisados considerou que un ou mais comportamentos empresariais contrarios á ética son aceptábeis nos tempos que corren.

O líder de Ernst&Young para investigación de fraudes, David Stulb, afirmou que "facer pagos en efectivo para acadar un negocio, e incluso mentir sobre a xestión financeira para encubrir resultados decepcionantes, foron prácticas apoiadas por un número alarmantemente elevado de consultados".

A porcentaxe dos executivos que consideran oportuno dar un suborno en efectivo para conservar un cliente sitúase no 53% en Turquía ou no 43% na República Checa. O estudo tamén indica que os altos cargos das empresas son máis propensos a perdoar un comportamento contrario á ética profesional que os seus subalternos. O fraude corporativo aumenta tradicionalmente durante as recesións, e úsase para enmascarar a diminución das ganancias." (Vieiros, 20/05/2009)

14.5.09

La Audiencia Nacional confirma que el delegado de Ourense defraudó ayudas

"El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, y los responsables de acreditar las obras en el grupo de acción local Ceivam (centro de iniciativas para el desarrollo do Val do Miño) tendrán que devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios. La sala cuatro de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia firme que avala el expediente administrativo abierto en su día por Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) y tramitado después por el Ministerio de Agricultura sobre el cobro indebido de ayudas de la Unión Europea por parte de Martínez -alcalde de Arnoia por el PP cuando se produjeron los hechos- y sus socios. El fallo de la Audiencia ratifica la orden del ministerio que obliga a los responsables de Ceivam a devolver el dinero que ingresaron de las arcas públicas tras certificar "obras inexistentes". (...)

Para la Audiencia Nacional ha quedado probado que la agrupación local que presidía el entonces alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense incurrió en "un incumplimiento sustancial del fin previsto en las subvenciones otorgadas", que en este caso era la construcción de una planta de tratamiento y aprovechamiento de biomasa y un taller artesanal.

El actual superdelegado de la Xunta certificó, en su condición de presidente de la asociación sin ánimo de lucro Ceivam, que se habían realizado las obras para las que había pedido subvención pese a que, según la sentencia, no fue así. El ponente de la Audiencia Nacional considera acreditadas las denuncias que figuran en el informe que Agader realizó tras inspeccionar las obras." (El País, ed. Galicia, Galicia, 12/05/2009, p. 2)

13.5.09

La "mafiosidad" del "ladrillo" en España, en democracia...

"(...) he leído un documento que les recomiendo si les gusta la literatura de terror: se trata del informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario". Es un texto de 30 páginas que se puede leer tanto como un relato espeluznante cuanto como un pequeño tratado acerca de las peores conductas en materia política y moral. (...)

A estas alturas, y con murallas de hormigón por todos lados, sabemos perfectamente que sólo a la sombra de políticos ventajistas ha podido tejerse la telaraña de especulación y codicia de la que ahora parecemos lamentarnos. Sin embargo, lo grave es que ya lo sabíamos. Estos años de destrucción del territorio del patrimonio han transcurrido a la vista de todos. Bastaba coger el Euromed para comprobar lo que ocurría en la costa castellonense o alicantina; bastaba atender al vértigo de los precios de las viviendas, presentado a menudo como signo de nuestro progreso colectivo, para percibir que algo nauseabundo se cocinaba a nuestro alrededor.

¿A nuestro alrededor? Con su crudeza estilística Marguete Auken pone el dedo en la llaga al describir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la callada aceptación del delito. Es cierto que a la cabeza del cortejo de la corrupción han marchado políticos vendidos, especuladores o avariciosos y prestamistas fraudulentos, pero ¿y tras ellos? Conchabados promotores inmobiliarios, concejales e instituciones financieras, ¿qué hacían los jueces? Según Auken, poco, y lo poco que hacían lo hacían tan lentamente que es como si no hicieran nada. La policía iba en consonancia con los jueces. Pero tampoco los otros estamentos ciudadanos ofrecieron resistencia. Los medios de comunicación han reaccionado tarde y los ciudadanos han acabado horrorizándose como consumidores más que como ciudadanos.

Hasta aquí el relato de terror con que la señora Auken ha descrito vivamente, con ingenuidad nórdica y con toda la razón del mundo, el gran saqueo de lo que pertenecía al futuro por parte de nuestros modernos depredadores. Casi nada más se puede añadir al cuadro trazado que, en buena medida, explica las dramáticas percepciones sobre la actual crisis económica." (RAFAEL ARGULLOL: El gran saqueo. El País, ed. Galicia, Opinión, 12/05/2009, p. 25/6 )

Ver "Informe Auken": http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0082&language=ES

Caso Carlos Fabra

"La juez del número 2 de Nules, en el auto firmado el pasado 29 de abril y comunicado ayer a las partes, halla indicios de "un delito de falsedad documental" de Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar y sus ex esposas, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente. Además, cita a otros cinco imputados: Hadmi El Azouzi, Mohamed Chakir (encargados materiales de las falsificaciones), el impresor Manuel Martínez Martí y los cargos de la Administración Vicente Sánchez Peral (ex subdelegado del Gobierno de Castellón) y Domingo Cadahía (ex director adjunto de Sanidad Vegetal en el Ministerio de Agricultura).

El auto judicial describe con detalle la forma de actuar de la trama con el objetivo de conseguir de forma fraudulenta los permisos para comercializar unos plaguicidas sospechosos. Los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas" de productos fitosanitarios y los habrían presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas "procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización" en España.

La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vicente Vilar, el empresario que posteriormente denunció a Fabra por cobrarle comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Las dos mujeres habrían realizado esas gestiones a través de la empresa Artemis 2000, cuya propiedad compartían al 50%, aunque Vilar aseguró en su día que, en realidad, él y Fabra eran los dueños la firma y tomaban las decisiones.

La juez explica que esas falsificaciones fueron "realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir", mientras que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí", propietario de una imprenta en Castellón, y "remitidos a través de Carlos Fabra" al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, ya fallecido, que a su vez los enviaba al director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, para su legalización." (El País, ed. Galicia, España, 12/05/2009, p. 10)

12.5.09

Mapa de la corrupción mundial (año 2008)



Corruptelas

"La tormenta política desatada en Reino Unido por las revelaciones de abusos en los gastos oficiales de los diputados, que hasta ahora habían alcanzado solo a los laboristas, ha llegado a las filas conservadoras. El diario The Daily Telegraph publica hoy detalles sobre abusos de varios diputados tories, algunos muy cercanos al líder, David Cameron, del sistema para pagar con dinero público diversos gastos personales.

Los políticos británicos sufrieron ayer un nuevo día de profundo desprestigio colectivo con la publicación de la segunda entrega del diario The Daily Telegraph de una serie de reportajes sobre cómo los diputados de la Cámara de los Comunes abusan del sistema que les permite pagar con dinero público diversos gastos personales y, en especial, cómo se aprovechan de la ambigüedad de la legislación para mejorar y revalorizar viviendas de su propiedad.

Si la primera entrega, el viernes, se centró en 13 miembros del Gobierno, incluido el primer ministro Gordon Brown, ayer, el diario conservador británico detalló los abusos en la segunda línea del Gabinete: lo que en España se llaman secretarios de Estado y en el Reino Unido se denominan ministros. El caso más llamativo es el de la responsable de Turismo, Barbara Follet, que está casada con el escritor multimillonario Ken Follet y que cargó al Estado 28.000 euros en seguridad privada porque se sentía insegura en el Soho, donde tiene su segunda residencia. El responsable de Inmigración, Phil Woolas, se hizo pagar tampones, pañales y ropas de mujer. Y el de Asuntos Sociales, Phil Hope, gastó más de 41.000 euros en mobiliario para un piso de 47 metros cuadrados." (El País, ed. Galicia, Internacional, 10/05/2009, p. 10)

"El escándalo de los abusos en gastos oficiales en Reino Unido alcanza a los conservadores. (...)

La ley permite que los diputados reciban ayudas públicas para mantener una de las dos residencias que normalmente han de mantener abiertas para ejercer su tarea: una en Londres, donde está el Parlamento, y otra cercana a su circunscripción, donde muchos fines de semana atienden a los votantes. Varios diputados tories han aprovechado para revalorizar sus propiedades. Michael Gove, miembro del círculo íntimo de Cameron, gastó más de 7.000 libras (7.700 euros) en los muebles de su piso de Londres en 2006, antes de cambiar la designación de segunda residencia a otra propiedad en su circunscripción, Surrey. Otro diputado, Andrew Lansley, gastó miles de libras en renovar su casa de campo antes de venderla. Alan Duncan, que preside el comité encargado de auditar los gastos de los diputados de la Cámara de los Comunes, pidió que le reembolsaran £3,194 (3.500 euros) en gastos de jardinería en marzo de 2007, aunque se le denegó el reembolso." (El País, ed. Galicia, 11/05/2009)

11.5.09

La empresa médica del señor director de Calidad del hospital

La Sanidad pública vasca ha adjudicado desde 2001 contratos por valor de 16 millones de euros a una empresa a la que está vinculado el director de Calidad del hospital de Cruces. Las adjudicaciones corresponden a las urgencias extrahospitalarias y fueron realizadas durante la etapa del ya ex consejero del PNV Gabriel Inclán. (Fundación para la Libertad, citando a EL MUNDO, 11/5/2009)

8.5.09

El bufete de Michavila cobró por hacer leyes para Gobiernos del PP. Redactó la norma audiovisual valenciana y asesoró a los que lograron licencias



"El bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha sido contratado en numerosas ocasiones por comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP para elaborar y aplicar leyes. El bufete incluso compatibilizó sus labores como redactores de una ley de la Generalitat valenciana con el asesoramiento a empresas privadas sobre la misma materia. Así, Eius fue contratado por la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración.

Entre mayo de 2005 y agosto de 2008, el despacho firmó al menos una veintena de contratos con la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, éstos últimos en Madrid y todos gobernados por el PP.

Los contratos los firma Alberto Dorrego, administrador único del despacho y letrado de las Cortes. Dorrego y Andrés Jiménez, también letrado del Congreso y socio del bufete, están siendo investigados por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos. El artículo 62 les impide "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas". (El País, ed. Galicia, España, 07/05/2009, p. 11)

La justicia francesa investigará la fortuna de tres presidentes africanos

"Transparencia Internacional acusa de corrupción a Obiang, Bongo y Nguesso .

La ONG Transparencia Internacional, especializada en luchar contra la corrupción, ha ganado una batalla que tal vez no sea del todo simbólica. Françoise Desset, la juez decana en delitos financieros, ha admitido a trámite una denuncia de esta ONG en la que acusa a tres jefes de Estado africanos de enriquecimiento ilícito y de propiarse de fondos públicos. Todos poseen un enorme patrimonio inmobiliario situado en el cogollo más caro de París y de una gran flota de automóviles de lujo.

Los mandatarios acusados son Omar Bongo, presidente de Gabón desde 1967; Denis Sassou-Nguesso, presidente de la República de Congo desde 1975 a 1972 y desde 1997; y Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979. La juez les acusa de "desvío y receptación de fondos públicos", "blanqueo de dinero", "abuso de bien social" y "abuso de confianza".

La Fiscalía de París, que en abril desestimó el caso, dispone de cuatro días para recurrir la decisión. Si no lo hace, la juez iniciará una investigación encaminada a descubrir el origen de las riquezas de estos líderes africanos, cuyos países tienen el subsuelo empapado de petróleo. (...)

El proceso judicial será incierto, entre otras cosas porque muchas de las pruebas que inculpan a los implicados hay que ir a buscarlas a los países que gobiernan. Además, la Fiscalía de París puede apelar y bloquear el proceso durante varios meses." (El País, ed. Galicia, Internacional, 07/05/2009, p. 8)

7.5.09

Detenidos en Lorca por corrupción un constructor y un notario

"La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a un notario, Sebastián F.R, y a un constructor, cuya identidad no ha sido desvelada, como supuestos autores de delitos de cohecho y prevaricación, según han informado fuentes cercanas a la investigación. (...)

La investigación, que continúa abierta, se remonta a varios "meses atrás" y se ha desencadenado como consecuencia de unos indicios que surgieron a raíz de la investigación del proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas).

El notario, cuyas dependencias están siendo registradas por la Policía, es el propietario de un terreno en el que pretendía construir el empresario también detenido y su imputación de prevaricación se debe al hecho de "haber adoptado a sabiendas una resolución injusta". En cuanto al constructor, fuentes de la investigación han explicado que se le considera presunto autor de un delito de cohecho al haber sobornado al notario." (El País, ed. Galicia, España, 06/05/2009, p. 16)

'Ecomafia', 20.500 millones de beneficio

"Un informe ecologista presentado con el apoyo del presidente de Italia destapa el boyante negocio de las organizaciones criminales con el tráfico de residuo.

En Nápoles se dice la monnezza è ricchezza (la inmundicia es riqueza). No importa que ahí fuera el mundo se hunda, la frase en el libro Gomorra sigue siendo cierta. En 2008, la ecomafia facturó con el tráfico ilegal de residuos 20.500 millones de euros. Lo afirma el informe anual de Legambiente, asociación ecologista italiana, presentado ayer en Roma con el apoyo del presidente de la República. Se trata de la facturación más alta. Con toda esa escoria se podría levantar una montaña similar al Etna: una base de tres hectáreas y una altura de 3.100 metros. (...)

Así y todo, Legambiente calcula que se enterraron en suelo italiano 31 millones de toneladas de residuos, el equivalente a medio millón de camiones. "Se sabe dónde se producen, no siempre dónde se entierran", afirma el estudio. Casi la mitad de los delitos se localiza en las cuatro regiones de tradicional presencia mafiosa (Campania, Calabria, Sicilia y Puglia); el resto se reparte por el territorio. Y asoma con fuerza el rico norte del país, Piamonte sobre todo. "Las mafias han extendido sus tentáculos por vastas áreas del norte", señala el presidente de Legambiente, Vittorio Cogliati.

Como síntoma, el arresto de Mario Chiesa, otrora protagonista de casos de corrupción, "que ahora se dedicaba al tráfico de residuos con toda una red de cuellos blancos: empresarios, intermediarios y funcionarios corruptos". (...)

Los ecologistas consideran que hay cientos de clanes mafiosos viviendo de la inmundicia. Según el fiscal nacional antimafia, Pietro Grasso, "faltan recursos y un observatorio nacional. Detrás de la ecomafia hay un sistema criminal complejo, con técnicos de laboratorio, transportistas y otros, y necesitamos más armas jurídicas". Grasso reclamó al Gobierno que garantice las escuchas telefónicas.

La basura industrial que envenena el suelo mata animales, bosques y ciudadanos. El reciclaje acaba en la construcción de viviendas ilegales, actividad que la crisis tampoco ha logrado frenar. El año pasado brotaron en Italia 28.000 nuevas casas abusivas. Primer puesto, Campania; segundo, Calabria. Dos regiones en recesión. En la primera, los clanes edificaron 300.000 metros cuadrados en un área (feraz y ex agrícola) de 158 kilómetros cuadrados." (El País, ed. Galicia, Internacional, 06/05/2009, p. 4)